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Ante la trascendental decisión gubernamental de septiembre
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Graciano Palomo

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Ante la trascendental decisión gubernamental de septiembre

La cuestión tiene tal calado político que es lógico que el Gobierno se tiente la ropa. Porque la decisión ejecutiva estaba prevista para finales del pasado

Foto: Soraya Sáenz de Santamaría y José Manuel Soria. (Efe)
Soraya Sáenz de Santamaría y José Manuel Soria. (Efe)

La cuestión tiene tal calado político que es lógico que el Gobierno se tiente la ropa. Porque la decisión ejecutiva estaba prevista para finales del pasado mes de julio pero ante la necesidad de hilar fino, muy fino, el tándem Soraya/Soria ha preferido dejar pasar el ferragosto para tener más capacidad de otear el horizonte.

Me estoy refiriendo al peliagudo asunto del concurso para las nuevas licencias TDT que abrirá el Ministerio de Industria a través de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones. Será en el próximo mes cuando se definan los detalles para la liberación del dividendo digital, que permitirá dejar libres las frecuencias de 800MHz empleadas por las televisiones para comunicaciones móviles. Esa liberalización del espectro radioeléctrico es clave para definir qué canales se pueden sacar a concurso.

Todo parece indicar que el Gobierno tiene la voluntad de sacar a concurso nueve canales, de los cuales cuatro estarían reservados para emitir en Ata Definición. Los otros cinco, al mejor postor. Pero ningún gobierno del mundo deja cuestiones que son económicas, desde luego, pero no sólo, al albur de quien pase por la acera. Hay un alto componente político también en una decisión de esa naturaleza.

Sobre todo, si de alguna manera el “duopolio” televisivo consolidado en España (Mediaset/Atresmedia) se quiere romper y dar opciones profesionales e ideológicas fuera de lo que marquen el señor Berlusconi/Vasile o el señor Lara/Agostini.

Un canal de televisión es sin duda una empresa. O debería serlo. Pero también es un cañón giratorio con un alto componente de influencia social y política.

¿Me entienden?

La cuestión tiene tal calado político que es lógico que el Gobierno se tiente la ropa. Porque la decisión ejecutiva estaba prevista para finales del pasado mes de julio pero ante la necesidad de hilar fino, muy fino, el tándem Soraya/Soria ha preferido dejar pasar el ferragosto para tener más capacidad de otear el horizonte.

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