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Ayuda de emergencia para los desahuciados
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Irene Lozano

Palabras en el Quicio

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Ayuda de emergencia para los desahuciados

En el asunto de los desahucios, la ayuda de emergencia nunca es desdeñable. Ocurre lo mismo en los terremotos, la crisis humana obliga a enviar potabilizadoras

En el asunto de los desahucios, la ayuda de emergencia nunca es desdeñable. Ocurre lo mismo en los terremotos, la crisis humana obliga a enviar potabilizadoras a toda prisa, para evitar muertes por epidemias. La cuestión de fondo, no obstante, se sitúa en esas estructuras políticas y socioeconómicas que tan fácilmente agravan las consecuencias de los seísmos en los países pobres.

En España, una estructura de poder institucional y político en bancarrota no ha querido mirar de frente el problema de los desahucios hasta hace unas semanas, cuando las placas tectónicas de la sociedad chocaban ya con demasiada violencia. El Código de Buenas Prácticas se concibió con el propósito de mirar de reojo, sin dejar de fingir que solucionaba las cosas. El PSOE cuando gobernaba no actuó igual: directamente le dio la espalda al problema. Ambos buscaban ganar tiempo hasta que, de golpe –el de algunos cuerpos sobre el asfalto- se dieron cuenta de que se les había agotado. La consigna del duopolio es no actuar hasta que la realidad se desborde. Y entonces, tomar medidas desesperadas que apenas ponen orden, a lo sumo limitan las consecuencias del desorden.

El problema estriba en los criterios: ¿por qué, a igualdad de ingresos, una familia feliz con dos hijos de 10 y 4 años pierde su casa y aquélla en la que haya malos tratos o sólo tenga un hijo de dos años no la pierde?

El Gobierno ha aprobado un decreto cuya letra pequeña aún no conocemos -aunque sí su propensión a sobresaltarnos con ella-, pero lo explicado ayer por la vicepresidenta indica que van a prestar ayuda humanitaria de emergencia. Se precisan cuáles son las circunstancias extremas para las que se ofrecerá una cierta protección: paralizar por dos años, no el procedimiento de desahucio, sino el lanzamiento, es decir, el crítico momento en que la fuerza pública le echa a uno de su casa. Dos años de paz, en plena guerra, no es poca cosa. El problema estriba en los criterios: ¿por qué, a igualdad de ingresos, una familia feliz con dos hijos de 10 y 4 años pierde su casa y aquélla en la que haya malos tratos o sólo tenga un hijo de dos años no la pierde? Son estas líneas artificiales las que facilitan la picaresca, que no es un gen español, sino una actitud fruto de la complejidad y la arbitrariedad de muchas leyes. No quiero dar ideas, pero si su familia estuviera a punto de ser desahuciada, ¿no se dejaría usted dar una paliza por su marido? ¿No le pediría el divorcio a su mujer para convertirse en familia monoparental?

Las medidas del Gobierno revelan que no ha comprendido dos factores esenciales de la crisis. Uno, no es la población marginal quien la sufre sino una inmensa clase media que se empobrece a diario, gentes estables que cumplían con su trabajo y pagaban sus deudas; y ahora se ven en la calle. Y dos, el blindaje bancario que supone la Ley Hipotecaria ha contribuido a la crisis: miles de préstamos de alto riesgo, que en su día hincharon la burbuja crediticia e inmobiliaria, probablemente no se habrían concedido si los bancos y las cajas no hubieran sabido que jugaban con las cartas marcadas. Por eso, apenas supone una amenaza la afirmación –reiterada por el ministro Guindos ayer- de que si se flexibiliza la Ley Hipotecaria, el acceso al crédito se dificultará. Yo creo que mucha gente de la que ahora se ve inmersa en un desahucio –e incluso los que pagan a duras penas- preferiría que no le hubieran puesto tan fácil firmar la hipoteca. Así que esa supuesta amenaza constituiría en realidad una garantía de que el crédito alegre no va a volver. De paso, al desincentivar el negocio hipotecario, igual hasta algún banco se animaría a invertir en innovación tecnológica, que buena falta nos hace.

El Gobierno, sin embargo, sigue pidiendo préstamos a los bancos: un poco de compasión y algo más de tiempo. Es una emergencia, compréndanlo. El único cambio estructural anunciado por la vicepresidenta es la constitución de un parque de viviendas sociales de alquiler a precios módicos. Es quizá la medida que con más nitidez puede atacar la ruptura de la cohesión social de una forma duradera. Y lo que más necesitamos: alguna seguridad en medio de una crisis que está arramblando con todas las certezas.

En el asunto de los desahucios, la ayuda de emergencia nunca es desdeñable. Ocurre lo mismo en los terremotos, la crisis humana obliga a enviar potabilizadoras a toda prisa, para evitar muertes por epidemias. La cuestión de fondo, no obstante, se sitúa en esas estructuras políticas y socioeconómicas que tan fácilmente agravan las consecuencias de los seísmos en los países pobres.