El 'striptease' de Alierta, Goiri y Brufau

Estamos en la recta final de la legislatura y con la sensación generalizada de que el PP puede recibir un fortísimo varapalo electoral en dos tiempos: en las municipales y autonómicas de mayo próximo y en las generales de noviembre o diciembre de 2015. Por eso, el Gobierno ha comenzado -aunque tarde- a movilizar y acumular energías. La crisis de Cataluña, por una parte, y la emergencia de Podemos, por otra -lo que implicaría según las encuestas la quiebra del bipartidismo- ha hecho que hasta los más cautos -aunque no ingenuos- hayan pasado a una cierta ofensiva. Y en este marco de incertidumbre y de urgencias hay que inscribir la defensa del bipartidismo por el presidente de Telefónica; del pacto por el presidente de Repsol y de la estabilidad por el de Bankia.

Estas manifestaciones se produjeron el pasado martes con motivo de un coloquio en el Casino de Madrid, conducido por la directora de informativos de Antena 3 TV, Gloria Lomana, que no es precisamente una periodista de perfil económico. No es casualidad que los que se pronunciaron por el pacto -en referencia elíptica a la gran coalición PP-PSOE-, por el bipartidismo y por la estabilidad fueron tres de los gestores más representativos de la comunidad empresarial española.

César Alierta (“El bipartidismo en España funciona bien”) es el presidente del Consejo Empresarial de la Competitividad y de Telefónica, el empresario con más poder e influencia una vez desaparecido Emilio Botín. Alierta (Zaragoza, 1945) es un aragonés próximo al PP que, sin embargo, se manejó correctamente con el PSOE al que hizo concesiones en el Consejo de la gran operadora. Jose Ignacio Goirigolzarri (Bilbao, 1954) está al frente de Bankia y, a reserva de lo que se deduzca del informe de Banco de España que arroja dudas sobre sus primeros pasos en la entidad, es considerado un financiero exitoso al que se atribuye el remonte del banco que preside. Es un vasco sin perfil político pero sentimentalmente cercano al PNV que admitió sin ambages que “el mercado le da una prima altísima a una situación política de estabilidad en España”. Y Antonio Brufau (Mollerusa, 1948), preside la primera energética española y una de las mayores del mundo. El catalán advirtió de que “pactar no es malo para nadie, sino bueno para todos”.

Coincidencias, las justas. Este planteamiento empresarial coral por el mantenimiento del statu quo o, en su defecto, por una política futura de alianzas entre los grandes partidos, lo han formulado un aragonés, un vasco y un catalán. O sea: la gran operadora telefónica (propietaria de un 5% del capital del principal grupo de comunicación en España y del 78% de Canal+); la mayor energética de nuestro país que está realizando una polémicas prospecciones en aguas próximas a Canarias con el apoyo cerrado del ministerio de Industria; y la entidad bancaria más grande de las rescatadas con los fondos del FROB y cuya marcha se presenta halagüeña.

El momento: cuando las encuestas dan a Podemos una posición de segunda o tercera fuerza en el ranking (los de Pablo Iglesias propugnan una banca pública y la nacionalización del sector energético), en la época en que el Gobierno atraviesa por la peor coyuntura de popularidad y credibilidad de toda la legislatura; al tiempo en que Pedro Sánchez lanza iniciativas desconcertantes (la reforma del artículo 135 de la Constitución) y justo cuando Cataluña podría encaminarse a unas elecciones que serían plebiscitarias para validar -o no- la supuesta mayoría social por su independencia. En otras palabras: este striptease político-empresarial, tan extraño en los resbaladizos empresarios españoles, se inserta en un momento estratégico y anuncia que las grandes empresas en España van a apostar por determinados valores socio-políticos que en este momento están en riesgo.

La reacción de las redes sociales a estas declaraciones fue tan abundante y crítica, como silentes y acríticos los medios de comunicación que se consideran de referencia. Los empresarios -grandes y pequeños- tienen derecho a pronunciarse. Es una anomalía -incluso- que no lo hagan. Pero deben conocer cuál es la percepción social que merecen -en general, muy crítica por los estragos de la crisis- y la legitimación que se les reconoce. El Círculo Cívico de Opinión, uno de los principales think tank españoles, acaba de dedicar su Cuaderno del mes de noviembre a “Empresas, función empresarial y legitimidad social de los empresarios”. Conviene leerlo para comprobar que en nuestro país los empresarios -especialmente los grandes- tienen mucha tarea por hacer, o más exactamente, mucho terreno de crédito y reputación por recuperar, tanto en términos absolutos como en términos comparados con otros países en los que la empresa recaba un consenso social sobre su función colectiva muy superior a la española.

Es decir, que irrupciones como las de Alierta, Goirigolzarri y Brufau no sólo pueden tener indicaciones positivas, sino también, y muchas, negativamente reactivas. Los tres -que superan los sesenta años- pertenecen a una generación en fase próxima al retiro ejecutivo y representan todavía unos estilos de gestión y de dirección de equipos que en un ambiente populista como el que reina en España -con resabios inquisitoriales- es ampliamente cuestionado. La renovación de discursos, de rostros y de maneras es una exigencia social generalizada y taxativa. Una fuerza que absorbe biografías y trayectorias, desde las del Rey Don Juan Carlos a las de Cándido Méndez, pasando por las de Alfonso Guerra, Cayo Lara o Alfredo Pérez Rubalcaba y tantos otros. Ya nadie está en condiciones de predicar en España si no es con el ejemplo. Necesitamos el discurso empresarial en la vida pública. Pero ha de incorporar novedades para un país que las necesita.