Las seis groseras falsedades y omisiones de Junqueras y Puigdemont

Ambos dirigentes secesionistas establecen una imposible comparación entre Escocia y Cataluña y entre los comportamientos del Gobierno británico y español

Foto: Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. (EFE)
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. (EFE)

Por la boca muere el pez. Se miente por acción -diciendo- pero también por omisión -callando. La llamada posverdad es un juego de medias falsedades verosímiles, a veces de probabilidades y, casi siempre, consiste en un ejercicio de confusión. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Generalitat de Cataluña, se retrataron en el artículo que este lunes, y bajo el título “Que gane el diálogo y las urnas decidan”, publicó el diario 'El País'. Ambos dirigentes secesionistas establecen una imposible comparación entre Escocia y Cataluña y entre los comportamientos del Gobierno británico y español. Todas las comparaciones son odiosas, pero las que pretenden apuntalar una tesis falsa, todavía lo son más. Veamos:

Primero. Los firmantes del texto no mencionan la Constitución española ni el Estatuto de autonomía de Cataluña y sostienen que la celebración de un referéndum en la comunidad sobre su independencia sólo depende de la “voluntad política” del Gobierno. Tampoco aluden al hecho esencial de que en el Reino Unido no existe Constitución escrita y que la soberanía reside en el parlamento de Westminster y en la Reina. Los criterios constitucionales allí son esencialmente consuetudinarios y los consolida el sistema de acuerdos parlamentarios y las leyes.

Segundo. Los políticos secesionistas no aluden a que la vinculación del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda (denominación integra que también omiten) es reciente. La unión de los reinos de Inglaterra y Escocia se remonta a 1707. Y ocultan abiertamente que hasta 1998 los escoceses no dispusieron de un parlamento propio a través de las normas de “devolución” de poderes también para Gales e Irlanda del Norte (los denominados Estatutos de Westminster).

Tercero. Los firmantes del artículo no declaran que los dos partidos que forma la coalición Junts pel Si suman 62 escaños de 135 del total del Parlamento catalán, cuya mayoría absoluta se sitúa en 68 cifra que alcanzan con los 10 escaños de la CUP. Cuando Alex Salmond negoció con David Cameron y la mayoría conservadora en Westminster la celebración de un referéndum, el SNP (nacionalistas escoceses) disponía en su Parlamento y por sí mismo de una holgada mayoría absoluta obtenida en mayo de 2011 (69 escaños sobre 129), que en 2016 -tras la consulta vinculante de 2014 en el que el 55,3% de los escoces rechazó la independencia y en la que participó el 84,59% del censo- Nicola Sturgeon, su sucesora, perdió, quedándose el SNP en 63 diputados (los que ahora dispone).

Cuarto. Junqueras y Puigdemont falsean abiertamente tres episodios internacionales: 1) La comisión de Venecia no avala la independencia de Cataluña. Se limita a desaconsejar las facultades ejecutivas de sus propias sentencias del TC español, pero insiste en el cumplimiento de la Constitución. 2) Tampoco es cierto que la Fundación Konrad Adenauer (de la CDU de Merkel) haya apoyado sus tesis. Basta con leer la crónica de Pedro Vallín en 'La Vanguardia' del pasado día 10 de marzo titulada “La Fundación Adenauer apuesta por una solución política para Catalunya” para reparar en que los firmantes del artículo manipulan el informe en España del delegado de la entidad, el alemán Wilheim Hofmeister. 3) Ambos políticos catalanes afirman que se ha creado en el Parlamento británico un Grupo de Discusión sobre Cataluña, sin advertir que la Cámara londinense tiene en marcha más de un centenar de grupos similares para debatir sobre deportes, jardinería, alimentación y un elenco en el que no faltan los asuntos más banales.

Quinto. Presidente y vicepresidente de la Generalitat piden “diálogo” pero lo que no cuentan es que sus partidos -ellos- niegan a los diputados de los partidos constitucionalistas en Cataluña (Cs, PSE y PP) e incluso a los de CSQEP, el derecho a la participación en el debate legislativo como lo demuestra, por una parte, la ocultación del proyecto de la denominada Ley de Transitoriedad -que declarará la independencia de la comunidad- y, por otra, la reforma del artículo 135 de la Cámara para que el proyecto se debata en lectura única y se despache en menos de dos horas. De igual manera, piden “dialogo” no tanto para una transacción con el Gobierno, sino para que el Estado autorice un referéndum que, sí o sí, ellos dicen que van a hacer lo “indecible” para que se celebre. Esto en castellano, es un trágala.

Sexto. Los firmantes de este texto parecen desconocer -más allá del caso de Escocia- que ninguna Constitución en Europa reconoce el derecho de autodeterminación, salvo la de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Valga como dato ilustrativo que el Comisario del Pueblo para las Nacionalidades (1920), antes de acceder al liderazgo total de la URSS, fue Stalin. Por fin, merece la pena recordar que tanto la República Federal de Alemania como la V República francesa son democracias militantes, que establecen cláusulas de intangibilidad en sus constituciones tanto sobre la unidad territorial como sobre la forma de sus respectivos Estados.

Por todo esto, el artículo de Puigdemont y de Junqueras, por su tosquedad argumental, les ha hecho quedar en peor posición de la que ya estaban y ha disminuido el escasísimo crédito que retiene el denominado proceso soberanista. Para negociar -siempre preciso- hay que partir de la realidad constitucional, social y política, buscando objetivos viables. Todo lo demás -como el texto de los dos dirigentes secesionistas- es agitación y propaganda.

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