La Infanta, sus culpas y las de los ineptos

Al Rey y su familia se les está aplicando implacablemente la Ley de Murphy, según la cual si algo puede salir mal, saldrá peor. Ayer fue uno de esos días horribilis para la familia Borbón Grecia. Dejemos al margen, por el momento, que el Príncipe de Asturias -limpio de polvo y paja en todo el culebrón que afecta a su padre, a su hermana y a su cuñado- haya tenido que compartir acto inaugural de la llegada del AVE a Alicante con la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, imputada por corrupción en el caso Brugal. Alguien podía haberle sugerido una ligera indisposición o, en cualquier caso, una mayor discreción por muy alcaldesa que sea y por muy vigente que mantenga su presunción de inocencia.

La política la hacen los gestos, las ausencias y las presencias, además de las decisiones. La clase dirigente -alguna, al menos- tiende a la zafiedad y desconoce la circunspección. Pero si la Casa del Rey sigue permitiendo que los desplazamientos públicos de los miembros de la Familia Real se produzcan en las condiciones actuales, más vale que se preparen para terminar el curso escolar como auténticos ecce homos.

Ya estábamos al cabo de la calle de cómo la Casa del Rey se confunde cuando cree acertar y acierta cuando cree confundirse. Lo digo por experiencia. Pero nadie podía pensar que aquí fallase como una escopeta de feria la Agencia Tributaria, que depende del señor ministro de Hacienda, que ayer daba lecciones de optimismo en Santander pero estaba in albis sobre el informe que ha salido de su Departamento con serias sospechas sobre la conducta de la hija menor del jefe del Estado. Los inspectores -se ve que ineptos en la verificación de la extravagancia que contenía su información al juez Castro- atribuían a Doña Cristina la venta de hasta trece inmuebles en localizaciones insospechadas, por precios varios y desiguales, entre los años 2005 y 2006, transacciones de las que habría obtenido casi millón y medio de euros.

Por más que un portavoz de la Infanta negase esos negocios jurídicos y que los supuestos adquirentes se quedasen pasmados con la información, sólo en la tarde-noche de ayer se deslizó -el ridículo corta mucho- que la Agencia había cometido un error al teclear el número del DNI de la hija del Rey, que es muy específico, como el de sus padres y sus hermanos. Increíble pero cierto: se encuentran con semejante mejunje de transacciones, no le dan una vuelta por si ha habido alguna errata, tampoco solicitan certificado de los asientos registrales y, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo (ni a Montoro, que se las dan todas en el mismo carrillo), despachan el papel que obliga al juez Castro a dictar una providencia para aclarar las cosas.

Increíble el error, pero cierto: se encuentran con semejante mejunje de transacciones, no le dan una vuelta por sí ha habido alguna errata, tampoco solicitan certificado de los asientos registrales y despachan el papel que obliga al juez a dictar una providencia para aclarar las cosasEn este país ha funcionado razonablemente bien la Agencia Tributaria en los trámites de comprobación. Pero lo que ha funcionado -y funciona- insuperablemente bien es el sistema registral (en este caso de la propiedad inmobiliaria) que ofrece una cobertura magnífica de seguridad jurídica, de tal manera que bien puede afirmarse que el error sólo podía ser de “terceros” o, como se ha descubierto ahora, de ineptos. Unos ineptos que, sin embargo, han situado a la Infanta al borde del linchamiento público. Seguramente -lo dirán los jueces- ella tiene sus culpas bien estructuradas; un marido que, en el mejor de los casos, es un delincuente con cierta urbanidad y mucha cara dura y una familia en derribo. Pero lo que no cabía pensar es que la incompetencia administrativa fuese a alimentar el relato de sus supuestas tropelías.

Como no faltan teorías conspirativas, algunos suponen que este informe de la Agencia Tributaria no es un error, sino una añagaza para poner a la hija del Rey a los pies de los caballos; otros, por el contrario, dicen que es un error doloso -es decir, querido- para desprestigiar a la propia Agencia. Mi modesta opinión es que vivimos en el “desgobierno público”, en la desidia, en esa manía tan garbancera y galdosiana de hacer las cosas -y las cosas importantes- mal e inoportunamente.

La Agencia Tributaria primero ha emitido informes valorativos tratando de exculpar a Doña Cristina, lo que no le correspondía; y luego este otro que le sepultaba en un mar de sospechas sobre ventas impensables y excéntricas. O sea que los inspectores deben ser como meteoritos que un día quieren salvar a la Monarquía y otro hundirla, todo ello sin solución de continuidad y que sin nadie los supervise y controle. La conclusión es que bastantes sospechas de culpa recaen sobre la Infanta como para que se le acumulen las de su marido y las de ineptos funcionarios públicos.

Naturalmente, nadie dimitirá. Montoro se llamará a andanas. El presidente del Gobierno utilizará sus habituales remoquetes y aquí paz y después gloria. Este episodio, sin embargo, va a dejar huella -y no buena para Doña Cristina- sin que lo haya merecido. Y una reflexión final: escalofría pensar qué padecimientos no hubiera tenido que pasar un ciudadano de a pie si la Agencia Tributaria le endilga el sambenito de minifundista vendedor en serie y fraudulento. ¡Qué soledad la de la Corona, cuando ni en estos detalles quienes deben preocuparse lo hacen! Menos mal que el juez Castro dictó ayer una providencia que no se la saltaba ni toda la Agencia Tributaria. Y menos mal que en España lo que se registra, registrado queda.