España y el Gobierno, al límite

El Gobierno cruza los dedos. Si en los próximos días los mercados no avalan su último ajuste de 65.000 millones (2012-2014), baja la prima de riesgo y el bono español a diez años no se relaja hasta el 6%, España quedará excluida del mercado de deuda soberana y, en consecuencia, a merced de un rescate completo de su economía. Las expectativas desde que el pasado miércoles Mariano Rajoy presentase el tercer -o cuarto- plan de recortes y reformas, no son en absoluto positivas. Aunque con matices, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, muy próximo a Ángela Merkel, sugirió el sábado que el Gobierno español debería ampliar la petición del rescate bancario a toda la economía española y reclamó que el FMI se incorpore a la vigilancia de nuestras variables macroeconómicas.

Esta advertencia lanzada desde Berlín y Frankfurt -al alimón- no ha sido el único revés al plan de Rajoy. Para la credibilidad del Gobierno y de la economía española fue mucho más perjudicial, según fuentes financieras consultadas, el mensaje de división y enfrentamiento que lanzó el jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera: Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias votaron contra los objetivos de déficit establecidos por el Ejecutivo para las Comunidades Autónomas (1,5% en 2012; 0,7% en 2013 y 0,1% para 2014). Dos autonomías gobernadas por el Partido Popular, Extremadura y Castilla y León, se abstuvieron. Galicia estuvo a un paso de hacerlo. Igualmente, se ha calificado de “muy grave” que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas -cuyo comportamiento algunos consejeros autonómicos calificaron de “chulesco”- sacase tarjeta amarilla a ocho comunidades por el mal sesgo de sus cuentas públicas (de las 600 empresas públicas autonómicas que se iban a suprimir sólo se han disuelto dos), aunque el Ejecutivo se ha negado a precisar cuáles eran las incumplidoras. El País Vasco, por su parte, ni siquiera votó: considera que su régimen concertado le deja al margen de cualquier criterio de coordinación.

Este disenso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas alimenta el criterio, cada vez más generalizado, de que el Estado autonómico -que dispone del 48% del gasto total del Estado- y la elefantiasis del conjunto de las Administraciones Públicas son el verdadero problema español, no abordado por el Ejecutivo, tanto por falta de liderazgo político como por las serias dificultades que comporta de orden constitucional, que sólo podrían superarse con una reforma del Título VIII de la Constitución. Está siendo muy comentada la intervención del catedrático de Derecho Administrativo, Tomás Ramón Fernández, en el campus de FAES 2012 en la que este experto de larga trayectoria expuso los mecanismos de corrección necesarios de nuestro Estado, con planteamientos realistas.

Por otra parte, los recursos de inconstitucionalidad presentados por los Gobiernos vasco y catalán contra los recortes en sanidad y educación y contra la liberalización de horarios comerciales, abundan en la convicción de la ineficiencia de la actual estructura estatal, que ha creado una fractura en la unidad de mercado y una inercia de gasto público imparable: comparados los gastos públicos con los ingresos del mismo carácter en los años 2009, 2010 y 2011, las Administraciones Públicas gastaron, respectivamente, un 31%, 25% y 24% más de lo que ingresaron (Jesús Sánchez Quiñones en ‘La Burbuja de la Administración Pública’ en este diario el pasado día 10 de julio).

Tampoco se ha entendido que el Gobierno -a diferencia del reciente plan de Mario Monti en Italia, que dejará los actuales 8.102 ayuntamientos en sólo 1.500- no haya acordado una drástica reducción de municipios (aunque sí de concejales: el 30%). Los tres Estados intervenidos han sido compelidos a hacerlo, después de que en las últimas décadas tanto Alemania (pasó de más de 24.000 a 8.500), los países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca) y Reino Unido hayan disminuido estas circunscripciones administrativas y políticas de manera sustancial para descargar el andamiaje público. El Gobierno de Rajoy, quizás temeroso de las reacciones sociales que esta reordenación podría conllevar, ha preferido suprimir decenas y decenas de mancomunidades -el 70% de las cuales no presentaban sus cuentas- transfiriendo a las Diputaciones provinciales la gestión de los servicios que desarrollaban en beneficio de los municipios pequeños. El ahorro, sin embargo, es muchísimo menor que la agrupación de ayuntamientos.

Por otra parte, además de la reforma de las Administraciones Públicas, el plan de ajuste del Gobierno sólo contempla recortes coyunturales en la masa salarial de los empleados públicos (en total casi 3.200.000), suprimiéndoles la paga de Navidad, pero no se ha formulado un plan de adelgazamiento de las plantillas públicas como también ha hecho Mario Monti en Italia, que baraja una reducción del 10% de empleos públicos. Buena parte de los incrementos de las plantillas no se corresponde a funcionarios de carrera, sino a contratados en régimen administrativo y laboral, especialmente en las comunidades autónomas, en las que se contabilizan los puestos de confianza en los grupos parlamentarios integrados por más de 1.200 diputados autonómicos en las diecisiete asambleas legislativas.

