Es noticia
La transparencia vista por el régimen
  1. España
  2. Palabras en el Quicio
Irene Lozano

Palabras en el Quicio

Por

La transparencia vista por el régimen

El máximo ejercicio de transparencia que ha hecho el PP -si bien a trompicones- ha sido el de publicar su contabilidad B en los periódicos. Luego prometió

El máximo ejercicio de transparencia que ha hecho el PP -si bien a trompicones- ha sido el de publicar su contabilidad B en los periódicos. Luego prometió una auditoría sobre sus cuentas que aún estamos esperando. A diario, los diputados remitimos preguntas escritas al Gobierno que tardan meses en contestar o responden de forma trivial, en lo que constituye una verdadera falta de respeto a los representantes de los ciudadanos. Y el presidente del Congreso se niega de forma reiterada a que se publiquen en la web de la Cámara las nóminas de los cinco diputados de UPyD (que ya están accesibles en la web de nuestro partido, por cierto). Actúan como si la transparencia estuviera prohibida.

Estos son los antecedentes inscritos en el alma del Gobierno. Otros figuran en el proyecto de ley y están publicados en el BOE: la ley no incluye ni a los partidos, sindicatos u organizaciones empresariales, ni a las instituciones que reciben subvenciones ni a la Casa Real. Si a día de hoy estas cuestiones forman parte del debate público -ojo, del debate y no del texto legal que se discute- se debe exclusivamente a que los hechos han desbordado al Gobierno. El estallido pirotécnico del caso Bárcenas y el caso Urdangarin en los últimos meses ha obligado a dar relevancia a esas cuestiones. Pero el hecho de que el Gobierno quisiera excluirlas revela hasta qué punto viven en la negación de la realidad. Del mismo modo que tuvieron que ocurrir desgracias personales graves para que legislaran sobre desahucios, han necesitado un grado de escándalos de corrupción insoportable e incrustado en las más altas instancias del Estado para rendirse a la evidencia de que nadie puede quedar excluido de la ley. Sin embargo, no se nos dio ni una pista de cómo se hará.

Siendo el último gran país de Europa que llega a una ley de transparencia, seguimos por desgracia en la cola.

Estamos ante un nuevo fraude político, cuajado de pactos opacos, intereses inconfesables y complicidades sospechosas. Ayer se vio que incluso algo tan luminoso como la transparencia se vuelve siniestro al ser interpretado por los guardianes del régimenLo más fraudulento del debate de ayer es que tanto la vicepresidenta como el portavoz del PP hablaron como si las promesas formuladas por ellos estuvieran ya en la ley. Fue un fabuloso ejercicio de prestidigitación por el que todo aquello que aseguran será incluido ni siquiera se nos detalló en qué forma. CiU y PNV retiraron sus enmiendas de totalidad, y cobraron un buen precio por ello: el no elevar esta ley a la categoría de ley orgánica, lo que restaría margen de actuación a las comunidades autónomas. Para no mermar poder a sus amigos nacionalistas -y que se controlen a sí mismos los del caso Pallerols y la trama de las ITV- nos quitan a los ciudadanos la posibilidad de desarrollar un derecho fundamental, como es el de información o el de participación política. Que el Gobierno agradeciera al PSOE su apoyo antes incluso de escuchar su intervención es casi una confesión de parte: ambos entienden el pacto de Estado como pacto de régimen. O dicho de otro modo, sólo se ponen de acuerdo en el encubrimiento mutuo.

Ya he escrito en alguna ocasión sobre los fallos de fondo de la ley, que permanecen intactos. Cada vez más esta ley aparece como una nueva oportunidad perdida para la transparencia, el ejercicio real del derecho de acceso a la información de los ciudadanos y su vigilancia por parte de un organismo independiente de verdad (la vicepresidenta propuso que se elija por mayoría absoluta, o sea, como el presidente de RTVE, para que se hagan una idea).

Lo que ayer reveló el debate político fue la decidida voluntad del establishment de blindarse a sí mismo. Abrir las ventanas de todas las Administraciones, considerar que la información de ellas es patrimonio ciudadano, elevar eso a derecho fundamental, y fiscalizarlas con independencia es mucho más de lo que podría soportar este régimen decrépito. Estamos ante un nuevo fraude político, cuajado de pactos opacos, intereses inconfesables y complicidades sospechosas. Ayer se vio que incluso algo tan luminoso como la transparencia se vuelve siniestro al ser interpretado por los guardianes del régimen.

El máximo ejercicio de transparencia que ha hecho el PP -si bien a trompicones- ha sido el de publicar su contabilidad B en los periódicos. Luego prometió una auditoría sobre sus cuentas que aún estamos esperando. A diario, los diputados remitimos preguntas escritas al Gobierno que tardan meses en contestar o responden de forma trivial, en lo que constituye una verdadera falta de respeto a los representantes de los ciudadanos. Y el presidente del Congreso se niega de forma reiterada a que se publiquen en la web de la Cámara las nóminas de los cinco diputados de UPyD (que ya están accesibles en la web de nuestro partido, por cierto). Actúan como si la transparencia estuviera prohibida.