Jaume, Cristina, Baleares

La Infanta tiene dos abogados defensores, de los cuales uno es fiscal. El otro, Miquel Roca, dice que ella quiere que se haga Justicia. Es una

La Infanta tiene dos abogados defensores, de los cuales uno es fiscal. El otro, Miquel Roca, dice que ella quiere que se haga Justicia. Es una frase muy de Roca, o sea, del consenso y tal; de esos consensos reinantes entre las dos patas de un cascanueces para hacer “craccc” y abrir la nuez en canal. Ese consenso suele fundarse en frases sentenciosas y vacías. No puede ser que la Infanta la haya pronunciado. Mejor que este abogado defensor –el otro es fiscal– no ponga estupideces en su boca. Si la Infanta dice algo, que sea para darnos una explicación a los ciudadanos. La democracia es un régimen de opinión pública, y cuando un juez puede llenar más de 220 páginas con indicios de dos graves delitos, no sólo hay que comparecer ante él, sino ante los ciudadanos. Es una Infanta de España.

Nos debe una explicación. Cuando hablamos de supuesto fraude fiscal nos referimos a dinero que debía haber pagado en impuestos y no lo ha hecho. Como lo de los impuestos va a escote, lo hemos abonado los demás. En segundo lugar, el dinero procedía originariamente de actividades extractivas de su marido en las Administraciones Públicas autonómicas. Parece mentira, pero el mismo dinero se puede robar varias veces. Presuntamente todo, claro, salvo una cosa: durante años le estuvimos pagando una educación de Infanta –con dinero público– para que representara a España con dignidad. Nuestra inversión ha resultado ruinosa, y por ello también merecemos una explicación.

Los mecanismos de impunidad se acumulan: aforamiento, control de los órganos judiciales, indulto, paralización del indulto, uso espurio de la fiscalía, doctrina BotínLos contribuyentes somos perjudicados directos. Sin embargo, como la infanta Cristina tiene dos abogados defensores y uno de ellos es el fiscal, nosotros nos vemos desamparados. No es broma. El Tribunal Supremo limitó la actuación de las acusaciones populares mediante la doctrina Botín –sí, se inauguró con él, qué le vamos a hacer–. Actualmente no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, es necesario que lo inste o el ministerio fiscal o la acusación particular. Esto significa que si los directamente afectados –los contribuyentes– no tenemos defensores, porque si ni el fiscal ni el abogado del Estado acusan el día de mañana, puede ocurrir que la Infanta no se siente en el banquillo. ¿De qué depende? De que el Gobierno dé las instrucciones precisas. Y a otra cosa. ¿Que sería un gran escándalo? Sí, uno más.

Reparen en este otro: el delincuente convicto Jaume Matas –que presidió la Comunidad Autónoma de Baleares– se libra de entrar en la cárcel mientras el Gobierno se piensa si lo indulta o no. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno no sólo tiene la facultad de indultar, lo que ya sabíamos, sino también la de decidir si una sentencia se ejecuta. ¿Cómo es que Matas no ha entrado en prisión desde el mismo momento en que se le comunica una sentencia firme? ¿Cómo es que a los delincuentes comunes les llega el indulto estando en la cárcel y él espera en libertad? Precisamente uno de los informes que los ministros de Justicia estudian al respecto antes de conceder un indulto es el del comportamiento en prisión del reo. Aquí no lo habrá.

Los mecanismos de impunidad se acumulan: aforamiento, control de los órganos judiciales, indulto, paralización del indulto, uso espurio de la fiscalía, doctrina Botín. Tengámoslo claro: cuando uno de los abogados de la Infanta –el otro es el fiscal– pide con voz salvífica que se haga justicia, se refiere a la Justicia que está en manos del Gobierno. El consenso y tal. Ustedes ya me entienden.

Palabras en el Quicio
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