La situación límite en la que se encuentra el Gobierno -y la economía española- tiene también que ver con los ocultamientos del Ejecutivo para eludir la interlocución con la ciudadanía: aspectos sustanciales del ajuste no fueron detallados por el presidente en el Congreso ni aclarados por los ministros en la referencia del Consejo del pasado viernes

Como constataba en este diario el pasado sábado Daniel Lacalle (“¿Qué haremos cuando sólo haya bancos rescatados y empresas subvencionadas?”), la City londinense ha comprobado defraudada el plan de Rajoy: “Las medidas para reducir el déficit y las filtradas para el sector eléctrico siguen una misma línea: recaudar eficientemente para mantener al subvencionado”. La afirmación del analista parece enteramente cierta porque, según cálculos coincidentes, el ajuste -con las medidas actuales- será de 56.440 millones de euros y recaerá en porcentaje mayor sobre la recaudación fiscal que sobre el gasto público. Si se consuma la llamada reforma eléctrica -que podría dejar al sector en una muy apurada situación, porque se trataría de un régimen impositivo mediante tasas y cánones a la generación e instalaciones- el Gobierno se habría decantado claramente más por la presión fiscal que sobre el ahorro en el gasto estructural del Estado y Administraciones Públicas a todos los niveles. Algo, no sólo recesivo, sino incoherente con la identidad ideológica de un Ejecutivo cuyo equipo económico no está ya en condiciones de abordar un nuevo parcheo. El fracaso de este plan lleva al país a una intervención ad hoc, ya que no hay alternativa política frente a la mayoría absoluta del PP.

La situación límite en la que se encuentra el Gobierno -y la economía española- tiene también que ver con los ocultamientos del Ejecutivo, atribuibles a miedo escénico o a una mala comunicación, para eludir la interlocución con la ciudadanía: aspectos sustanciales del ajuste no fueron detallados por el presidente en el Congreso ni aclarados por la vicepresidenta y los ministros de Economía y de Hacienda en la referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes. El monto del ajuste se conoció en la madrugada del sábado mediante una nota en inglés en la web del ministerio de Economía, cifrando el ajuste en 54.440 millones y no en los 65.000 anunciados por Rajoy. Aspectos como la reducción de bienes y servicios sometidos a tipo reducido del IVA que pasan al general, la retención del 21% (ahora en el 15%) a profesionales, la rectificación sobre la compensación en 2015 de la paga extra de Navidad a los funcionarios, la suspensión del subsidio de desempleo por “indicios de fraude”, la suspensión de los convenios colectivos para el personal laboral público, la reducción de transferencias por dependencia a las autonomías y el incremento -de rondón- del impuesto de sociedades que en tres años supondrá un aporte empresarial adicional de 7.500 millones, han sido aspectos conocidos tras la lectura de las disposiciones en el Boletín Oficial del Estado pero no explicitadas por el Gobierno.

El gesto del Mariano Rajoy de adelantar al sábado la clausura del Congreso del PP de Andalucía para evitar las protestas previstas ante la sede del evento en la ciudad de Granada, enlaza con la permanente actitud gubernamental defensiva y menos decidida de lo necesario, logrando así, no sólo que los colectivos más afectados por sus medidas (funcionarios, ámbito de la cultura, pequeño comercio, parados…) preparen un calendario de movilizaciones con los sindicatos que comenzarán el próximo día 19, sino también que los medios de comunicación que hasta el momento han sido más complacientes con las políticas gubernamentales comiencen a mostrarse claramente críticos.

El diario El Mundo cerraba su editorial de ayer con esta dura afirmación: “La timorata acción del Gobierno en lo que se refiere a ajustarse el cinturón a sí mismo y a las comunidades da argumentos a los que buscan esa intervención”. Por su parte, ABC sostenía que “el ciudadano no percibe la misma intensidad reformista en las Administraciones Públicas, especialmente en la autonómica, pese a ser una de las causas principales de la crisis”. La Vanguardia, en su editorial, ‘Tras el gran ajuste del viernes’ no dejaba de expresar su escepticismo sobre la eficacia de las medidas adoptadas. Y la supuesta falta de empatía del Gobierno con la sociedad -el PSOE ha hecho creer que los aplausos al presidente en el Congreso eran de complacencia, cuando en realidad trataban de compensar los abucheos de la bancada de Rubalcaba y el difícil trance por el que pasaba Rajoy- y el “¡Que se jodan!” de Andrea Fabra han terminado por crear un clima espeso, políticamente muy precario. Un situación, en su conjunto, límite.