El CNI, entre Ingrid y Método 3

Comparece hoy en el Congreso el general Félix Sanz Roldán, director de Centro Nacional de Inteligencia. Lo hace “a través de la comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados presidida por el Presidente de la Cámara” y lo hará “dando información apropiada sobre su funcionamiento y actividades”. El contenido de estas sesiones y sus deliberaciones será secreto, todo ello según el artículo 11 de la ley de 6 de mayo de 2002 que regula el CNI. Lo que desean conocer los parlamentarios que forman parte de esa Comisión -está vetado el representante de ERC- es cómo resulta posible que una agencia de detectives campe por sus respetos como lo ha hecho Método 3, especialmente en Cataluña, y si Corinna Larson (o Larsen) es conocida en los servicios secretos con el alias de Ingrid y si, como ella ha declarado tanto al diario El Mundo y, de forma más elíptica a Hola, ha prestado servicios al Estado en “asuntos clasificados” habiéndole hecho, además, pro bono. A más a más, si como sostuvo ayer El Mundo ha tenido conversaciones con el ministro de Exteriores actual, García Margallo. Seguramente, no faltará quien pregunte al general-director sobre el exagente del CNI que, casualmente, ha sido el experto informático que ha trabajado -o aún trabaja- con la defensa letrada de Inaki Urdangarin. 

El general Sanz Roldán que goza, al parecer, de la confianza del Jefe del Estado y, sucesivamente, de Rodríguez Zapatero y Rajoy, va a contestar que no puede contestar o que todo es falso. Lo cierto y verdad, sin embargo, es que el CNI, ni con el espionaje masivo ejecutado por Método 3 a políticos, empresarios, jueces y periodistas, ni con las andanzas en España de Corinna Larson (o Larsen), ha estado a la altura de las exigencias que le impone la ley reguladora de sus funciones. Las que esa norma le atribuye (artículo 4) le obligan a velar “por la estabilidad de las instituciones” y “los derechos y libertades de los ciudadanos españoles” además de “por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada”, es decir, de esa información a la que, al decir de Larson (o Larsen), ella ha tenido acceso. Una ley -orgánica, nada menos- le ofrece al CNI un control judicial previo por un magistrado ad hoc del Tribunal Supremo para autorizarle “medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro”. O sea, que por falta de medios no ha sido.

Ante las narices de los espías oficiales, unos detectives de Barcelona han hecho mangas y capirotes elaborando dosieres sobre este y aquel y haciéndolo a buen precio, convirtiendo la vida política en un cenagal casi sórdido de cuya profundidad aún no hemos tenido cumplida noticia. Unos servicios de inteligencia dignos de tal nombre no hubiesen consentido que Método 3, o el sursuncorda, violase la intimidad de personalidades públicas y privadas con una impunidad completa. Y desde luego, tampoco hubiese permitido que el Jefe del Estado cometiese la enorme imprudencia de dejarse acompañar (y fotografiar) en viajes oficiales por personas sin estatuto público o privado adecuados y transparentes y, en último término, habría alertado a quien hubiese correspondido (la Casa del Rey, el Presidente del Gobierno) de la irrupción pública de este personaje en los medios de comunicación nacionales e internacionales. El general Sanz Roldán quizá deba comparecer de nuevo para explicar de qué forma Ingrid –si es que así se conocía a Corinna Larson (o Larsen) en el CNI, lo que, la verdad, suena a leyenda urbana- residenciaba en España, eventualmente, en un edificio de Patrimonio Nacional adscrito al uso privado de la Corona y disponía de protección del Centro.  

Ante las narices de los espías oficiales, unos detectives de Barcelona han hecho mangas y capirotes elaborando dosieres sobre este y aquel y haciéndolo a buen precio, convirtiendo la vida política en un cenagal casi sórdido de cuya profundidad aún no hemos tenido cumplida noticia

Quizás fuera también conveniente que la Comisión de gastos reservados llamase a la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y a los ministros de Defensa de los gobiernos de Rodríguez Zapatero: José Bono, José Antonio Alonso y Carmen Chacón, de los que dependía el CNI, y que hasta el momento no han abierto la boca sobre la señora Larson (o Larsen) ni sobre Método 3, pese a que de ellos y de presidencia del Gobierno dependía desde 2004 hasta 2011 el Centro Nacional de Inteligencia. Porque no parece demasiado verosímil que el actual Gobierno disponga de información mayor y mejor de la que tenían los citados bajo cuyas gestiones Ingrid se movió con tanta soltura como lo hizo Método 3.

La transparencia es incompatible con los servicios secretos de un Estado serio (compruébenlo con el MI6 británico), pero una vez que se abre la puerta de toriles el morlaco está en el ruedo y no es cosa -como muchos quieren- de sacar a la arena a los cabestros para que el bravo regrese de donde venía. Por lo demás, un  ligero apunte: no es la primera vez que lo digo, pero hay que insistir, ¿por qué Soraya Sáez de Santamaría confía en el mismo director del CNI en el que confió Zapatero?