La izquierda plurinacional

Hace casi 40 años, en los albores de la democracia, se celebró en Madrid, en el recinto de la Universidad Autónoma, el Festival de los Pueblos Ibéricos. Fue un festejo tenso -la Policía, con gran despliegue, rodeaba todo el recinto- y alegre, que anticipaba la democracia que venía, y que a lo largo de su desarrollo, desde la elección del título hasta la última intervención del último artista, puso de manifiesto que desde la óptica de la izquierda universitaria -mucho más el PC que el entonces casi inexistente PSOE-, el concepto 'España' no encajaba bien en el futuro que se empezaba a adivinar.

En aquellos años cabía pensar que se trataba de una reacción lógica ante los excesos propagandísticos del régimen que desaparecía, pero la verdad es que hoy, bajo el eslogan de la 'España plurinacional', la nueva izquierda representada por Podemos mantiene la deriva de entonces. Más de 500

años después de que España alcanzara la dimensión geográfica y sobre todo política que hoy tiene, buena parte de nuestra izquierda aún exige disimular su existencia.

En términos políticos, una nación es un sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de un Estado. Así lo reconoce nuestra Constitución, que en su art. 1.2. establece: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Cuando, entre las variadas fórmulas de acatamiento de la Constitución que los defensores de la 'España plurinacional' utilizaron en la pasada constitución de las Cortes, dijeron reiteradamente que iban a “trabajar para cambiarla”, debemos suponer que el citado artículo 1 será la primera víctima, seguido inmediatamente por el artículo 2, que establece: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Más allá de la propuesta de crear un Ministerio de la 'Plurinacionalidad', el autoproclamado candidato a vicepresidente del Gobierno no ha sido explícito en el desarrollo de la idea, pero cabe suponer que en su concepción la España futura sería el resultado aleatorio de variados ejercicios de soberanía de lo que hoy conocemos como nacionalidades y regiones en términos constitucionales, a través de los cuales decidirían su pertenencia o no, temporal o no, a una entidad superior que finalmente podría parecerse a nuestra España de hoy.

Conceptos retrógrados en el tiempo histórico y en su trasfondo político constituyen hoy la bandera de los partidos ubicados más a la izquierda del arco político

Pese a los actuales regates y requiebros de las negociaciones para la investidura de un presidente de Gobierno, antes o después los partidos se sentarán a la mesa a intentar alcanzar un acuerdo. La reforma constitucional y la cuestión de la plurinacionalidad, es decir, de la residencia de nuestra soberanía, deberían ser el eje básico que determinara la existencia o no de un acuerdo. No se trata solo de salvaguardar un concepto de España, de preservar una realidad histórica formidable, sino de dotarnos como ciudadanos de la más amplia base de ejercicio de nuestra soberanía, que constituye a su vez la mejor garantía para preservar la libertad y la igualdad de derechos y obligaciones, elementos esenciales de la democracia.

No puede decirse que esta idea nazca de la izquierda, porque los tiempos en que fue formulada son anteriores al propio concepto de izquierdas y derechas, pero sí del grupo más radical, o más progresista si se prefiere un vocablo más al uso, de los revolucionarios franceses, los jacobinos. Ahora bien, si hay un valor que consagra el artículo 2 de nuestra Constitución que la izquierda considera como propio, es el de la solidaridad. ¿Alguien puede creer que, frente a nuestro actual sistema de financiación autonómica, la solidaridad no resultaría menoscabada en un sistema en el que diferentes entidades soberanas deciden, si así lo hacen, asociarse libremente? ¿Hay algún político andaluz o extremeño que crea que, celebrado y perdido -desde la perspectiva española- el hipotético referéndum catalán, sus comunidades van a poder seguir recibiendo el mismo volumen de fondos?

Así pues, conceptos retrógrados en el tiempo histórico y en su trasfondo político constituyen hoy la bandera de los partidos ubicados más a la izquierda del arco político. Incluso el PSOE se ha decantado por un nebuloso e indefinido federalismo como evolución progresista del actual modelo constitucional.

Es necesario reparar la fractura social catalana, pero no puede hacerse a costa de la ruptura de nuestra soberanía derivada del concepto de plurinacionalidad

Los españoles vivimos una compleja coyuntura política y tenemos importantes retos que afrontar: la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, la consolidación de la recuperación económica, la reducción de las desigualdades sociales derivadas de la crisis y alcanzar un gran pacto de Estado por la educación y la formación profesional que nos permita conquistar el futuro.

Junto a estos retos, debemos abordar el problema del independentismo catalán, cuya resolución requerirá tiempo y esfuerzo, pero que solo puede abordarse desde el acuerdo, suscrito por fuerzas políticas que tengan una amplia mayoría parlamentaria, de mantener inalterada la redacción de los artículos 1 y 2 de nuestra actual Constitución. Solo desde este punto de partida es posible empezar una imprescindible negociación. Frente a la independencia en 18 meses, la soberanía de todos los españoles. Es necesario intentar reparar la fractura social catalana, es imprescindible alcanzar un cierto entendimiento, pero no puede hacerse a costa de la ruptura de nuestra soberanía derivada del concepto de plurinacionalidad defendido por Podemos y sus aliados.

Por último, no se trata solo de rechazar un concepto, se trata de que la superposición de conceptos territoriales sobre el concepto de equidad en el tratamiento de la financiación autonómica, los impuestos, la educación y la sanidad no nos haga olvidar en nuestra vida diaria la esencia de la democracia, en la que todos los ciudadanos debemos ser iguales en derechos y obligaciones. Esa es la esencia de lo que como ciudadanos españoles debemos defender, y debiera ser la directriz básica de cualquier acuerdo de Gobierno que se alcance.