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Repunte del republicanismo 82 años después
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José Antonio Zarzalejos

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Repunte del republicanismo 82 años después

  Tal día como mañana cumple la proclamación de la II República ochenta y dos años. No es el único aniversario: el 14 de abril del

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Tal día como mañana cumple la proclamación de la II República ochenta y dos años. No es el único aniversario: el 14 de abril del pasado año, Don Juan Carlos sufrió en Botsuana una fractura de cadera en unas circunstancias que derivaron en una seria polémica y en las disculpas públicas del Rey por su inadecuada conducta. A nadie le puede sorprender que la crisis por la que atraviesa la credibilidad del monarca y de la propia institución que encarna -debido a acontecimientos archisabidos- retroalimente ese desiderátum que para determinados sectores de ciudadanos españoles ha sido y sigue siendo el  régimen constitucional republicano. Los términos del debate actual están mayoritariamente circunscritos a la continuidad de Don Juan Carlos y a la conveniencia o no de que abdique en su hijo, el Príncipe de Asturias. Sin embargo, el aniversario de la proclamación de la República -precisamente en la presente coyuntura española- ha hecho que comience a tomar volumen un debate paralelo y simultáneo sobre cuál sería la mejor forma de Estado para España, si la monarquía constitucional o el regreso a un república.

Los términos de la cuestión -desde el punto de vista del republicanismo- los planteaba el catedrático Javier Pérez Royo (El Periódico de Catalunya) el pasado miércoles: “Ahora mismo la monarquía se encuentra en un  momento difícil y se empieza especular con la posibilidad de una transición hacia la república. ¿Es razonable pensar en un desenlace de esta naturaleza? ¿Está dispuesta la sociedad española a prescindir de la institución monárquica, lo que supondría la apertura de un proceso constituyen sin más límites que los que supone nuestra pertenencia a la Unión Europea? Las condiciones para dar el paso están presentes. La sociedad española de esta segunda década del siglo XXI está incomparablemente mejor preparada que la de 1931 para liberarse de inercias del pasado y ser protagonista con razonables expectativas de éxito de un auténtico proceso constituyente. Un proceso constituyente que sea expresión política de la España democrática, que hasta ahora no hemos conocido en nuestra historia.”

La Monarquía requiere de una sucesión acompañada de cambios que sustituyan el carisma por la norma y el afán ejemplarizante por el imperativo de la responsabilidad. Si así se hace, la legítima aspiración republicana -minoritaria pero potente desde el punto de vista argumental- no germinará con fuerza en la conciencia de la sociedad española

Ese mismo día, el filósofo Manuel Cruz (El País) firmaba un texto exactísimo bajo el título de “El fin de la monarquía prepolítica” y cuya tesis central es tan sencilla como lógica: “Duró mucho el empecinamiento en el error como para que sirvieran de algo tardíos intentos, retóricos, de enderezar el rumbo. Las dos afirmaciones mayores del discurso de Navidad de 2011, la necesidad de ejemplaridad de quienes ocupan cargos públicos y la de la igualdad de todos ante la ley, han terminado volviéndose, en dos momentos diferentes (el del accidente de Botsuana y de la imputación de la Infanta), como un demoledor bumerang contra quien las pronunció. Nunca debió plantearse -alguien lo dijo- en términos de ejemplaridad lo que era una cuestión de responsabilidad, imposible de resolver con meras excusas, por más que fuera de agradecer el detalle. Por todo ello se impone cambiar el rumbo y abordar de forma abierta y decidida la empresa del desarrollo y reforma de los títulos de la Constitución que hacen referencia a la Corona con el objeto de someter su funcionamiento a control democrático. No le faltaba razón al secretario general del PSC, Pere Navarro, al introducir en el debate político de este momento la cuestión de la sucesión en la Jefatura del Estado aunque se equivocara por completo en la elección del momento de plantearla. Pero inyectar en nuestra más alta magistratura la política que le hace falta a fin de que salga de una vez por todas del limbo prepolítico en el que ha vivido instalada hasta hoy implica necesariamente anudar el relevo sucesorio con el resto de las ineludibles reformas constitucionales que tiene pendiente este país”.

