Las mal llamadas "preferentes" y el desafío a la estabilidad financiera y al ahorro popular

El mal funcionamiento de los servicios públicos, obligados a la protección del ahorro popular en nuestro país, ha sido reconocido por partida triple por el Memorando de Entendimiento (Mou) del Consejo de la UE que establece las condiciones de la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades, exigiendo “la garantía de un marco sólido para el sector bancario”, exigiendo “el fomento de la intermediación financiera no bancaria que acabe con la considerable (yo diría asfixiante) dependencia de la economía española de la banca”, y exigiendo “reforzar la protección de los consumidores y la legislación sobre valores, así como la supervisión del cumplimiento por las autoridades, a fin de limitar la venta, por parte de la banca, de instrumentos de deuda subordinada a clientes minoristas no cualificados y mejorar sustancialmente el proceso de venta a estos últimos de instrumentos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Ello exigirá una mayor transparencia en cuanto a las características de tales instrumentos y sus consiguientes riesgos, a fin de garantizar que tales clientes son plenamente conscientes de ellos. Las autoridades españolas propondrán normas específicas a este respecto antes de finalizar febrero de 2013".

No es, por tanto, aceptable que el Consejo (y menos el Gobierno español) se desentienda de los daños ocasionados por el mal funcionamiento del Banco de España y de la CNMV y del masivo engaño a las familias en la emisión, comercialización, canje y amortización de las preferentes. Tampoco, que, por un lado, consagre el principio de protección de los consumidores, estableciendo las anteriores exigencias (que llama “condicionalidad horizontal”) y que, por otro lado, lo viole, diseñando "un mecanismo de depreciación write-down de las "preferentes" como herramienta de resolución adicional que podría mejorar significativamente la capacidad de las autoridades de reestructurar instituciones financieras grandes y complejas". Los clientes minoristas no cualificados deben saber que su batalla no está perdida por más que avancen los enemigos del ahorro popular, de la democracia y del estado de derecho en la UE

El Consejo, y menos el Gobierno español, no puede alegar ignorancia sobre la doble toxicidad de las preferentes y lo acontecido en España. Las llamadas preferentes han ocupado la atención de las instituciones de la UE desde el año 2007 hasta el pasado 20 de julio de 2012 en que el Consejo decidió, inspirándose en la propuesta de Directiva y el Estudio de Impacto que la acompañaba, establecer las condiciones al Reino de España, que hará de conejillo de Indias antes de la aprobación de la Directiva y de la puesta en funcionamiento del nuevo modelo, discutido y discutible, de reestructuración y disolución de bancos insolventes, en el que es pieza clave, para desgracia del ahorro popular, la llamada recapitalización o depreciación de la deuda en perjuicio de los ahorradores.

Ni una palabra sobre el tema que nos ocupa, masivo engaño sobre el instrumento y sobre la solvencia de las instituciones que emiten esta clase de instrumentos a clientes minoristas no cualificados en el Reino de España he encontrado en la propuesta de Directiva, ni en el Estudio de Impacto que acompaña a la misma, ni en las respuestas dadas a las consultas públicas llevadas a cabo desde mayo de 2007 hasta abril de 2012 (120 entre enero y marzo de 2011, y 60 en abril de 2012), ni en las actas de la infinidad de reuniones que se han llevado a cabo en relación con la reestructuración y disolución de las entidades de crédito. Y tampoco en el RDL 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. No es aceptable que el Consejo (y menos el Gobierno español) se desentienda de los daños ocasionados por el mal funcionamiento del Banco de España y de la CNMV y del masivo engaño a las familias en la emisión, comercialización, canje y amortización de las "preferentes"

El derecho, la economía financiera y la contabilidad atraviesan hoy una grave crisis de legitimidad en cuanto disciplinas decisivas en la construcción y organización del sistema financiero y, por tanto, en la generación de los riesgos y daños colaterales que en éste se producen y en la irresponsabilidad que ha quedado organizada en un sistema en que se proclama que la información es la infraestructura esencial de los mercados, pero en el que se utiliza la información para engañar a los clientes minoristas no cualificados y colocarles en un territorio de indefensión.

Prometían, con su cuerpo de doctrinas estructuradas en torno a elegantes paradigmas (que sobreviven entre las ruinas, V. "Ivory tower Unswayed by Crashing Economy", Patricia Cohen, New York Times 4 de marzo de 2009), ser una guía que condujera a nuestras sociedades hacia la racionalidad y a la clarividencia, pero han sido, desgraciadamente, una fuente de confusión y de error. En su nombre se ha llevado una política suicida de desregulación financiera que ha permitido durante años que los gestores se hagan millonarios a costa de instituciones insolventes, infracapitalizadas y sobreendeudadas, que han terminado, primero con la estabilidad financiera y, después, con el progreso económico y la cohesión social, inundando el sistema de incertidumbres y riesgos inconmensurables.

Los clientes minoristas no cualificados deben saber que su batalla no está perdida por más que avancen los enemigos del ahorro popular, de la democracia y del estado de derecho en la UE, que la excusa del Consejo de la Unión y del Gobierno español de minimizar la carga del contribuyente no podrá alcanzarse en aquellos casos en que, conforme a la Constitución Española, el Estado tuviera que responder patrimonialmente por los daños ocasionados por el mal funcionamiento de los servicios públicos dirigidos a la protección del inversor (CNMV, Banco de España y DGSFP) aunque, por lo demás, parece claro que lo que realmente intenta el Memorando de Entendimiento (Mou) y el citado RDL no es la protección del contribuyente español, sino el intento de conseguir para los grandes acreedores de la banca y del Estado español una preferencia "legítima" a costa de las familias españolas.

*Juan Manuel Moreno-Luque, es abogado y presidente de Activa Preferentes