Homenaje a quienes se manifiestan pacíficamente

El presidente Mariano Rajoy prefiere súbditos a ciudadanos, resignados a indignados, dóciles a críticos. Lo dejó claro en la conferencia que pronunció el pasado martes en la Americas Society de Nueva York, que inició con un homenaje a quienes no se manifestaron el pasado 25S. Un desprecio más a quienes se resisten a ser meros espectadores del recorte de sus derechos y salen a la calle para expresar de forma pacífica su disconformidad y hartazgo contra una clase política que no encuentra soluciones justas y distributivas a la salida de la crisis. Manifestarse se ha convertido en un acto subversivo y los manifestantes en turbas violentas.

A este Gobierno y al PP se les llena la boca defendiendo el derecho constitucional de manifestación, pero el pasado martes no dudaron en equiparar la convocatoria “Rodear el Congreso” con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y a los asistentes con los militares golpistas que pistola en mano asaltaron aquel día la Cámara Baja. No decían lo mismo cuando en 2005 doscientos cargos del PP (había incluso tres senadores) se manifestaron ante el parlamento gallego (lean en este enlace).

Los llamó “golpistas” la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y la secretaria de Organización del PP, María Dolores de Cospedal, que en las fechas previas a la convocatoria se dedicaron a echar leña al fuego del descontento para descalificar la protesta. Disentir no convierte a la gente en un peligro, salvo en las dictaduras, y quienes desde su responsabilidad institucional criminalizan a los manifestantes desprecian la democracia (de demo, pueblo, y cracia, gobierno), el gobierno del pueblo que dicen defender. Si esta es su manera de “escuchar” al ciudadano, es que su concepto de la democracia es el de una sociedad uniformada en la opinión. Si el Gobierno cree que el descontento se sofoca a palos se equivoca. Los ciudadanos protestan porque no comparten que los sacrificios para salir de la crisis se les exijan siempre a los mismos, la clase media y quienes menos tienen, mientras a los responsables de la situación se les exonera de responsabilidad

Hubo 36 detenidos a los que el Gobierno acusó de un delito contra las altas instituciones del Estado, castigado con entre 3 y 5 años de prisión. ¿Incurrieron el resto de manifestantes en el mismo delito? ¿Eran los detenidos, y no otros, los violentos? De las imágenes difundidas a través de las redes sociales no parece que las detenciones fueran precisamente selectivas, sino indiscriminadas, y amenazar con penas tan desproporcionadas parece más un acto de intimidación que de justicia. Afortunadamente, el juez Santiago Pedraz puso las cosas en su sitio.

Hubo provocaciones y hubo violencia por parte de grupos minoritarios de manifestantes, pero la respuesta de la Policía fue desproporcionada. No es plato de gusto que a uno le llamen hijo de puta y asesino, pero no son los únicos destinatarios de unos adjetivos con los que habitualmente se demoniza al que discrepa. Por cierto, ¿no es un insulto que te llamen golpista o antisistema por manifestarte? No pretendo justificar unas descalificaciones con otras, sino situar el vocerío en su justo término para que los hechos no se distorsionen de manera interesada.

Dejando a un lado las cargas policiales en las inmediaciones del Congreso (la primera se produjo contra un grupo de uniformados encapuchados de negro que portaban palos y banderolas rojas sin ningún anagrama, al que los propios manifestantes recriminaron), nada justifica que los antidisturbios persiguieran a los manifestantes hasta Atocha (¿protegían el perímetro del Congreso?) y penetraran en la estación de cercanías disparando pelotas de goma en sus accesos (a partir del minuto 5,50 de este vídeo, que íntegro es muy interesante).

No fue suficiente y bajaron a los andenes, donde golpearon de manera indiscriminada a viajeros con pinta de subversivos manifestantes, con la inestimable colaboración de esos pseudoservidores del orden que son los vigilantes jurados, que sumaron con gusto sus porras a las de la Policía. También intimidaron a los periodistas que grababan lo que ocurría. Qué incómoda es la prensa cuando su trabajo impide que la realidad sea sepultada con versiones oficiales.

Al día siguiente del 25S, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, e Ignacio Cosidó, director de la Policía, por citar solo a los responsables del ramo, ensalzaron la actuación policial ante unos manifestantes que calificaron de extremadamente violentos. La guinda del desatino la puso Cristina Cifuentes, que dijo que los concentrados habían lanzado 300 kilos de piedras contra la Policía. Pensaba hasta ahora que sólo se contaban manifestantes, pero los sofisticados sistemas de medición de las autoridades permiten también precisar el peso de las agresiones.

Si el Gobierno cree que el descontento se sofoca a palos se equivoca. Los ciudadanos protestan porque no comparten que los sacrificios para salir de la crisis se les exijan siempre a los mismos, la clase media y quienes menos tienen, mientras a los responsables de la situación se les exonera de responsabilidad. ¿Son extremistas? Que suba la prima de riesgo, baje la bolsa y se deteriore la imagen exterior de España no es responsabilidad de la gente que sale a la calle, sino de quienes hundieron este país con alevosía y premeditación en beneficio propio.

Si Rajoy y su Gobierno homenajean a quienes no se manifiestan, yo lo hago con quienes de manera pacífica tienen el coraje de hacerlo. Solo ellos pueden conseguir que los políticos dejen de dar la espalda a los problemas reales de quienes les colocaron en sus escaños para que les representen y no para que les sirvan.