Aborto: retiren el anteproyecto, por favor

La página 108 del incumplido programa electoral del Partido Popular, decía en su punto 06, lo siguiente: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentren en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”.

Según se nos dice –con la boca pequeña y el ánimo más bien encogido–, el anteproyecto que presentó hace poco más de quince días el titular de Justicia al Consejo de Ministros venía a cumplir este compromiso programático. Lo hacía sin que el Tribunal Constitucional haya fallado sobre el recurso del PP contra la ley del aborto de 2010 que sustituía a la también socialista de 1985 –que establecía la despenalización mediante supuestos– estableciendo un sistema combinado de plazos e indicaciones (debió haberse esperado a que el TC se pronunciase al respecto para disponer de mayor munición jurídico-constitucional).

Gallardón ha perdido la batalla de la opinión pública porque la ley no la ha asumido el Gobierno

Para que nadie se llame a engaño, he de precisar que el arriba firmante es partidario –y lo he dicho ante auditorios nada favorables y en medios con línea editorial contraria– de una ley de supuestos y no de plazos por las razones que en su momento estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de 11 de abril de 1985 que resolvió el recurso previo de inconstitucionalidad contra la misma. Según el TC, y con plena razonabilidad, el artículo 15 de la Constitución prevé que “todos tienen derecho a la vida” y que dentro de ese “todos” había que considerar al nasciturus. De tal manera que el aborto precisaba una relación de causalidad que lo justificase de manera razonable. Se establecieron supuestos: aborto terapéutico (motivado por la salud de la madre, física o psicológica), por violación y el eugenésico (malformación del feto). Esta normativa socialista se aprobó cuando ya en muchos países de Europa se habían promulgado leyes de plazos y nadie la tildó de regresiva. Tampoco el PP de Aznar y sus dos Gobiernos la sustituyeron.

La ley auspiciada por la ministra Aído en 2010, sin embargo, requería de una sensible modificación, siendo una alternativa perfectamente explicable para amplísimos sectores de la sociedad española el regreso al modelo de 1985, implementado con políticas efectivas de protección a la maternidad que fuesen más allá de los meros discursos y retóricas al uso. Ruiz-Gallardón ha planteado una reforma (un cambio de modelo en terminología del programa electoral) mucho más a fondo que ha perdido todas las batallas de la opinión pública por una razón evidentísima: porque no la ha asumido el Gobierno del que forma parte ni lo ha hecho el partido en el que milita.

La iniciativa ha fracasado antes de convertirse en proyecto de ley –al margen de consideraciones técnicas o jurídicas– porque aquellos que la han aprobado lo han hecho a regañadientes, sin convicción, sin determinación de clase alguna. De tal manera que la enorme reacción contra el texto –que ya se ha calificado de contrarreforma– no se corresponde con la capacidad de movilización de sus adversarios, sino con la debilidad con la que los populares han recibido un texto en el que, evidentemente, no creen.

Estamos ante otro fracaso –otro doloroso fracaso– del Gobierno y del Partido Popular. El anteproyecto (que nada tiene que ver con la complacencia a la extrema derecha) tal y como está no sirve porque no le vale a quienes deben defenderlo y sacarlo adelante, excepción hecha de una minoría en el Ejecutivo y en el PP. Ruiz-Gallardón se la ha jugado. Creo –y lo lamento– que ha calculado mal. Y que, en vez de persistir en el error, sería políticamente más coherente y éticamente más transparente que retirara el texto porque, si persiste en él, terminará por resultarle irreconocible. Una buena ley de supuestos (justificados, amplios y comprobables), una efectiva vigencia de la patria potestad respecto de las menores de 16 y 17 años y unas políticas de maternidad adecuadas, habrían sido otra cosa bien diferente. Pero algo sucede a este Gobierno y a este PP que no acierta ni cuando rectifica y que tiene a sus electores –muchos de ellos especialmente sensibles a materias como las del aborto– verdaderamente pasmados.