Los indultos de Gallardón

Josep María Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Jordi Pujol, y el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña,
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    Josep María Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Jordi Pujol, y el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes de Unió Democrática, fueron condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos a cuatro años y medio, y dos y medio, respectivamente. Sin embargo, el Gobierno de España decidió el pasado viernes conmutarles las penas de prisión por una multa, pese a que el fiscal y el tribunal que dictó la sentencia condenatoria informaron en contra.

    No, no eran los presos más antiguos de España. Tampoco eran toxicómanos rehabilitados con peligro de reincidir si ingresaban en la cárcel. Simplemente se dedicaban a lo de siempre: el político que ocupaba cargo público encargaba informes ficticios a la empresa del amigo (anteriormente condenado por un asunto similar) y los pagaba con dinero del contribuyente. Qué hacían luego con el dinero no se sabe exactamente, pero nos lo podemos imaginar (el que quiera más detalles puede consultar la noticia aquí o aquí).

    Yo creo que podría ser muy interesante estudiar a qué tipo de personas indultan los Gobiernos, porque dice mucho sobre las prioridades, intereses e ideología (o falta de ella) del partido en el poder. Infinitamente más que su programa electoral, por supuesto. Existen partidos que hablan en sus programas de la necesidad de defender los intereses de la mayoría frente a los vinculados al gran poder económico, pero que luego indultan al consejero delegado del Banco de Santander del delito de haber utilizado torticeramente el sistema judicial, piedra clave de nuestro Estado de Derecho, para meter en la cárcel a sus clientes poco dóciles, por no hablar del indulto de otros financieros corruptos. También se pontifica contra el uso de la tortura en el extranjero y se firman ampulosas declaraciones y hasta alianzas civilizadoras, pero después se indulta a policías condenados por torturas o malos tratos. Pero, sobre todo, se habla mucho de la necesidad de asumir sacrificios y recortes, de apretarse el cinturón, de ser solidarios, de combatir el fraude fiscal, incluso de sancionar penalmente la mala gestión del dinero público... pero luego se indulta a los compañeros de profesión que asaltan las arcas públicas, como demuestra el caso que comentamos ahora. La verdad es que si luego van a indultarlos no hay ningún problema en elevar las penas por malversación hasta el infinito. El papel lo aguanta todo.

    El Gobierno ni siquiera necesita a CiU para gobernar, pero da casi igual (“perro no come perro”). Ante la simple conveniencia política coyuntural no importa tirar los principios -aunque fuesen del tipo de los meramente declarados- a la basura. Total, los indultos de la actual oposición eran igual de reveladores, así que a ver quién protesta. Pero esta claro que por esta vía la brecha entre clase política y ciudadanía crece y crece, y, sobre todo, nos hace sospechar que toda esta retórica de contención del gasto se va a quedar en eso, en recortar en los gastos básicos -para el país y para los ciudadanos- y en continuar igual con los superfluos que benefician a la clientela política. Si salvan de la cárcel a los compañeros que roban de manera reincidente (sea o no a favor del partido de turno), ¿cómo van a meterse a fondo con todo ese entramado financiero partitocrático que han montado entre todos en nuestras variadas administraciones públicas? Si un simple acuerdo estratégico con CiU lleva a perdonar a estos pájaros, ¿cómo van a privar del modus vivendi a los que les apoyan y prometen seguir haciéndolo?

    Hace unos meses escribí en un periódico de ámbito nacional una columna titulada “El médico de sí mismo” que comenzaba preguntado: “¿Puede un Estado abordar importantes reformas estructurales cuando los únicos que tienen potestad para adoptarlas son a la vez los que principalmente deben sufrirlas? Si hemos de confiar en la experiencia histórica, la respuesta es no.” Pues bien, si hemos de confiar en la experiencia de a quién indulta este Gobierno, la respuesta sigue siendo la misma.

    * Rodrigo Tena es notario de Madrid

    Coeditor de http://hayderecho.com/

    Tribuna
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