El Partido Popular no se parece a Volkswagen

El PP puede actuar como Volkswagen, reconociendo que ha defraudado la confianza de sus electores, o se cubre el expediente con el encausamiento de los presuntos culpables

Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (c) acompañado de dos guardias civiles. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (c) acompañado de dos guardias civiles. (EFE)

En septiembre de 2015 estallaba el escándalo: vehículos de diversas marcas fabricados por Volkswagen disponían de un sistema de software que “engañaba” a los medidores de emisiones de gases contaminantes denominados NOx y CO2. En Estados Unidos descubrieron que esas emisiones eran superiores en un 40% a lo que la empresa certificaba. Un mes después, en octubre, la compañía alemana ya había relevado a sus máximos responsables, detectado el origen del software trucado, colaboraba activamente con la justicia y entraba en contacto con sus clientes.

Y lanzaba una campaña dura y sencilla, a toda página, en los principales periódicos y en los medios digitales: “We've broken the most important part of our cars: your trust” (“Hemos roto la parte más importante de nuestros coches: vuestra confianza”). En poco tiempo, la dirección de la empresa reparó en que recuperar la reputación perdida no consistía en cargar las culpas sobre personas concretas, sino en comprender que la crisis lo era de la marca, confesarlo de manera abierta y reconocer la culpa. El resultado de esta lucidez autocrítica ha llevado las ventas de la empresa a cifras récord. En 2016, la compañía alemana vendió 10.3 millones de vehículos, un 12% más que el año anterior, superando la grave lesión de su reputación en 2015.

La operación Lezo no es solo el caso de González. Es el caso del PP de Madrid. Se ha producido en la organización territorial más importante del partido

Una empresa mercantil no es un partido político, pero ambos disponen de algunos parecidos. Funcionan en el mercado y en la política, respectivamente, con una marca que incorpora connotaciones positivas o negativas en función de cómo es gestionada y cómo de excelentes –o no– son las prácticas de sus responsables. En ocasiones, basta prescindir de las personas directivas con comportamientos rechazables. Pero en otras, la crisis de reputación puede alcanzar a la marca y afectar al conjunto de la organización. En esos casos, no caben paños calientes. Hay que actuar como lo hizo Volkswagen y no como se condujo en su momento la auditora Arthur Andersen que, fundada en 1913, desapareció en 2002 como consecuencia del caso Enron en el que la compañía resultó responsable de prácticas aparentemente profesionales –algunas delictivas– que la abocaron a su cierre.

En España hemos asistido recientemente a la refundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que ha pasado a denominarse Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). La corrupción de su fundador y de su familia –la Pujol Ferrusola– y los sucesivos procesos penales que han probado, y pueden seguir haciéndolo, su financiación irregular, con las consiguientes sanciones, llevaron a sus últimos dirigentes a hacer desaparecer la marca que en vez de un activo constituía ya un lastre. Llegó un momento en que la mención a CDC remitía inconscientemente a evasión fiscal (Pujol) y a mordidas del 3% (comisiones ilegales).

El PP debe decidir si, tras el estallido de la operación Lezo, persiste en entender que su reputación queda a salvo con la sanción a los directamente responsables y con la dimisión de Esperanza Aguirre o, por razones de acumulación (Correa, Taula, Bárcenas, Púnica) y otras cuantitativas y cualitativas, ha de abordar una estrategia de recuperación de las siglas del partido que ya se están vinculando en la calle con la corrupción. Eso es así, se reconozca o no, sea justo o injusto –probablemente lo es–, resulte duro o difícil de admitir.

La actual ruptura de la confianza entre el partido y la sociedad puede condenarles a un definitivo e injusto fracaso político. El PP se juega su futuro

La operación Lezo no es solo el caso de Ignacio González. Es el caso del PP de Madrid, cosa mucho más grave. Se ha producido en la organización territorial más importante del partido, ha afectado a la empresa pública más saneada de la comunidad, el saqueo se ha efectuado a ciencia y conciencia prevaliéndose los presuntos corruptos de su condición institucional o del amparo de poderes públicos, tiene derivaciones –de mayor o menor calado– con otras instancias superiores a las autonómicas, salpica a la fiscalía general del Estado y Anticorrupción que se han conducido con torpeza, sitúa bajo sospecha a personalidades del partido y todo hace suponer que a lo largo del procedimiento penal la mala factura del caso, lejos de mejorar, empeore. Y el Gobierno está en un brete.

La decisión que debe tomar la dirección popular es si se ha de actuar como en Volkswagen, reconociendo que como organización ha defraudado la confianza de sus electores y de la sociedad y saneando a fondo el partido sin ni una sola concesión, o se cubre el expediente a rebufo de los que pretenden solventar este episodio a corto plazo con el encausamiento de los presuntos culpables y algún que otro chivo expiatorio.

Existe la sensación de que la operación Lezo ha tocado el hueso del PP. La decisión de lo que haya de hacerse en el PP debe corresponder también, no solo a los que han hecho ya carrera y pueden darla por concluida, sino a los que la tienen por delante, y la actual ruptura de la confianza entre el partido y la sociedad puede condenarles a un definitivo e injusto fracaso político. En otras labras, el PP se juega su futuro.

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