Corrupción y partidos

Si un partido no quiere ser corrupto, debe decidir no serlo. Sus órganos de dirección deben decidir no financiarse ilegalmente o no utilizar dinero público para tejer una red de intereses y voluntades que le permitan perpetuarse en el poder. Si la élite de una organización preconiza o consiente la comisión de un delito, nada de lo que sigue tiene sentido.

Pero admitamos que un partido no quiere ser corrupto. Uno de los comentarios más enervantes de los dirigentes políticos de cualquier signo cuando uno de sus correligionarios es detenido o investigado por corrupción es justificar la actuación de su partido en la rapidez con la que el acusado ha sido suspendido de militancia o expulsado, además de añadir enfáticamente que no van a dejar pasar ni una. Y antes ¿qué? ¿Qué medidas ha tomado la cúpula dirigente del partido en cuestión para prevenir las prácticas delictivas en su seno? Toda organización que maneja poder y dinero es susceptible de verse envuelta en problemas de corrupción. Es un riesgo inherente a su propia naturaleza. Pero los riesgos se previenen, se gestionan y pueden minimizarse de manera drástica.

Por ejemplo, si se hubiera establecido que la duración máxima de cualquier mandato en un cargo público o en un puesto orgánico del partido era de ocho años y que los cargos no se pueden acumular, se habrían evitado problemas. Por poner un ejemplo, el recientemente detenido Alfonso Rus fue suspendido de militancia en 2015 al filtrarse una grabación en la que contaba dinero. Hasta ese momento, Rus llevaba 20 años de alcalde de Xátiva, 11 de presidente del Partido Popular en Valencia y ocho de presidente de la Diputación de Valencia. No se trata de un caso aislado. La perpetuación en el poder del PSOE en Andalucía, de CiU en Cataluña o del PP en Madrid y Valencia determina la existencia de una correlación directa entre la corrupción y la ausencia de alternancia política.

Rotar al personal que ocupa determinados cargos es una práctica habitual en cualquiera de nuestras grandes empresas. Como esta iniciativa, existen otras, ninguna de carácter extraordinario, que tratan de prevenir prácticas irregulares. Cabe exigir a nuestros partidos políticos que las pongan en práctica.

La perpetuación en el poder del PSOE, CiU o el PP determina la existencia de una correlación directa entre corrupción y ausencia de alternancia política

Todas las grandes empresas tienen departamentos de auditoría interna, que no dependen del área económica de la compañía sino del comité de auditoría del consejo, cuya misión es verificar que todas las operaciones de la compañía se realizan de acuerdo con los procedimientos previamente aprobados. El proceso de compras es especialmente sensible. Los proveedores deben estar previamente homologados, han de acreditar su capacidad técnica para prestar el servicio que se solicita y cualquier adjudicación debe ir precedida del correspondiente proceso competitivo. Esta competencia, toda vez que los proveedores han acreditado su capacidad, suele ser puramente económica. Existen incluso subastas electrónicas en que los oferentes pueden bajar su oferta hasta ganar o abandonar en tiempo real. La recepción del producto o servicio debe coincidir con el pedido efectuado, del mismo modo que la factura. Todo el proceso se administra a través de procesos informáticos que registran cualquier incidencia. Cualquier hipotética excepción a la regla general queda registrada, así como la persona que ha autorizado la excepción.

Práctica habitual también es el análisis estadístico 'a posteriori' de las adjudicaciones efectuadas. Un proveedor nuevo que empieza a ganar concursos de forma importante o un proveedor tradicional que mantiene sistemáticamente una elevada cuota porcentual de las adjudicaciones efectuadas son objeto recurrente de análisis por parte de los servicios de auditoría interna. Estos servicios, por último, suelen contar con un sistema confidencial de denuncia, tanto interno como externo, que permite comunicar cualquier irregularidad observada. Las cuestiones planteadas se analizan y se procede en consecuencia en función de los resultados obtenidos.

La elección democrática entre los miembros de cada agrupación local de los candidatos a las elecciones municipales dificulta el establecimiento de dependencias o, si se prefiere, de la 'obligación' de devolver favores, palanca inicial en muchas ocasiones de trapicheos que devienen en algo mucho más grave.

Sentido común, rigor y transparencia. Si de verdad se aplicaran, la corrupción retrocedería. No vale el lamento posterior, hay que exigir el trabajo previo

La supresión de ámbitos de decisión como las diputaciones provinciales, o en algunos casos las comarcas, contribuiría a sanear reductos que en muchas ocasiones escapan a la fiscalización de los órganos de control autonómicos o estatales. En esta línea, hay que ser absolutamente beligerante con la creación por parte del poder político de empresas dedicadas a objetos sociales redundantes o etéreos. Sirvan como ejemplo la empresa valenciana dedicada a la construcción de colegios (¿no hay constructoras grandes, medianas o pequeñas suficientes en Valencia o en España?) o empresas dedicadas al 'impulso económico' de una determinada comarca, provincia o comunidad. Detrás de estas iniciativas, no suele haber más que el deseo de escapar a las restricciones legales de la contratación pública, el deseo de contar con un ámbito de decisión propio que permita en principio algunas liberalidades que indefectiblemente, al final, tienden a mutar en algo más grave.

Los partidos deberían publicar sus cuentas trimestralmente y auditarlas cada seis meses por una firma auditora de primera fila, que debería verificar no solo la veracidad de las mismas sino también el estricto cumplimiento de la Ley de Financiación de Partidos Políticos y cualquier otra norma legal que en el plano económico le sea de aplicación.

Estas ideas ni son ni pretenden ser exhaustivas. Expertos contables, en control de gestión, o cualquiera que conozca en profundidad el funcionamiento de los partidos políticos pueden aportar muchas más e incluso más útiles. Todas ellas confluirán en tres principios: sentido común, rigor y transparencia. Si de verdad se aplicaran, la corrupción retrocedería. No vale el lamento posterior, hay que exigir el trabajo previo.