Donde esté un buen propagandista, que se quite un periodista

Lo ocurrido esta semana en el Consejo de Administración de RTVE es una muestra de lo que los partidos creen que son los medios de comunicación
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    Lo ocurrido esta semana en el Consejo de Administración de RTVE es una muestra de lo que los partidos creen que son los medios de comunicación públicos: un instrumento a su servicio. Es también un ejemplo de la consideración que les merecen los periodistas que trabajan en ellos: vasallos a sus órdenes.

    La pretensión de tener acceso al contenido y minutaje de los telediarios antes de su emisión no tiene otro objetivo que interferir por interés partidista en los criterios de los informadores. Una vergüenza de la que no solo son responsables los cuatro representantes del PP, que promovieron la iniciativa, y del de CiU, que la apoyó. Lo son también los consejeros del  PSOE, ERC y CC.OO, que con su abstención permitieron que fuese aprobada. Sólo Teresa Aranguren, en representación de IU, y Santos Miguel Ruesga, de UGT, se opusieron a una decisión que recuperaba la censura previa a dos meses de las elecciones generales. ¿Qué pretendían los abstencionistas?, ¿hacernos creer que ellos no tenían nada que ver?, ¿que toda la responsabilidad era del PP? Mirar para otro lado ante semejante ataque a la libertad de expresión no les exonera, les convierte en cómplices.

    La indignación de los profesionales de la casa y la repercusión en los medios de comunicación, asociaciones y sindicatos de periodistas ha obligado al consejo a dar marcha atrás, pero no es suficiente. Rectificar no es en esta ocasión de sabios, como ha dicho Mariano Rajoy, porque la rectificación no es la consecuencia del reconocimiento de un error, sino una decisión obligada al descubrirse sus propósitos. No diluye sus responsabilidades ni tapa sus vergüenzas. Deben dimitir, y si se resisten hay que echarlos.

    Los medios de comunicación públicos no están para servir ni a los partidos políticos ni al Gobierno de turno, sino a los ciudadanos. Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y, como ocurrió en las pasadas municipales y autonómicas, los partidos exigirán un control absoluto de los espacios informativos dedicados a la campaña. La decisión de lo que es noticia y lo que no, lo que es información y lo que es demagogia sin interés para los ciudadanos, lo que es relevante y lo que es secundario debe ser responsabilidad exclusiva de los periodistas. Si no es así, la propaganda suplanta a la información.

    Mariano Rajoy hizo una exposición de la televisión pública que quiere al ser preguntado por lo ocurrido en RTVE. Dijo que debe ser imparcial, ajena a los partidos y al Gobierno de turno. Y una de dos, o miente, o no ve, por ejemplo, los informativos de Telemadrid (léase Esperanza Aguirre) donde la manipulación política en beneficio del PP da vergüenza ajena. O los de Canal 9, que ha ignorado el caso Gürtell porque salpicaba al PP de Francisco Camps, que siendo aún presidente nombró portavoz de su Gobierno a la directora de su televisión, Lola Johson, en agradecimiento a los servicios prestados.

    Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que no comparte lo ocurrido y que se alegra de la rectificación. Lástima que no saliera en defensa de la televisión pública cuando su compañera María Teresa Fernández de la Vega, siendo vicepresidenta del Gobierno, la condenó a muerte al dejarla sin publicidad para contentar a las privadas.

    Si ambos candidatos y sus partidos creen de verdad en la libertad de expresión pueden demostrarlo en la próxima campaña electoral permitiendo que las cámaras de televisión entren en los mítines, graben las intervenciones de los oradores y decidan lo que se emiten o no, en lugar de facilitar la información enlatada con lo que a ellos les conviene. Podrían también renunciar a las ruedas de prensa sin preguntas (un contrasentido; deberían llamarse “bandos”), en la que los periodistas son meros copistas que no pueden preguntar ni cuestionar las palabras del político.

    No quiero terminar esta columna sin citar a los censores del consejo de administración de RTVE: Rosario López, promotora de la proposición, Manuel Esteve, Jesús Andreu y Andrés Martín en representación del PP. Miguel Ángel Sacaluga y Mari Cruz Llamazares por el PSOE; Josep Manuel Silva (CiU); Francesc Bellmunt (ERC) y Héctor Maravall (CC.OO), que dimitió ayer. Para más inri, Sacaluga, Martín Velasco, López Miralles y Silva son periodistas de RNE y TVE, de la casa, para desgracia de la profesión. Tal vez a ellos no les mueva el interés partidista, sino la esperanza de que su mansedumbre sea recompensada.

    Hasta el próximo sábado.

    Tirando a Dar
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