El coste del no Gobierno y la ilegitimidad del no de Sánchez

El término 'ilegítimo' tiene en el diccionario una segunda acepción: que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Y con esa significación puede afirmarse —y lo hago sin reserva alguna— la ilegitimidad del comportamiento del secretario general del PSOE al impedir que España disponga de un Gobierno.

Su negativa está fuera de cualquier razón o justicia porque 1) el PP ha obtenido casi ocho millones de votos y 137 escaños frente a los cinco millones y medio y 85 escaños del PSOE, 2) el PP ha logrado un pacto de investidura de Mariano Rajoy al que apoyan los 32 diputados de Ciudadanos y la de Coalición Canaria, es decir, 170 de los 350 del Congreso, 3) el secretario general del PSOE ha manifestado expresamente que no se “postula” para encabezar una mayoría alternativa, al mismo tiempo que rechaza unas terceras elecciones, 4) la coartada que esgrime —que el PP pacte con sus 'afines': los independentistas— consiste en un recurso dialéctico tramposo, porque insta a los demás a hacer lo que a él le tiene prohibido su comité federal, y 5) todos los indicios apuntan a que unas terceras elecciones depararían una correlación de fuerzas similar a la actual y a la que salió de las urnas el 20 de diciembre de 2015, con una diferencia: registrarían la abstención más alta en unos comicios generales en democracia.

Que Sánchez pueda bloquear la formación del Gobierno no significa que esté legitimado para hacerlo sin que él y su partido ofrezcan una alternativa

En estas circunstancias, ¿tiene derecho Pedro Sánchez a que el país en su conjunto tenga que asumir lo que este lunes, con precisión adecuada, Mariano Rajoy calificó de “coste del no Gobierno"? Se trata de un coste que el dirigente socialista no puede desconocer —y que deslegitima su posición— porque al material inmediato (unas nuevas elecciones cuestan 160 millones de euros), añade otros que afectan a grandes colectivos (pensionistas, funcionarios), a empresas (licitaciones públicas, subvenciones), al cumplimiento de compromisos de España con la Unión Europea (Presupuestos) y otras instancias, y a las comunidades autónomas, y mantiene al sistema institucional en la provisionalidad y la espera.

Pedro Sánchez dispone de toda la legitimidad para negociar y condicionar al PP en una transacción, y su negativa sería entendible y legítima si de esa discusión no obtiene unos razonables réditos acordes con su contribución a la gobernabilidad, pero no la tiene para, sin negociación, bloquear el Gobierno en las actuales circunstancias, porque es tanto como despreciar el criterio de millones de electores sin ofrecerles una alternativa que acompañe su negativa con una propuesta constructiva. Por la misma razón que ahora obstruye la constitución del Gobierno, ¿qué le impediría hacerlo después de unas terceras, cuartas o quintas elecciones? Impresiona muy negativamente que nadie en su partido, ninguno —públicamente al menos— de sus colaboradores más inmediatos, se oponga a lo que constituye una arbitrariedad política de la que no hay precedente en nuestra reciente historia parlamentaria.

Tampoco tiene derecho Pedro Sánchez a anteponer sus filias y fobias personales —en este segundo caso, las que afectarían a Mariano Rajoy— a sus obligaciones como dirigente del primer partido de la oposición, ni a bloquear los mecanismos de debate interno en su partido —el comité federal—, ni a falsear la realidad de su propia carencia de recursos para salir de su negativa eludiendo nuevos comicios, que es lo que dice desear, aunque ofrece constantes actitudes que desmienten esa su supuesta aspiración. La sensación que ofrece el secretario general del PSOE es que se ha introducido en un laberinto del que no sabe y, sobre todo, no quiere salir, orillando cualquier consideración a los intereses generales.

Si los españoles les han enviado a la oposición, instálense en ella frente a un Gobierno al que podrían condicionar con la legitimidad de que hoy no disponen

Que Sánchez pueda materialmente bloquear la formación del Gobierno no significa en absoluto que cívica y democráticamente esté legitimado para hacerlo, después de dos elecciones y sin que él y su partido ofrezcan una alternativa. Cada día que pasa crece el coste del no Gobierno en todos los ámbitos de la vida pública, y también en el económico-financiero y en el del crédito del sistema político español. Si, como él y otros dirigentes socialistas proclaman, los españoles les han enviado a la oposición, instálense en ella frente a un Gobierno al que podrían condicionar, entonces sí, con la legitimidad de que ahora no disponen para negarse a que se constituya.

Sánchez se está situando fuera de las reglas de compromiso democráticas. No parece entender las servidumbres que comporta el funcionamiento del sistema ni disponer de las virtudes que deben connotar a un dirigente político con sus responsabilidades.