El Rey descarta abdicar en plena crisis política, social y con el caso Urdangarín abierto

El Rey no va a abdicar. Y lo ha dicho, indirecta pero claramente, en sus recientes apariciones televisivas. No hay ni normativa de desarrollo constitucional, ni tradición en la que insertar una decisión de tanto calado como ocurre en Holanda, en donde la Reina Beatriz, como hizo su abuela Guillermina y su madre, la Reina Juliana, afectada por un escándalo de comisiones ilegales de su marido el Príncipe Bernardo, ha anunciado su abdicación al cumplir los 75 años, la misma edad de nuestro Rey. Tampoco sería conveniente que lo hiciera ahora. A don Juan Carlos corresponde afrontar las consecuencias de la situación que vive la Corona -sin perjuicio de los méritos que su reinado ha acumulado-, evitándole a su hijo una proclamación en un entorno social y político convulso. El monarca, en su momento, deberá pensar cuál ha de ser la mejor decisión para la institución que encarna y para los intereses del país. Es decir, si abdicar o no.

El contexto social, político y económico en el que mañana cumple cuarenta y cinco años el Príncipe de Asturias, sugiere, otra vez, regresar a la reflexión sobre las circunstancias que rodean -de prestigio, reputación aceptación y popularidad- a la Corona de la que él está llamado a ser su titular. Don Felipe de Borbón y Grecia reúne todas estas condiciones: 1) es el heredero con más sólida formación intelectual en los campos militar, universitario, de ciencia política y en materia económico-financiera; 2) el Príncipe se ha recorrido España de cabo a rabo y dispone de una información -oficial y extraoficial- sobre la realidad del país que le permite tener opiniones atinadas sobre lo que está ocurriendo; 3) don Felipe ha acumulado también una gran experiencia internacional, especialmente en el espacio iberoamericano, pero su capacidad de interlocución -gracias al dominio del inglés y del francés- le permite desenvolverse en todos los foros con conocimiento de causa y 4) el heredero está cumpliendo su función constitucional -la de esperar a reinar y la de suplir a su padre en períodos concretos- con una corrección ampliamente reconocida. Sólo una de sus decisiones -que afectaba a lo personal pero con grandes implicaciones institucionales- ha sido polémica: su matrimonio con doña Letizia Ortiz Rocasolano. También fue polémico el matrimonio del heredero de Holanda, el Príncipe Guillermo, con Máxima Zorreguieta, cuyo padre, sospechoso de colaborar con la dictadura militar argentina, no asistió al enlace.

Pero el Príncipe ha sido maltratado por la configuración político-constitucional de la Corona y por las circunstancias familiares en las que se está desenvolviendo el tiempo de espera al acceso a la Jefatura del Estado. Don Felipe no dispone de un estatuto jurídico adecuado -ni siquiera es aforado- que le permita una singularidad propia tanto a su figura como a sus funciones oficiales y oficiosas. Carece de estructura administrativa suficiente y autónoma (su despacho está en la Zarzuela y sólo se apoya en una Secretaría muy reducida; y hasta su casa está situada a tiro de piedra de la de los Reyes) y depende de la asignación económica que la Casa del Rey disponga. ¿Para cuándo una lista civil al modo británico y de otras monarquías europeas? Parecería obvio que, después de más de treinta años de Monarquía parlamentaria, el heredero dispusiese de un cuadro de referencia normativa.

El Príncipe ha sido maltratado por la configuración político-constitucional de la Corona y por las circunstancias familiares en las que se desenvuelve el tiempo de espera al acceso a la Jefatura del EstadoEl Principado de Asturias, con el de Gerona y, más adelante, el de Viana -como títulos del heredero de la Corona- se remontan a finales del siglo XV, como con exhaustivo detalle relata el catedrático Jose María Vallejo García-Evia en un ensayo incluido en la gran obra de tres volúmenes que se editó en 2008 (El Rey. Historia de la Monarquía) coordinada y dirigida por el académico y también catedrático José Antonio Escudero (Editorial Planeta-Fundación del Pino). Esta larga tradición del título y el sentido de que la historia le dota hubiesen merecido por parte de nuestro sistema constitucional y parlamentario una encarnadura jurídica más amplia, menos límbica que la actual, más concreta y de mayor realce.

Hasta ahora el protocolo ha primado a las infantas y a sus consortes de una manera desmesurada. Ha tenido que producirse el divorcio de la infanta Elena y los despropósitos, seguramente delictivos, de Urdangarín para que la Corona haya recuperado la verticalidad simbólica y protocolaria -Reyes y heredero y consorte, sin ramificaciones colaterales- y que la figura del Príncipe haya adquirido el relieve preciso.

Aunque él no pueda reprochar a sus hermanas el incumplimiento de las normas dinásticas sobre los matrimonios reales -el Príncipe no se ha atenido a ellas ni lejanamente- su decisión de apartarse de modo ostensible del marido de su hermana Cristina –que además de presunto delincuente ha demostrado ser también un zafio en el manejo social del título ducal de la infanta, su mujer- es enteramente adecuada. Y es erróneo el esfuerzo de la Reina -que antepone su condición familiar a la institucional- de simular una familia unida cuando la suya no lo está (La emancipación de la Reina de 26 de diciembre pasado), entre otras razones porque en ella se han agregado personas inadecuadas, inconscientes de las responsabilidades que al hacerlo contraían. Demasiados errores. 

Iñaki Urdangarín es un peligro para la Corona, no tanto para el Rey, cuyo recorrido institucional y biográfico ya está consumado (más incluso que la trayectoria de servicios que puede presentar Beatriz de Holanda), cuanto para el Príncipe. En la medida de sus posibilidades, don Felipe tendría que exigir que, si se produce una condena de su cuñado, éste y su hermana, si se mantiene el matrimonio, quedasen extramuros de la Familia Real y sin papel institucional alguno, incluyendo la renuncia por doña Cristina a los derechos sucesorios que a ella y a sus hijos corresponden por mandato constitucional, y la del ducado de Palma que su padre le concedió con motivo de su matrimonio, título que es personal, intransferible y vitalicio.

A los cuarenta y cinco años, el Príncipe tiene cuatro certezas: 1) que su padre, el Rey, es hoy una figura cuestionada pero que su proyección histórica y sus méritos personales e institucionales le rescatan en último término del desafecto general; 2) que el escándalo que protagoniza su cuñado, Iñaki Urdangarín, requerirá, cuando culmine el proceso penal en curso, medidas quirúrgicas y la institucionalización a fondo de la Monarquía; 3) que los españoles, en su mayoría, prefieren una forma de Estado como la que él encarnará en el futuro, y 4) que su reinado deberá basarse en la funcionalidad de su trabajo para el Estado pero nunca ya ni el carisma ni el historicismo monárquico al que él renunció el 22 de mayo de 2004 cuando se desposó con la Princesa de Asturias.

Don Felipe ha aterrizado la Monarquía en el terreno en el que se desenvuelve la alta burguesía, renunciando a una Corona aristocrática, mágica y simbólica. Y cuando se opta por la alternativa de acercar la majestad a la sociedad, sucede lo que ocurrió con la entrevista (¿?) de Jesús Hermida a su padre el pasado 4 de enero: muy pocos ciudadanos entendían el tratamiento ortodoxo del periodista al Rey. Cuando a un monarca se le trata de usted (lo que le ocurrirá a don Felipe), reinar es mucho más difícil. Aunque parezca lo contrario.