Televisión pública o televisión privada, ¿quién gasta más?

Existe una corriente de opinión relativamente extendida que acusa a las televisiones públicas de dilapidadoras de fondos públicos, de manirrotas y de prolijas en el gasto porque corre a cuenta de los ciudadanos. En no pocas ocasiones, esta acusación de derroche ha sido alentada o directamente pronunciada desde las televisiones privadas dentro de una estrategia que, en el mejor de los casos, es claramente interesada y poco preocupada, obviamente, por los intereses comunes de todos los ciudadanos. Hasta aquí nada reprochable: las empresas no actúan en defensa de los ciudadanos, sino de sus accionistas. Su postura sería incluso legítima, propia de la competencia de mercado, si no fuese porque estas televisiones, actuando en régimen de concesión, utilizan recursos públicos, el espacio radioeléctrico.

El debate sobre el interés o no de contar con entes públicos de producción y emisión de productos audiovisuales, es ya largo y prolijo y tras de él se esconden argumentarios de toda índole que responden a interés espurios, en ocasiones, o a perfiles ideológicos muy singularizados. Vamos a tratar aquí solo de algunas de las facetas, relativas a la eficacia en la gestión, del vivo debate sobre televisión pública sí o no.

En general,  las empresas de televisión en todo el mundo se financian, básicamente, a través de dos posibles vías: la emisión de publicidad y/o recursos públicos que en la mayor parte de los casos se obtienen a través de diferentes tipos de tasas por la posesión de aparatos receptores. En Europa Occidental existe una larga tradición de aplicación de estas tasas, con carácter obligatorio para todas las familias o los poseedores de un aparato receptor, según sea el caso y el servicio audiovisual se suele encargar a una empresa pública. Más allá de los efectos de orden económico y de otro cariz de una u otra forma de financiación, lo cual afecta no sólo al coste efectivo que tiene para los ciudadanos sino también a aspectos importantes del orden socio político (tal como puede ser la incidencia de los grupos políticos en la sociedad a través de estos vehículos audiovisuales)  un tema de singular interés, en el caso español y en la mesa de debate en el momento actual, se refiere a la gestión de estos recursos.

Al tratar de establece de establecer criterios de eficacia empresarial en entes empresariales financiados con dinero público y sujetos a principios de equilibrio presupuestario, no resulta factible aplicar los criterios mercantiles al uso, puesto que gastos e ingresos se han de equilibrar, por ley. No cabe pues la comparación, con los indicadores mercantiles convencionales, hacer comparaciones sobre la gestión entre empresas públicas y empresas privadas del sector audiovisual. Podríamos, sin embargo, aproximarnos, en términos puramente cuantitativos, a un indicador homogéneo de eficacia para ambos tipos de empresas, poniendo en relación los gastos (o los  ingresos) con la audiencia a la que cada empresa atiende el debate sobre la eficiencia. Parece incluso más oportuno realizarlo en función de los ingresos que obtienen, si asumimos que ése es el coste que los ciudadanos, en su conjunto, acabaran pagando a unos u otros tipos de empresas audiovisuales cualquiera que sea en la forma financiación, publicidad o transferencias públicas.

Pues en una comparación interior y a escala estatal (es decir atendiendo a la misma población objetivo), la televisión pública del Estado, TVE, ha sido, en el año 2010,  la que más ingresos ha obtenido de todas las televisiones: un 30% más que Antena 3 y un 29% más que Telecinco. En paralelo, también fue la televisión con más audiencia en el conjunto de sus canales: un 24,1% de la audiencia, un 27% más que Telecinco y un 31% más que Antena 3.

En conjunto, los ingresos obtenidos por cada punto de audiencia, son bastante similares en las tres empresas. Telecinco es, ligeramente, la más eficaz, ya que ingresa (gasto para los ciudadanos) 37,9 millones de euros por cada punto de audiencia, mientras que Antena 3 y TVE están en niveles similares: 39,6 millones la primera y 39,2 millones la segunda. En cualquier caso, escasísima diferencia, que contrasta con las voces airadas que acusan a TVE de despilfarrar el dinero de los contribuyentes. Con el mismo dinero se consigue casi la misma audiencia que Telecinco y más que Antena 3.

Las comparaciones internacionales en esta materia, son más complejas, puesto que las estructuras empresariales de los respectivos sectores audiovisuales varían considerablemente así como las instituciones y las normas regulatorias del mismo. No obstante esta limitación, en la comparación internacional, en el ámbito de la UE, no sale malparada la cadena pública española.

Pero manejar los niveles de audiencia en abstracto como concepto de eficiencia es, cuanto menos, simplificador. Por dos motivos: primero, porque las propias televisiones privadas y los anunciantes segmentan la audiencia en función de criterios de consumo, de modo que es más valioso un adulto de mediana edad en un entorno urbano que un pensionista en un pueblo perdido, y, segundo, porque la gestión empresarial de las televisiones públicas está condicionada en su política de gasto y en su política de captación de audiencia por algunas obligaciones legales como la calidad o la imparcialidad de sus informativos.

A tenor de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre gustos televisivos de los españoles incluida en su Barómetro de mayo de 2010, TVE no es sólo que no malgaste sus ingresos, tal y como ha quedado claro en la comparación entre ingresos, sino que con una aplicación de eficiencia en términos de audiencia comparable a sus competidoras privadas, consigue objetivos que también son rentables para los ciudadanos. Para quienes consideran que existe una relación inversa entre calidad y rentabilidad en términos de audiencia, los resultados de la encuesta son demoledores: el primer canal de TVE es aquel que los ciudadanos consideran que ofrece mayor calidad, lo cual es directamente proporcional al hecho de que es el que goza de mayor audiencia. Telecinco es el canal que puede argumentar lo contrario con su propia experiencia pero no es universal esta verdad: es el segundo más visto pese a ofrecer la más baja reconocida por los ciudadanos.

Aun más, cuando se les pregunta cuál es el canal más comprometido con la sociedad, es decir, aquel que mejor sirve a los intereses de los ciudadanos, el veintisiete por ciento nombra a TVE1 y el trece por ciento a La 2. Por correspondencia, sólo el 5% de los encuestados responde que Telecinco y Antena 3 son los canales más comprometidos con la sociedad. Y ello pese a que su propia actividad está condicionada por la licencia que le ha concedido la sociedad vía la regulación estatal. Por último, y considerando que la información es una parte primordial de la convivencia social y democrática a la que deben ajustarse por ley todas las televisiones que emite en España, TVE es de nuevo la que cumple con sus objetivos de manera más diáfana. Aparte de que sus informativos sean los más vistos, el veintitrés por ciento de los encuestados considera que TVE1 es el canal más neutral e imparcial, una cifra que baja la mitad para Antena 3 y a la cuarta parte para Telecinco.

Por tanto, ¿quién está malgastando el dinero que le entregan los ciudadanos a través de sus impuestos o a través de la explotación de una concesión pública? Los datos son meridianamente claros. TVE cumple con sus obligaciones de servicio público y ofrece una panoplia de beneficios para la sociedad a un coste similar al que, para ellos tienen, todos los canales públicos.

Santos M. Ruesga es catedrático de Economía y miembro del consejo de administración de RTVE.