La justicia no puede convertirse en venganza

La forense de la Audiencia Nacional emitió ayer un informe sobre el estado de salud del etarra Josu Etxeberria Bolinaga que contradice los emitidos previamente por un equipo médico del Hospital Donostia, en el que está ingresado, y la junta de tratamiento de la prisión en la que cumplía condena. Para la forense el cáncer que padece no es terminal, puede ser tratado en prisión y, por tanto, no procede su excarcelación. Los facultativos del centro médico sostienen justo lo contrario, que sí es terminal y que su esperanza de vida no supera el año.

Todos los informes están en poder del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, que tendrá que decidir qué diagnóstico le parece más fundamentado. Tarea compleja para quien es profano en la materia y se encuentra con dos conclusiones radicalmente opuestas. No voy a entrar en el debate médico, para eso están los galenos, pero sí en el debate político que ha suscitado el “caso Bolinaga”.

La excarcelación de un preso de ETA genera siempre la crítica de sus víctimas, para quienes los años pasados en prisión son insuficientes para compensar el daño que causó, y de un sector de la sociedad que considera que los autores de delitos terroristas deben pudrirse en la cárcel. Unos y otros coinciden, en fin, en que la Justicia es demasiado blanda con los terroristas.

Su opinión es respetable, como la de quienes opinan lo contrario, pero aplicar la ley no es sinónimo de rendirse a los asesinos y de traicionar a las víctimas, como han acusado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por haber concedido el tercer grado penitenciario a Bolinaga, pese a que lo hizo guiándose exclusivamente por los informes médicos. El ministro ha sido valiente, y resulta descorazonador tener que calificarlo así por haber aplicado la ley, pero en casos tan sensibles como este hacerlo exige decisión y firmeza para no plegarse a las presiones de las víctimas, aunque entienda su postura.  

No alcanzo a imaginar el sufrimiento de quienes han perdido a un hijo, a su padre o a un hermano en un atentado terrorista, porque debe ser inabarcable, pero el dolor no puede convertir la justicia en venganza, por más detestable que sean los crímenes cometidos. A quienes consideran que la ley es benévola con los asesinos hay que recordarles que las paulatinas reformas del Código Penal han endurecido las penas por delitos de terrorismo hasta llegar a la práctica cadena perpetua (40 años efectivos de reclusión sin posibilidad de redimir). Si hay algún partido cree, como las víctimas, que las penas son insuficientes, que lo diga y lleve su propuesta al Parlamento.  

Justo ayer, el ultraderechista noruego Anders Behring, que el pasado verano asesinó a 77 personas, la mayoría adolescentes, que participaban en un campamento juvenil del Partido Laborista Noruego en la isla de Utoya, fue condenado a 21 años de reclusión; la máxima pena que se puede imponer en el país nórdico, aunque se puede prorrogar si el condenado es considerado un peligro. Behring asesinó a sus víctimas una a una, y durante la vista, celebrada estos días, se mostró orgulloso de lo que hizo. Cuando le comunicaron la sentendia esbozó una sonrisa, contento porque el tribunal le considera criminalmente responsable y no un loco. ¿Creen que Noruega defiende a los asesinos por haberlo condenado a una veintena de años? Yo no, porque se han limitado a aplicar la ley.

Quienes piden que Bolinaga muera en prisión  llevan dos semanas poniendo en duda el acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento de la prisión y el informe de un equipo médico, que después de las pruebas que ha considerado oportunas para establecer un diagnóstico ha llegado a la conclusión de que el etarra padece un cáncer terminal. ¿Son todos ellos sospechosos de colaborar con ETA? ¿Por qué para algunos vale más la opinión del forense que la de los otros facultativos? Yo les contesto, porque les da la razón. Si no hubiera sido así continuarían con sus acusaciones. Un argumento adicional en su discurso es que Bolinaga no se ha arrepentido de sus crímenes ni ha tenido un gesto con las víctimas. Es cierto, pero la moral no pertenece al orden jurídico, sino a la conciencia y el respeto humano. Su concepto moral es infame, pero no es delito.

Jaime Mayor Oreja (PP), exministro del Interior con José María Aznar, ha criticado a Jorge Fernández Díaz, compañero de partido y actual titular de la cartera, por conceder el tercer grado a Bolinaga. Le falla la memoria, porque durante su gestión puso en libertad a 18 etarras aquejados de graves enfermedades, y acercó a más de un centenar a cárceles próximas al País Vasco. No juzgo sus decisiones, me limito a enfrentar lo que critica ahora y lo que él mismo hizo. La coherencia otorga credibilidad, como político y como persona.

La justicia no se puede convertir en venganza porque dejaría de serlo, y  mantener a Bolinaga en prisión contra viento y marea lo sería. Si tiene un cáncer terminal debe ser puesto en libertad porque así lo determina la ley, pero si no es así debe continuar en prisión. Así de simple. Quienes cumplen una pena, sean de ETA o no, pagan con la privación de libertad el daño causado. Esa es su condena, y no otra. Añadir medidas adicionales para hacer más dura su estancia en prisión es injusto, además de ilegal.

Hasta el próximo fin de semana.