¿FAES tras el decretazo eléctrico?

Si los pequeños y medianos inversores en energías renovables (paneles solares) están dispuestos a armar la de Dios es Cristo al ministro Soria por su reforma eléctrica -20.000 millones de ruina con la garantía del BOE de Zapatero-, no van a la zaga los colectivos pro-PP (en las elecciones) que se ven amenazados con el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que afecta de plano a Procuradores, Abogados, Ingenieros, Arquitectos y Farmacéuticos.

Rafael Barrera, que representa a través de Anpier a esos pequeños y medianos inversionistas, tabula con toda precisión la Reforma Eléctrica que han conseguido los grandes y que ha dejado, en su opinión, a más de 55.000 familias, pymes y autónomos con la cuenta corriente tiritando y con el banco dispuesto a tragarles de un bocado ante el impago de los créditos concedidos en su día con la garantía del Estado (2007) de unos beneficios estimables ante la inevitable reducción de las primas por generación de estas energías.

La pituitaria les dice que tras leer algunos informes de FAES preconizando las energías convencionales y totalmente opuestos a las renovables, tanto solares como eólicas, el Gobierno, Soria en concreto, ha sucumbido a la presión del palco del Bernabéu y han hecho valer sus presencias en los consejos de Endesa, Gas Natural, Iberdrola reputados ex del PP y del PSOE. ¡Lo de siempre! Ganaría el oligopolio eléctrico mencionado y perderían los consumidores, las renovables y el propio Estado. No es un asunto menor éste para un gobierno de tilde liberal que tendrá que enfrentarse en los tribunales a los inversores convertidos en jauría desesperada ante las tropelías de un ministro que “sabe de turismo pero de energía no tiene ni repajolera idea”, traducción libre de lo que afirma en alemán el Comisario Europeo de la Energía, un tal Gutten Otenger.

No es la única cuita que afecta al Gobierno. Los referidos arquitectos, abogados, procuradores, farmacéuticos, etc..., votantes en su inmensa mayoría del Partido Popular, se consideran traicionados. ¿Por qué? Porque en aras de dar satisfacción a una directiva de la UE, el gobierno Rajoy ha hecho un anteproyecto con lectura netamente economicista sin atender al criterio en la calidad de los servicios. Específicamente en la Administración de Justicia, donde ahora todo abogado podrá ser su propio procurador y todo procurador su abogado. ¡Menudo quilombo!

En este caso, subrayan, la culpa no es de Alberto Ruiz-Gallardón. Por una vez, oiga.