Nacionaliza, que algo queda

La breve detención del expresidente Lula da Silva para ser interrogado por sus presuntas implicaciones en la trama de sobornos de Petrobras pone de nuevo encima de la mesa la instrumentalización de las empresas estatales en favor del poder político. La izquierda latinoamericana, hoy en declive, encarnada por Chávez y Maduro en Venezuela, Lula y Dilma Roussef en Brasil, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y el matrimonio Kirchner en Argentina, ha detentado o detenta el poder político en países con abundantes reservas de petróleo y gas.

Todos ellos, con las diferencias derivadas de su personal idiosincrasia, de su manera de entender la política y la economía y de la tradición industrial de sus países, han considerado prioritario el control por parte del Estado de la actividad empresarial dedicada a la producción de hidrocarburos. Sociedades mixtas con mayoría estatal en Venezuela y en Bolivia, contratos de servicio en Ecuador o la pura y simple incautación de YPF en Argentina son algunas de las decisiones políticas adoptadas en esa línea.

La nacionalización o la mayoría estatal en las empresas o consorcios productores de petróleo no son imprescindibles para allegar al Estado buena parte de los ingresos derivados de la producción de petróleo o de gas. A través de las estructuras fiscales correspondientes, cualquier país productor se reserva, en líneas generales, entre el 70 y el 90% del valor de lo producido. Además de las regalías ('royalties') en dinero o en especie y del impuesto sobre beneficios, existen figuras impositivas de todo tipo. El control público de la actividad empresarial no responde a la necesidad de retener una riqueza: tiene por objeto la sumisión de los intereses empresariales a los objetivos políticos del Gobierno. Pueden ser intereses de política exterior, industrial, social o de otro tipo. Lo importante es que el supremo intérprete de dichos intereses sea el Gobierno. La simple idea de que la empresa desarrolle su actividad con plena autonomía, busque la máxima eficiencia, cumpla con la ley y la regulación específica que le afecte y pague todos sus impuestos sin mayor interferencia estatal no ha sido compatible con los postulados de la izquierda en el poder.

A través de las estructuras fiscales correspondientes, cualquier país productor se reserva, en líneas generales, entre el 70-90% del valor de lo producido

Brasil no ha sido una excepción. A partir de 2006, se produjeron importantes descubrimientos de petróleo en varios sondeos perforados en aguas profundas. Los correspondientes análisis geológicos permitieron estimar la existencia de una ingente cantidad de recursos ubicados bajo la capa de sal procedente de la desecación de un antiguo mar prehistórico, cuando las placas tectónicas de América y África no sabían si juntarse o separarse. Se estimó que el área en cuestión, conocida como el Presalino, de varios miles de kilómetros cuadrados, podía albergar más de 45.000 millones de barriles, cantidad suficiente como para abastecer el 10% del consumo mundial durante algo más de 13 años.

La decisión del Gobierno brasileño fue aprovechar la oportunidad para recuperar la mayoría accionarial en Petrobras. Parte del área del Presalino estaba siendo ya explorada por diferentes empresas cuya actividad había dado lugar a los descubrimientos iniciales, pero la mayor parte estaba pendiente de adscripción. De acuerdo con la legislación brasileña, el Estado debía sacarla a concurso. Sin embargo, se modificó la normativa y buena parte del área fue aportada a Petrobras como ampliación de capital suscrita por el Estado brasileño. Obviamente, la ampliación fue objeto de controversia. En una empresa que cotizaba en bolsa, el Estado pasaba a tener más del 50% del capital a través de la aportación de un área en la que se estimaba que había grandes cantidades de petróleo, pero se ignoraba cuánto y, sobre todo, se requerían ingentes inversiones para materializar el valor aportado. Aunque se incluían cláusulas de salvaguardia, el ejercicio de las mismas entre una empresa de mayoría estatal y el propio Estado brasileño no parecía suficiente garantía para el inversor privado, afectado por esta sutil nacionalización.

Se modificó la normativa y buena parte del área fue aportada a Petrobras como ampliación de capital suscrita por el Estado brasileño

Para explorar el resto del área del Presalino, es decir, la que ni estaba siendo explorada ni había sido 'aportada' a Petrobras, se aprobó una nueva legislación, según la cual diferentes bloques se otorgarían por concurso con las siguientes limitaciones: Petrobras siempre sería el operador, tendría una participación mínima del 30% en cada consorcio y el Estado brasileño, a través de Petrobras y de una nueva entidad que participaría de los beneficios de la explotación de los yacimientos y los destinaría a fines sociales, se reservaba al menos el 51% de los votos en cualquier consorcio. Conviene aclarar que para mitigar el riesgo inherente a la exploración, las diferentes compañías tienden a asociarse. Crean consorcios regulados por un acuerdo de operación conjunta que designa a una de las compañías como 'operador' y establece un sistema de mayorías necesarias para la toma de decisiones. Decisiones trascendentales pueden requerir unanimidad, mientras que por ejemplo la adjudicación de contratos se decide por mayoría simple en la mayor parte de los casos.

A través de ambos mecanismos, la ampliación de capital de Petrobras y la nueva ley sobre la explotación del Presalino, el Gobierno se reservaba la capacidad de adjudicación de un flujo inmenso de fondos para efectuar las contrataciones necesarias para explorar y desarrollar los nuevos yacimientos: desde trabajos de ingeniería y alquiler de barcos y plataformas hasta suministros de cualquier tipo de material o servicio.

Una ingente cantidad de dinero mediatizada por el poder político y concentrada en una empresa. Un poder político mediatizado por sus necesidades financieras y por las de los otros seis partidos que conforman con el PT la mayoría presidencial. Unas empresas conscientes de que su futuro depende más de una decisión política que de su capacidad competitiva y unos directivos, en fin, acostumbrados a convivir con decisiones no necesariamente empresariales son los ingredientes de la receta que ha dado con Lula da Silva en comisaría.