La preverdad: todo lo que nos estamos callando sobre el Yak-42

Trillo se ha convertido en el centro político del asunto, y es lógico. Pero más allá de su persona, aquel evitable accidente nos dice mucho sobre cómo funcionan las cosas

Foto: Familiares del accidente del Yak-42 conmemoran su decimotercer aniversario. (EFE)
Familiares del accidente del Yak-42 conmemoran su decimotercer aniversario. (EFE)

Las palabras del año han sido 'populismo' y 'posverdad', siempre entendidas en relación. Tanto el Brexit como la victoria de Trump fueron descritos como consecuencia de las mentiras que sus partidarios habían difundido y que mucha gente, ignorante y estúpida, cuando no ideológicamente cerril, se había tragado. Es una versión particularmente tranquilizadora para las élites perdedoras (políticos, economistas, medios de comunicación dominantes, intelectuales oficiales, etc.), que siempre pueden difundir una lectura en la que ellos conservan la posición racional y los paletos han sido timados. Pero esta interpretación es una clase de posverdad; es falsa, tanto como la que recriminan a sus contrincantes. Quizá sería mucho mejor que empezásemos a hablar de la preverdad para que sepamos el instante social en el que estamos. Y qué mejor ejemplo que el asunto del Yak-42.

En él existe una dimensión social que tiende a quedar sepultada por las posturas encontradas acerca de su principal protagonista, el que fuera ministro de Defensa en el tiempo en que ocurrieron los hechos, Federico Trillo, y de paso por la responsabilidad del actual presidente del Gobierno por premiarle con un puesto como embajador en Londres. No es mi intención entrar en esta discusión, aunque mi postura es clara: Trillo debería haber sido (como mínimo) cesado inmediatamente en cualquier sistema que respetase las reglas democráticas y el principio de responsabilidad por los propios actos. Punto.

Un sistema contra sí mismo

Pero tenemos que hablar también de las consecuencias políticas de esto, o por decirlo de otro modo, de en qué se ha convertido la política. Porque este es un asunto que explica de una manera diáfana las razones por las que la democracia se ha ido deteriorando de una manera notable, por qué los partidos tradicionales están perdiendo el favor de la gente y por qué cada vez hay más descontento canalizado electoralmente.

El ser humano soporta adversidades, en ocasiones injusticias, pero cuando a todo ello se suman las mentiras y el cinismo, la reacción es inevitable

La política contemporánea tiene una enorme capacidad para ir en contra de los valores que debería defender, de aquellos que constituyen el centro expreso del sistema, y ningún asunto como el del Yakovlev 42 para entender qué está funcionando mal. El ser humano soporta las adversidades, en ocasiones las injusticias, pero cuando a todo ello se suman las mentiras y el cinismo, la reacción es inevitable, por el camino que sea. Al PP le ocurrió con los hilillos que salían del 'Prestige' o con su nefasta negación de la realidad el 11-M, pero, por desgracia, no es un mal que solo competa a un partido. Repasemos lo que ocurrió con el Yak-42 para entender mejor las cosas.

El dinero

El transporte que debía trasladar a España a nuestros militares destinados en Afganistán se subcontrató a Namsa, la agencia de abastecimiento de la OTAN, a la que se pagaron 149.000 euros. De ellos, solo unos 36.500 euros fueron cobrados por la compañía que prestó el servicio, UM Air. El resto se lo embolsaron cinco subcontratistas. Trillo calificó este sistema de “cadena de confianza”. Estas subcontratas se realizan por dos motivos: o para ahorrar o para facilitar que alguien se lo lleve. Quizás haya indicios de que alguien pudo ganar dinero con estas operaciones, pero como no hay pruebas, nos quedamos con la primera hipótesis, lo cual pone de manifiesto una gestión estúpida: contratas un servicio por 149.000 y consigues uno de 36.000. El gestor debería estar en la calle, ¿no?

Las advertencias

Al ofrecer un servicio de mucha menor calidad, las quejas de los militares por el estado de los aviones comenzaron a llegar al Ministerio de Defensa. Y también las advertencias: un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (Ciset) de 28 de abril de 2003, casi un mes antes del accidente, exponía que “se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”. Las protestas y el informe fueron pasados por alto.

El accidente

Como resultado de esta rebaja en la prestación del servicio y de la persistencia en los errores, el traslado a España de los militares, gente que se estaba jugando la vida en nombre de su patria en Afganistán, se produjo en un avión viejo, que no cumplía las condiciones mínimas de seguridad, cuya caja negra llevaba 45 días averiada, cuyo indicador de combustible no funcionaba, al mando de una tripulación cuya experiencia era desconocida y cuyos pilotos llevaban volando más de 22 horas seguidas. El milagro habría consistido en que no pasase nada.

La nefasta reacción

Tras el accidente, para las familias llegó el drama, pero el Ministerio de Defensa y el Gobierno consideraron que era un problema político que podía dañarles, y dedicaron sus esfuerzos a que no les salpicase el escándalo. Quizás habría estado bien abrir una investigación, sancionar a los responsables, pedir perdón a las víctimas y ayudar a sus familiares en todo lo posible. Cualquier Gobierno sensato habría apostado por honrar a los militares y por ayudar a las familias a superar el dolor. Lo que se hizo fue todo lo contrario, intentar tapar el asunto lo más rápido posible, lo cual llevó a una situación kafkiana en que los restos de los fallecidos no fueron correctamente identificados. Todo se hizo con una celeridad inusitada y fraudulenta: la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2009 al general médico Vicente Navarro a tres años de prisión y a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez a un año y seis meses por un delito de falsedad en documento oficial, al haber alterado las identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos.

