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Esa urna europea del pecado
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Irene Lozano

Palabras en el Quicio

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Esa urna europea del pecado

Hay un solo país en el que el Parlamento Europeo se ve obligado a censurar su mensaje. ¿A que adivinan cuál es? Exacto: España. La campaña

Hay un solo país en el que el Parlamento Europeo se ve obligado a censurar su mensaje. ¿A que adivinan cuál es? Exacto: España. La campaña institucional que la Eurocámara desarrolla en 27 países para estimular la participación en las elecciones del próximo 25 de mayo pasa sin incidentes en todos los Estados menos en el nuestro.

Aquí borran a toda prisa de los carteles la palabra "vota", el Photoshop elimina las fotos de ciudadanos introduciendo la papeleta, así como cualquier imagen de una urna. Vade retro, parece clamar el censor, aparten de los ciudadanos la funesta manía de votar. Así, se expurgan los vídeos y carteles, no vaya a ser que en alguno se anime a los ciudadanos a participar en la vida pública. El problema es que la campaña del PE persigue exactamente eso: que la gente vote. No parece un deseo absurdo teniendo en cuenta que en democracia los votos otorgan la legitimidad.

Sin embargo, desde hace años la Junta Electoral Central (JEC) tiene establecida una doctrina según la cual animar a la gente a votar equivale a tomar partido y, por tanto, no se puede hacer campaña en ese sentido, pues la institución que así actuara estaría quebrantando su neutralidad. La JEC se basa en el artículo 50 de la Ley Electoral, pero este apenas señala que no se puede "influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores".

La campaña que la Eurocámara desarrolla en 27 países para estimular la participación pasa sin incidentes en todos los Estados menos en el nuestro. Aquí borran a toda prisa de los carteles la palabra

A mí me parece bastante claro que sólo se puede orientar el sentido del voto de quien ya ha decidido ir a la urna. Animar a la gente a votar no puede orientar el voto porque es un acto previo, tan anterior que constituye no el único, pero sí uno de los actos fundantes de la democracia que, de hecho, dota de legitimidad al sistema. ¿De verdad cree la Junta Electoral que buscar la mayor legitimación democrática posible para el Europarlamento es tendencioso?

No deberíamos tener dudas al respecto, y menos en estos tiempos. La crisis ha demostrado que las instituciones necesitan una mayor participación e implicación de los ciudadanos en política; así se ha reivindicado en la calle. El derecho a esa participación está recogido en el artículo 9 de la Constitución. Y lo más importante, también el artículo 23 protege como derecho fundamental el de sufragio activo, es decir, votar.

En cambio, no existe tal cosa como el derecho a abstenerse. Como señalaba John Stuart Mill, un derecho no es simplemente algo que resulta posible hacer, sino aquello que la sociedad ha acordado garantizar a los individuos. Que yo pueda recorrer el paseo de la Castellana a la pata coja no significa que el Estado deba proveerme los medios para hacer esa excentricidad ni garantizarme en modo alguno su consecución. Como ha señalado José Ignacio Torreblanca, la JEC consagra en España la abstención como un bien jurídico protegido. Aberrante.

Si la ley permite una interpretación tan sesgada y, en el fondo, tan acomplejada respecto a lo que significan los valores democráticos, habrá que cambiarla. Que la campaña del Parlamento sea expurgada sólo en España no deja lugar a muchas dudas. Esos carteles azules de los que, por orden de la Junta Electoral, deben desaparecer las urnas del pecado conforman la última anécdota; la categoría nos es, por desgracia, familiar: la baja calidad de la democracia en España. Ya tenemos un motivo más para reformar con urgencia esa ley electoral tan casposa como el bipartidismo que la defiende.

Hay un solo país en el que el Parlamento Europeo se ve obligado a censurar su mensaje. ¿A que adivinan cuál es? Exacto: España. La campaña institucional que la Eurocámara desarrolla en 27 países para estimular la participación en las elecciones del próximo 25 de mayo pasa sin incidentes en todos los Estados menos en el nuestro.

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