El derecho a decidir de… Madrid

Ruinosa operación política del PP a través de Alicia Sánchez-Camacho. La propuesta –mal presentada y peor explicada– de que Cataluña obtenga una financiación “singular” dentro de la  autonómica de régimen común, ha sido una de las pifias más lamentables de las cometidas por los dirigentes populares. Tanto si sabían –y consintieron– la propuesta de Sánchez-Camacho, como (peor aún) si la ignoraban. El resultado es que el PP en Cataluña queda desautorizado, su presidenta –ya muy deteriorada por el caso de las escuchas de Método 3–, vapuleada por sus homólogos territoriales y el Gobierno con menos margen de maniobra para contrarrestar la embestida independentista catalana.

Una iniciativa para contener, primero, y recuperar terreno, después, ante ERC y CDC la debe protagonizar el Gobierno y estar secundada, sin fisuras, por el partido. Pues bien: ni lo uno ni lo otro. Génova no impone respeto –ni discreción– a los barones autonómicos y el silencio del presidente y los lugares comunes a los que acude la vicepresidenta para salir del paso, no ofrecen un criterio, una pauta, un guion para abordar la cuestión catalana. Por eso, si se pretendía algún efecto positivo de la incorporación de Alicia Sánchez-Camacho, excepcionalmente, a los maitines del PP, hay que concluir que el cálculo ha errado por completo.

Se ha transparentado, además, que el radicalismo secesionista catalán y la banalización de los agravios –un agit-prop verdaderamente grotesco– que ventean convergentes y republicanos no están creando precisamente un caldo de cultivo comprensivo y permeable a reivindicaciones que pudieran resultar razonables; tampoco facilitan –al contrario– soluciones que resultarían asimilables por el sistema constitucional. El desafío independentista catalán está siendo respondido sin inhibición alguna por parte de los barones del PP –y Susana Díaz no se queda atrás en Andalucía, esa tierra donde a cuenta de los ERE el socialismo y el sindicalismo de muchos ha descendido hasta lo ínfimo– y las opiniones públicas de las diversas autonomías se muestran airadas.

Algunos han interpretado el gesto del presidente como una boutade. Y sin embargo, no lo es. Porque, capitalidad al margen (una aportación extra de entre 8.000 y 10.000 millones de euros), Madrid ha comenzado a manejar una cierta identidad territorial que, además, se está alimentando de sus particulares agravios, sean estos Eurovegas, el proyecto Canalejas, la infrautilización de Barajas o las insuficiencias presupuestarias para inversiones –este año, nuevo recorte de Montoro–, todo ello acompañado de la presión gubernamental para que el Ejecutivo madrileño suba impuestos y, especialmente, suspenda la bonificación que mantiene sobre el de patrimonio. Así, mientras Andalucía gasta un 187% más de lo que recauda, González ha sacado a relucir el derecho a decidir de los ciudadanos de esta comunidad que, además de funcionarios, políticos y aristócratas, comienza a tener una burguesía que va cincelando un espíritu de pertenencia a la ciudad y a su comunidad. 

En este contexto, la improvisación de Sánchez-Camacho, con o sin la complicidad del Gobierno, ha provocado una fricción de la que han saltado chispas. Una fricción indiciaria de que la cuestión catalana, planteada como está, tiene un muy mal arreglo porque la clase dirigente autonómica del PP (el PSOE sólo tiene Andalucía y Asturias) le ha perdido el miedo a determinadas retóricas y va a por todas cuando suena ya la obertura de las elecciones de mayo de 2015. Cataluña –en donde el secesionismo está cayendo en el histrionismo– se va a convertir en un aglutinante electoral de primera magnitud. No se entiende demasiado bien que los dirigentes convergentes –ayer mismo, el inevitable Homs– se solacen y complazcan con la contemplación de la riña entre populares cuando resulta un auténtico hito que un dirigente como González haya lanzado un aviso tan rotundo como es el de que también Madrid puede reclamar su consulta como expresión de su particular derecho a decidir.

En Cataluña el secesionismo tensa internamente, entre catalanes; pero está siendo tan tosco y contradictorio que está creando una especie de unanimidad en el resto de España, que atrapa al Gobierno restándole margen de maniobra. Lo peor es que hay ya una disposición a encarar el conflicto con Cataluña elevando los decibelios tanto como puedan hacerlo CDC o ERC. La palabra consulta en boca de Ignacio González –mucho más aplaudida que abucheada– marca un antes y un después. Y bueno es que así lo midan en Barcelona y en Moncloa. Sí, efectivamente: la situación está tomando dinámica propia y se les escapa de las manos a los aprendices de brujos.