Sin transparencia

España dejará pronto de ser es el único país grande europeo sin una Ley de Transparencia. Y ya que vamos a llegar los últimos a un asunto tan relevante para las sociedades modernas, sería deseable una mayor ambición del Gobierno en ponernos a la altura de los demás. En este momento en que el Proyecto de Ley se encuentra en el Congreso en fase de enmiendas, llama la atención el escaso interés de los periodistas, que contrasta con el demostrado en los últimos años por la Coalición Pro Acceso, una agrupación de asociaciones y ONGs que pelean por una buena ley.

Invitados por esa sociedad civil -en estado puro y de la buena- ayer debatimos sobre el proyecto de ley de transparencia tres diputados, Joan Josep Nuet (Izquierda Plural), Meritxell Batet (PSOE) y yo, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. El PP y CiU excusaron su asistencia.

Una idea sobrevoló el debate: el Gobierno parece inclinado a cambiar algo para que todo siga igual, para que la administración siga siendo ese ente superior que conoce mejor que el ciudadano sus intereses y aquello que le conviene saber. Si la ley se aprobara tal como está –confiemos en que se pueda mejorar- avanzaríamos algo, pero muy poco.

Cuando uno lee el Proyecto de Ley ve detrás la pluma de un alto funcionario, celoso de sus viejos papeles y el poder que toda esa información le confiere, una administración que sospecha del ciudadano interesado en saber en qué se gasta su dinero. Se ha buscado la forma de ceder información reservándose siempre la facultad de negarse a hacerlo, mediante conceptos imprecisos y arbitrarios que han sido criticados hasta por el Consejo de Estado. En la sociedad de la información y en la era digital, ese alto funcionario aún piensa en papel, y aún sueña con zonas de sombras protectoras que preserven a los gestores públicos de la crítica y el escrutinio.

Dos son los principales fallos de la ley en su redacción actual. No reconoce el derecho de acceso vinculándolo a un derecho fundamental, como la libertad de información o el derecho a la participación política. La transparencia se concibe como una molestia ineludible en estos tiempos, pero sin convicción. Nos haría falta otra perspectiva: el ciudadano es el dueño de la información pública, y la administración se limita a gestionarla. Resulta difícil negar que se trate de un derecho fundamental cuando la transparencia está tan estrechamente vinculada también a la lucha contra la corrupción, a la buena gestión, e incluso a conceptos centrales de la democracia como la participación de los ciudadanos y su capacidad para controlar al poder. Una ley de transparencia ambiciosa y profunda cambiaría la concepción misma de la ciudadanía y pasaría a considerarla como necesariamente informada, crítica, activa y exigente. Al mismo tiempo, esto contribuiría a mejorar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, algo de lo que estamos muy necesitados. Si esto no se cambia, el derecho de acceso caerá abatido en su primer duelo frente a la protección de datos, ésta sí vinculada al derecho fundamental a la intimidad.

El segundo gran fallo de la ley estriba en no establecer un órgano de control independiente -similar a la Agencia de Protección de Datos- y dejarlo en manos del Ministerio de Hacienda. Así, la administración se erige en juez y parte, de forma arbitraria, frente al ciudadano que quiere saber. Sin una comisión independiente, que realmente vele por un nuevo concepto de la información pública, vamos a avanzar poco. Da la impresión de que existe verdadero pavor en los dos grandes partidos –el PSOE no impulsó una ley de transparencia en la anterior legislatura, pese a llevarlo en su programa- a que los ciudadanos sepamos cómo se gestiona con nuestro dinero asuntos que nos conciernen. Y es verdad: una ley de transparencia ambiciosa dejaría a la vista demasiados cadáveres en organismos públicos, ayuntamientos, Comunidades. La cuestión es que muchos de esos cadáveres ya están saliendo a flote. Parece mentira que un gobierno tan apurado con las cifras no se dé cuenta de que el caos contable de la administración y la desconfianza europea hacia España está estrechamente relacionado con la sempiterna opacidad de la administración. En este crucial momento de nuestra historia, el tímido proyecto de ley de transparencia se convierte, aunque parezca una paradoja, en una nueva forma de seguir negando la realidad.