Desahucia que algo queda

Cada vez estoy más convencida de que, si algún sentido tiene escribir, éste no consiste en decir al poder las verdades, como clama cierto periodismo. Demasiado las conocen y no se inquietan, ni se avergüenzan, ni sienten miedo. Lo urgente es explicar a la gente común el porqué de que su vida transcurra como lo hace, por ejemplo en el caso de los desahucios.

¿Cuánta gente le ha transmitido ya al poder -el financiero en este caso- su indignación? ¿Cuántos le han sacado los colores? ¿Cuántos han clamado contra su poder omnímodo y los abusos de la ley? Hagamos un somero repaso: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lleva más de cuatro años haciéndolo. Grupos de ciudadanos se congregan ante las viviendas a punto de ser desalojadas. Gritan: “Vergüenza, vergüenza”. Pese a algunos sonados éxitos, no pueden atender a todos los desahucios, pues son 352 diarios, según el informe que un grupo de vocales del Consejo del Poder Judicial hizo público la semana pasada: también ellos clamaban contra una Ley Hipotecaria que deja desprotegido al deudor y blinda al acreedor.

A estas alturas, todos los grupos salvo el PP, o bien han presentado sus propias iniciativas o bien han apoyado las de otros. Gentes tan dispares como UPyD y el PNV o como IU y CiU han reclamado una solución. Habría que abandonar esa coletilla que acusa al Congreso sin distinciones de permanecer ausente de la realidad. La responsabilidad recae en exclusiva sobre el Gobierno

Ítem más. Hace un par de días, las cuatro asociaciones de Jueces y las tres de Fiscales denunciaron que los bancos utilizan los procesos de ejecución hipotecaria con tácticas especulativas, a la espera del banco malo. ¿Vieron a algún banquero sonrojarse? Ni siquiera el hecho de que todas las asociaciones de jueces y fiscales, al margen de su adscripción ideológica, hayan reclamado medidas como la dación en pago y la moratoria en los desahucios, les conmovió. Al menos no hemos tenido noticia.

Lo mismo cabe decir de los partidos políticos. A estas alturas, todos los grupos salvo el PP, o bien han presentado sus propias iniciativas o bien han apoyado las de otros. Gentes tan dispares como UPyD y el PNV o como IU y CiU han reclamado una solución. Habría que abandonar esa coletilla tan extendida que acusa al Congreso sin distinciones de permanecer ausente de la realidad. En estos momentos, la responsabilidad recae en exclusiva sobre el Gobierno.

Me refiero a responsables con nombres y apellidos: Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, Cristóbal Montoro, Alberto Ruiz Gallardón, son algunos de los que podrían hacer algo para evitar que hoy 352 comisiones judiciales se presenten ante 352 viviendas y dejen en la calle a 352 nuevas familias. Al final del año serán 100.000. Para el próximo se calcula que ascenderán a 200.000. ¿Alguien cree que una sociedad puede salir indemne de este proceso sumario de exclusión?

No escribo todo esto para cantarle las verdades a Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, Cristóbal Montoro o Alberto Ruiz Gallardón, sino para que todos sepamos  quién, a estas horas, puede tomar medidas efectivas y reales. Ya no vale retocar el fallido código de buenas prácticas ni seguir intoxicando con palabrería sentimental. El Gobierno ha convertido el Real Decreto en su modo habitual de empeorar las vidas de la gente en los últimos meses. Nadie entendería que, en medio de la excepcionalidad generalizada, sólo los bancos quedaran a salvo de sus efectos fulminantes.