Cuando tuvo lugar el golpe de Estado militar en Egipto el pasado 3 de julio, quedó de manifiesto la debilidad del músculo civil de aquella sociedad. El Baradei representaba esa sociedad liberal y democrática, como ya he escrito en alguna ocasión. Su dimisión como vicepresidente, a causa de las matanzas llevadas a cabo por Ejército y policía, constituye el peor augurio: la constatación de que el débil músculo civil desiste ante el enfrentamiento por el poder de sus elementos inciviles, tanto religiosos como militares. En el fuego cruzado, la población. Ella pone los muertos, como siempre.

La transición egipcia ha descarrilado, pero al margen de cómo desde fuera se pueda contribuir políticamente y de cómo reaccione la Unión Europea, hay algo que el Gobierno español puede y debe hacer con carácter inmediato. El año pasado se realizaron cuantiosas ventas de armamento a Egipto por parte de empresas españolas, lo que en la jerga administrativa se llama “material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso”. En total, las exportaciones sumaron 50 millones de euros, tal como recoge el informe de Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, desgranó en el Congreso hace un par de meses.

El año pasado se realizaron cuantiosas ventas de armamento a Egipto por parte de empresas españolas. En total, las exportaciones sumaron 50 millones de eurosLa legislación española para el control de la venta de armamento obliga a la administración a autorizar las operaciones de exportación de armamento. Esas licencias se otorgan siguiendo criterios bastante rigurosos, pues la ley, con sus aspectos mejorables, resulta bastante exigente, y sobre todo contiene una dimensión preventiva que el Gobierno debía haber activado el mismo día del golpe de Estado. Las matanzas recientes redoblan las razones para hacerlo, porque en el citado informe figuran también exportaciones autorizadas el año pasado por valor de 90 millones de euros. Esto significa que se han autorizado licencias para vender armas hasta un máximo de esa cantidad, no que las exportaciones hayan tenido ya lugar. Y eso es lo primero que debemos saber.

En su artículo 8, la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, obliga a la administración a revocar o suspender licencias ya concedidas cuando el material pueda ser empleado en “acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

Si algún acontecimiento justifica una revocación de las licencias, es una masacre como la del día 14 de agosto, más aún porque se suma al goteo de actos represivos ocurridos en las semanas posteriores al golpe, que ya se habían cobrado varias decenas de muertos. El Gobierno debe hacerlo no sólo para presionar al Ejército egipcio, sino porque le obliga la ley española y los tratados internacionales de comercio de armas de los que nuestro país es signatario.