Gürtel: responsabilidades políticas de uno de los mayores escándalos de la democracia

Como Esperanza Aguirre no es Rajoy, que decía estar obligado a ser justo con su ex tesorero Luis Bárcenas y tener alguna prueba de que se

Como Esperanza Aguirre no es Rajoy, que decía estar obligado a ser justo con su ex tesorero Luis Bárcenas y tener alguna prueba de que se lo había llevado crudo antes de fumigar su despacho, a la presidenta de Madrid le ha bastado echar un vistazo a la parte del sumario de la trama Gürtel sobre la que se ha levantado el secreto para expulsar del grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid y de los distintos grupos municipales a los diputados regionales y ex alcaldes imputados en el caso. Aguirre venía a responder así al “no podemos hacer nada más” de Cospedal, al “nos apoyamos todos y eso es muy bonito” de Camps y al consejo de Rajoy de contemplar con indiferencia las informaciones sobre la corrupción galopante en el PP. Dejar en mal lugar a Rajoy no es muy complicado para quien, además, practica ese deporte a diario.

Sin entrar en detalles, de lo conocido hasta el momento pueden extraerse algunas conclusiones relativas al PP: ha habido dirigentes a sueldo de la red de Correa, también conocido como Don Vito; se ha incurrido en presuntos cohechos en forma de coches, joyas, relojes y dinero en metálico; ha habido constructoras que han pagado gastos corrientes del partido a cambio de contratos públicos; y a consecuencia de ello, forzosamente se ha prevaricado y se han cometido supuestos delitos electorales. Pese a todo lo anterior, Rajoy considera demostrado que no ha habido financiación ilegal y que el PP ha sido víctima de unos corruptos muy desaprensivos. Desde luego, es una forma curiosa de contemplar la realidad.

Estamos ante uno de los mayores escándalos políticos de la democracia, cuyo alcance respecto del número de implicados y de las cantidades manejadas supera con creces a la trama de Filesa. Su efectos serán demoledores para el PP -aunque la ceguera de su líder le impida ver más allá de las últimas encuestas-, pero también para el conjunto del sistema, cada día más desprestigiado a los ojos de una ciudadanía descreída, a la que se pide honradez, esfuerzo y sacrificio mientras observa cómo los servidores públicos que debían servirle de espejo se enriquecen obscenamente.

Siguiendo la doctrina que puso de moda Aznar cuando exigía responsabilidades políticas al PSOE por los distintos casos de corrupción en los que se vieron envueltos los Gobiernos de Felipe González, Rajoy ha de ser considerado culpable por acción o por omisión, ya fuera porque mirara hacia otro lado o porque su ignorancia de lo ocurrido le incapacita para dirigir un partido, y mucho menos un país. ¿Cómo es posible que, tras sospechar que Correa quería extorsionarle y ordenar que la dirección nacional del PP dejara de trabajar con sus empresas, consintiera su presencia en Madrid o en Valencia? ¿Creyó acaso que le había cambiado el carácter al conseguidor de la gomina?

Sobrepasado por los acontecimientos, Rajoy ha dado muestras de ser un político paralizado, rehén de uno de sus barones, Francisco Camps, cuya resistencia a cortar por lo sano, si es que queda algo sano a su alrededor, no ha hecho sino avivar las sospechas de que la implicación del presidente valenciano con la red de corrupción sobrepasaba la mera relación de sastrería. Tal y como han acreditado las conversaciones del sumario, El Bigotes no sólo era su amiguito del alma, sino quien podía convencerle para hacer consejero a Ricardo Costa, ese amante de los Infiniti y de los relojes de 20.000 euros.  Así que Camps se ha resistido a desprenderse de sus colaboradores por si cae con ellos, y Rajoy no se ha atrevido a obligarle por si pierde apoyo electoral en Valencia, que es lo que le garantiza ese señor que está siempre tan contento.

El gallego no puede escudarse en que la demora en destituir a Costa sólo es achacable a Camps porque los Estatutos del PP le facultan expresamente cuando, entre las prerrogativas del presidente, recoge la de “proceder directamente a la apertura de expediente disciplinario, suspendiendo provisionalmente al afiliado de todas las responsabilidades que ostente en el partido”. En definitiva, que Rajoy siempre ha podido separar el trigo de la paja por el artículo 33, que en el PP es el 41.

Pero volvamos a las responsabilidades políticas. Si Felipe González, tal y como le exigía el PP, debió dimitir por haber nombrado a Luis Roldán director de la Guardia Civil –lo recordará bien ese estratega llamado Federico Trillo-,  ¿no tendría que hacerlo Rajoy por haber confiado a Bárcenas la caja del partido? ¿No tendría que dimitir Camps tras confirmar la Policía que su vicepresidente y su secretario general manejaban los hilos de la financiación irregular? ¿No debería hacer lo mismo Esperanza Aguirre por haber tenido como consejero a López Viejo, otro de los imputados?

Tan sorprendente como la pasividad de Rajoy es la del resto de partidos a la hora de plantear iniciativas que hagan imposible que tramas como la de Gürtel puedan reproducirse en el futuro. Nuestros políticos, siempre dispuestos a modificar a la carta el Código Penal en función de los titulares del día –violencia infantil, pederastia, terrorismo- no han debido de ver en esta ocasión alarma social y siguen cruzados de brazos, en parte porque nadie tira piedras contra su propio tejado pidiendo que se eleven las penas por cohecho. La pregunta de cuándo van a regular la cuantía de los regalos que pueden recibir tiene por ahora una sola respuesta: Ad calendas graecas.

El  problema fundamental es la falta de transparencia, eso que nos sitúa en los informes sobre corrupción al mismo nivel que Qatar. Sirva como ejemplo que hemos tenido que esperar varios años para saber que el empeño de Gallardón con la candidatura olímpica de Madrid 2016 ha costado 37,8 millones de euros, entre aportaciones públicas y privadas. ¿No deberíamos haber ido conociendo los gastos día a día para decidir si nos compensaba o no la corazonada del alcalde?

La única forma de acabar con la corrupción es la información. Las adjudicaciones públicas, las actuaciones urbanísticas y las cuentas de los partidos, incluidos sus movimientos de caja y su endeudamiento, habrían de poder ser conocidas en tiempo real por cualquier ciudadano a través de Internet. Queremos saber en cuánto se presupuesta un edificio, qué ofertas se presentan, quién compone la mesa de adjudicación, quién se lo adjudica y con qué criterios, qué reformados se presentan, cómo se va pagando y por cuánto nos sale al final la broma. Tendríamos que poder mirar a través de los cacareados bolsillos de cristal de los políticos para conocer en cada momento el listado de sus bienes y su evolución. En vez de eso, tenemos fiscalizaciones extemporáneas, como la del Tribunal de Cuentas, y registros de intereses de acceso restringido. A nadie le interesa cambiar ese estado de cosas. ¿Por qué será?

Sin Enmienda
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