El desprecio

Pero eso fue seis años después, en mayo de 2009. Hasta entonces, los familiares de los fallecidos tuvieron que soportar las presiones, los insultos (“solo quieren dinero y pretenden hacer daño al ejército”, como afirmaba el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Luis Alejandre) y el rechazo de aquellos que debían haberles ayudado. Manda huevos, que diría Trillo.

Los indultos

Después de muchos años y varias sentencias después, consiguieron que se reconociera la responsabilidad patrimonial del Estado (entre otras cosas, porque el seguro obligatorio de cada pasajero no se había suscrito) y las condenas citadas. Entretanto, había llegado Bono al Ministerio de Defensa, y las cosas habían cambiado, pero no lo suficiente. Según cuenta Bono, un dirigente del PP le espetó: “Rajoy dice que nos estamos portando muy bien contigo y que tú eres el ministro que más daño nos hace, pero tenemos mucha información tuya y te vamos a empapelar como sigas con el Yakovlev”. Para rematar el asunto, el Gobierno de Rajoy concedió el indulto en abril de 2012 a los tres militares condenados por falsear las identificaciones.

Esto no va de culpables, ni de dinero, ni de la responsabilidad política. Va de los valores que una sociedad debe defender, y de los que defiende

Hasta aquí los hechos, que siguen un esquema demasiado conocido y demasiado frecuente: primero se cometen actos claramente erróneos (o ilícitos), después estalla el problema, más tarde se lo minimiza o se intenta hacer pasar por una tragedia inevitable, luego se trata de tapar rápidamente, y cuando eso no surte efecto, se criminaliza a quienes lo difunden.

Cada vez que surge un escándalo, de los grandes o de los pequeños, de los que ponen en tela de juicio el sistema como la crisis económica, o simplemente los que dañan a un partido en concreto, este esquema tiende a repetirse, lo cual abarca mucho más allá de una simple negación. Nuestro orden social está en permanente tensión entre la racionalidad que se atribuye, las disfunciones que provoca y la deslegitimación de la crítica. El problema de esto es un deterioro en el sistema mismo.

La ruptura del sentido

Porque, en el fondo, esto no va de culpables, ni de dinero, ni de la responsabilidad de un partido en concreto. Va de los valores que una sociedad debe defender y de los que en realidad defiende; de cosas que nunca debe olvidar y que desprecia con demasiada frecuencia. El presidente de la asociación de víctimas lo ha señalado de una forma evidente: “Mi hermano fue a esa misión por unos valores que nos rompieron y necesitamos que estos valores se restablezcan”.

Echemos cuentas de todos los que tienen responsabilidad en nuestros problemas y han sido pagados con generosas indemnizaciones por ello

Es esta ruptura de todo sentido lo que más está dañando a la democracia actual. No hablamos de un hecho aislado que se produjo años atrás, sino de algo que está en la raíz del descontento que anida en nuestra sociedad. Es algo que está presente con mucha frecuencia, demasiada para lo que podemos soportar. Tampoco es un suceso aislado, sino que se repite una y otra vez. Echemos cuentas de todos los que tienen responsabilidad en nuestros problemas actuales y han sido pagados con generosas indemnizaciones o pensiones, como esos gestores de empresas privadas cuyas cuentas no salen y después las tenemos que pagar nosotros, en todos los corruptos que han evitado la cárcel y que viven en la abundancia, en todos los políticos que han dejado las cuentas públicas tiritando y siguen cobrando del Estado, en todos los que han criminalizado a las víctimas y les han ascendido por ello. La última noticia en este sentido es la de Martin Winterkorn, el ex CEO de Volkswagen que estaba al frente cuando estalló el 'dieselgate', y cuyo castigo es una pensión de 3.100 euros diarios. También ocurrió con los banqueros que provocaron la crisis: a algunos de ellos se les despidió, pero con indemnizaciones millonarias; o con los gestores de empresas que quiebran y que luego el Estado rescata mientras nosotros hacemos frente a la factura, como siempre.

La preverdad

En una sociedad en la que los malos se llevan los premios y las personas decentes ven cómo su nivel de vida desciende, sus posibilidades de futuro se reducen y la justicia brilla en demasiadas ocasiones por su ausencia, hablar de posverdad es una broma. Esta preverdad, que es la de un sistema que no funciona porque no defiende los valores que lo sostienen, no puede pasarse por alto. Puestos uno tras otro, los hechos del Yakovlev 42 son una lista de avaricia, mala gestión, ineficiencia, cinismo e inhumanidad, algo que vemos en exceso en este sistema. La respuesta de las élites ha sido, y no otra cosa es el término posverdad, responsabilizar a la gente (“Sois estúpidos, os creéis todo, la culpa es vuestra”), que es lo que se hace siempre cuando las cosas se tuercen (“Sois los responsables de la crisis, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades”). Y luego dicen que hay populismo. Bastante poco hay para lo que debería haber.

Postpolítica

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