Pérez Royo, por el republicanismo, y Manuel Cruz, desde el reformismo y la sucesión en la Jefatura del Estado, ofrecen dos referencias del debate nacional. Por razones obvias el planteamiento de Cruz -uno de los filósofos más importantes en el panorama español, con una obra reconocida recientemente por la mayoría de sus colegas- es el que más encaja, no sólo por criterios de viabilidad, sino también de pragmatismo. Y seguramente es coherente con una amplia mayoría social que desea reformas incisivas y cambios radicales, pero no rupturas ni vacíos. Migrar a una forma republicana del Estado no deja de ser tan legítimo como arriesgado y mayoritariamente indeseado.

El fracaso de la II República

¿Está dispuesta la sociedad española a prescindir de la institución monárquica, lo que supondría la apertura de un proceso constituyen sin más límites que los que supone nuestra pertenencia a la Unión Europea?

La República -tanto la primera como la segunda- fracasaron y lo hicieron por connotarla con facultades resolutorias de naturaleza casi místicas. Lo explica a la perfección en su último ensayo -tan brillante como los anteriores- el profesor José Varela Ortega, presidente de la fundación Ortega-Marañón y nieto del gran pensador madrileño. En “Los señores del poder” (Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores) el historiador constata que a la República “se le exigió más de lo que ningún sistema político puede razonablemente proporcionar” y añade que “sucumbió asfixiada por las desmedidas expectativas que el cambio había despertado en una sociedad transformada, impaciente, rejuvenecida y radicalizada.” 

El prologuista de este ensayo -el israelí Shlomo Ben-Ami- es tan nítido en su explicación sobre el mismo asunto que merece la pena transcribirla: “El fracaso de la República no estuvo irreversiblemente condicionado por motivos estructurales ni por la supuesta incapacidad intrínseca de los españoles para gobernarse, sino que vino dado por malas decisiones de dirigentes políticos obsesionados en imponer doctrinas inaplicables a la realidad sociopolítica de España. La República acabó siendo derrotada por la propia exaltación milenarista y el mito mesiánico que le acompañó en su bautizo; sucumbió por las desmedidas expectativas que había despertado, perdió su rumbo por programas basado -tanto en la izquierda como en la derecha- en verdades reveladas, no en un pragmatismo ilustrado, y cayó por haber traicionado lo mejor del legado canovista. No hay democracia que pueda sobrevivir mucho tiempo al empeño de importante sectores de la sociedad -tanto de derecha como de izquierda- en sustituir una política de participación por una de exclusión que desembocó finalmente en la política del retraimiento y la conjura.”

Es detectable en el republicanismo actual -moderado por la experiencia histórica- el mismo encantamiento milenarista sobre las capacidades terapéuticas de un cambio de forma de Estado para España. La propuesta que tenemos encima de la mesa -si acaso nuestros gobernantes se deciden a pasar a los hechos como reclama la urgencia del país- es la de reformar sobre una base sólida -la Constitución de 1978- esa Monarquía que Cruz denomina “prepolítica” y que, siéndolo, requiere de una sucesión acompañada de cambios que sustituyan el carisma por la norma y el afán ejemplarizante por el imperativo de la responsabilidad. Si así se hace, la legítima aspiración republicana -minoritaria pero potente desde el punto de vista argumental- no germinará con fuerza en la conciencia de la sociedad española. Quienes deban, que lo tengan en cuenta.

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Tal día como mañana cumple la proclamación de la II República ochenta y dos años. No es el único aniversario: el 14 de abril del pasado año, Don Juan Carlos sufrió en Botsuana una fractura de cadera en unas circunstancias que derivaron en una seria polémica y en las disculpas públicas del Rey por su inadecuada conducta. A nadie le puede sorprender que la crisis por la que atraviesa la credibilidad del monarca y de la propia institución que encarna -debido a acontecimientos archisabidos- retroalimente ese desiderátum que para determinados sectores de ciudadanos españoles ha sido y sigue siendo el  régimen constitucional republicano. Los términos del debate actual están mayoritariamente circunscritos a la continuidad de Don Juan Carlos y a la conveniencia o no de que abdique en su hijo, el Príncipe de Asturias. Sin embargo, el aniversario de la proclamación de la República -precisamente en la presente coyuntura española- ha hecho que comience a tomar volumen un debate paralelo y simultáneo sobre cuál sería la mejor forma de Estado para España, si la monarquía constitucional o el regreso a un república.