Así es la batalla de Cataluña contra Cataluña

El irredentismo catalán en su historia tiene también que ver con sus propias incapacidades de cohesión interna, de elaborar un proyecto común catalán

Foto: Acto de compromiso con el referéndum. (EFE)
Acto de compromiso con el referéndum. (EFE)

Hasta el momento, se ha venido dando por bueno que el “problema catalán es un problema español”. Lo cual es verdad, pero no toda la verdad. Cataluña es, antes que un problema de España, un problema consigo misma. Y la razón es sencilla: entre los propios catalanes media un gran disenso sobre su futuro inmediato y sobre la manera de resolver el endiablado laberinto en el que les introdujo el proceso soberanista. Cataluña sería una cuestión exclusivamente española si allí existiese un consenso transversal y aplastantemente mayoritario sobre el designio independentista.

Está muy lejos de haberlo, y lo que se vislumbra con claridad es que la sociedad catalana aparece dividida y que, según las encuestas, el grupo más nutrido de catalanes (por encima del 40%) asume sin conflicto y simultáneamente la condición española. El irredentismo catalán en su historia tiene que ver también con sus propias incapacidades de cohesión interna, de elaborar un proyecto común catalán.

Las encuestas (de El Confidencial y de 'La Vanguardia', este fin de semana y ayer) arrojan unos resultados que denotan la fractura de la ciudadanía catalana. ERC estaría en condiciones de ganar ampliamente unas elecciones de ámbito catalán, pero retroceden tanto los exconvergentes como la CUP, de modo que la actual mayoría parlamentaria disminuiría o resultaría tan precaria como la presente sin que los partidos independentistas lograsen el 'plebiscito' de sumar al 50% de los votantes. Siguen fuertes Ciudadanos y el PSC y se sostiene el PP. La situación podría vencerse hacia un lado u otro en función del posicionamiento definitivo sobre el referéndum y la independencia de los comunes de la alcaldesa de Barcelona, quien ayer, en entrevista con 'El Periódico de Catalunya', no pudo mostrarse más esquiva.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras (i). (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras (i). (EFE)

La esperpéntica ley del referéndum de la que ayer informó el diario `El País´ acreditaría que en la Generalitat se ha perdido el oremus aunque haya voces como la del consejero de Economía y Empleo, Jordi Baigetcesado ayer fulminantemente por Puigdemont—​ , que reconocen que a lo más que podrían aspirar es a repetir un 9-N de 2014 con más participación que entonces (2.300.000 electores, incluidos los mayores de 16 años). Subvertir así la legalidad vigente, basarla en las instituciones autonómicas y pretender culminar esta aventura contra el criterio de la mitad de los catalanes conlleva que la credibilidad del proceso sea muy baja y que solo un porcentaje inferior al 15% se atreva a prever que el secesionismo alcanzará sus objetivos.

Precisamente por esta falta de consenso transversal —solo lo hay sobre la necesidad de revisar el 'statu quo' de Cataluña en el conjunto de España— el proceso soberanista ha derivado hacia la opacidad y el autoritarismo. Tanto por las medidas que se toman como por el procedimiento que se emplea para hacerlo. De otra parte, las garantías que se ofrecen para la celebración de la consulta resultan inverosímiles. Los independentistas no pueden disponer de un censo avalado por el INE supervisado y dirigido en una oficina 'ad hoc' por la Junta Electoral, que debe estar integrada, entre otros, por jueces y magistrados que no colaborarían en un acto ilegal tanto por razones disciplinarias como penales. La consulta carece de aval internacional (véase la Comisión de Venecia, Macron y Merkel) y las apelaciones a los tratados internacionales sobre la unilateralidad del derecho de autodeterminación están manipuladas porque se refieren a los procesos de descolonización.

En estas condiciones, Cataluña debe entenderse consigo misma; evaluar los daños que el proceso soberanista le está causando en su cohesión social, en su convivencia política, en el sistema de partidos, en la posición subalterna de las instituciones a un propósito partidista y al alejamiento de la realidad internacional y específicamente europea. Añadiendo a todo ello que las finanzas públicas de Cataluña son ruinosas y que la comunidad no obtiene crédito más allá del que le presta el propio Estado español.

Así, y como puntualizaba el ya exconsejero Baiget, los hoy comparecientes para explicar los próximos pasos del proceso solo podrían esperar que el Gobierno de Rajoy volviese a tolerar un 9-N de 2014 y cuyo único éxito consistiría en obtener una participación superior a que la lograron entonces, hipótesis poco probable porque el Ejecutivo evitará la celebración del evento con el apoyo en este asunto del PSOE y Ciudadanos, mientras el partido de Iglesias solo ofrece a los independentistas un respaldo simbólico y de circunstancias y los nacionalistas vascos agotan su solidaridad en palabras de aliento para el presidente de la Generalitat.

En estas condiciones, Cataluña debe entenderse consigo misma; evaluar los daños que el proceso soberanista le está causando en su cohesión social

El Estado debe hablar con la Generalitat, pero Cataluña debe hablar antes consigo misma. Establecer internamente el debate sobre cómo ha sido posible que haya llegado a esta situación de falta de cohesión interna y de enfrentamiento político. No es ya tiempo de echar la culpa al Estado, a Madrid, a España, ni tampoco de salirse por la tangente, como ha hecho Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid, que juzga que la independencia de Cataluña comportaría “beneficios mutuos” y debería implicar un “pacto de fraternidad”.

Que hablen los catalanes entre sí y, cuando se pongan de acuerdo en una rectificación realista del proceso soberanista, se presentará —quizá por última vez— la oportunidad de retomar la perdida interlocución con el Estado en unos términos que catalanes y no catalanes puedan asumir. Como ocurrió con el pacto constitucional de 1978.

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