Soluciones al Pacto Fiscal: "Es la Eusko Kuota, idiota"

Importar el Cupo vasco a Cataluña es imposible. Su inviabilidad es la mejor muestra de su clamorosa injusticia. Ahora que está pendiente de renovación, lo más sensato sería corregir su ridículo importe. El Concierto Vasco establece a través del cupo un procedimiento de recaudación diferente al de otras comunidades, no consagra una carga impositiva menor. Fueron las negociaciones de 2002 y 2007 (con Aznar y Zapatero) las que lo convirtieron en un chollo para Euskadi.

Mientras CiU se queja de contribuir a los gastos estatales hasta con un 8,5% del PIB catalán (aproximadamente 16.000 millones), consiente que en 2012 el cupo vasco se traduzca en 546 millones por los servicios que Euskadi recibe del Estado: una cantidad exigua que hay que minorar en 137 millones por la compensación de las labores del tabaco y 10 millones más por jubilaciones anticipadas de la ertzaintza y que se enmarca en una política de inversiones del Estado en Euskadi de más de 500 millones.

Un dinero que pagan, junto a otros miles de millones para suplir su limitada solidaridad, los madrileños y catalanes con aparente gusto, mientras maldicen el despilfarro andaluz. 

El Pacto está mal orientado en tiempos y en estrategia

La hoja de ruta fiscal de CiU clona los errores del último Estatut y conduce a un nuevo fracaso colectivo. La semana pasada, Mas convocó solemnemente a los partidos catalanes a su particular cimera (cumbre), en un dominio de la escena local que contrastaba con la ignorancia de la actualidad informativa: descalabro del Ibex, prima por las nubes, amenazas de rescate y viaje a Madrid (a Hacienda) de la Vice Ortega para garantizar el fin de mes. En otras palabras, mientras se hablaba de cómo llevar la hacienda publica a Cataluña, fuera el debate era sobre cuándo llevársela a Alemania. Salvo Laporta, que no pareció tomárselo en serio y mandó a un asesor, allí estaban todos los partidos, preocupados por no perder la centralidad y dando cobertura a la agenda fiscal convergente. Una agenda baldía si un nuevo fracaso y su consiguiente desafección social no tuviera un correlato electoral.

Porque elegir mal el timing es malo, pero ignorar las líneas rojas del  Constitucional (meridianamente claras al juzgar el Estatut) es peor. La igualdad ante la ley de las Comunidades ni siquiera  permitió garantizar  inversiones equivalentes al peso catalán en el PIB . Ahí están las deudas por la disposición tercera. Por eso, basar una reclamación (que, ojo, puede ser justa) en la excepción dentro de la LOFCA está abocada al fracaso. Ni la independencia fiscal, ni un modelo federal (asimétrico), ni la singularidad van a funcionar. ¿En función de qué? de parámetros como lengua, población, solidaridad, turismo, inmigración, edad media,  sanidad, PIB? Otras comunidades esgrimirían, con razón, idéntico derecho.

Muchos colectivos: algunos deportistas, determinados gremios profesionales o los residentes en algunos municipios españoles pagan mucho más de lo que reciben y no pueden alzar su voz. Cataluña tiene instrumentos para hacerlo pero también limitaciones. La Constitución española excluye expresamente la política internacional y los impuestos de la soberanía popular. Embarcar a la sociedad en una posible consulta no da mas legitimidad a la misma. Todo el mundo, los ciudadanos vascos también, votarían pagar menos impuestos.

La LOFCA, juego de suma nula. Opciones

El reparto de la LOFCA es un juego de suma nula. A igualdad de recaudación, el Pacto Fiscal  implícitamente propone quitarle dinero a alguien: o al Estado central pidiéndole más impuestos o a las autonomías  limitando la solidaridad interregional.  Es obvio que hoy ni al Gobierno central le sobran recursos para transferir recaudación ni parece que a PP y PSOE les entusiasme enviar (o devolver) dinero a una Comunidad (Cataluña) donde no gobiernan desde Comunidades donde si lo hacen (el resto).

Solo hay dos opciones con cierto recorrido: Una, presionar al Gobierno junto a la Comunidad Autónoma de Madrid, el socio contribuyente a la solidaridad interregional, para estudiar mecanismos de corrección de la misma. Es de sentido común, porque Madrid no llega al déficit el 1.5% comprometido, pero exigiría olvidar (o tasar  antes) los agravios de capitalidad, esto es, los beneficios que obtiene Madrid por ser capital administrativa. Beneficios que por otra parte un día esgrimirán Lleida, Girona o Tarragona a la misma Barcelona por acumular aeropuerto, gobierno, museos, gastos y funcionarios. La segunda y obvia es presionar políticamente para revisar  la injusta anomalía vasca.

El  planteamiento del Pacto Fiscal va hoy por derroteros que lo hacen inviable. La contabilidad trimestral de las administraciones autonómicas, corregida por los anticipos recibidos por el Gobierno, confirma provisionalmente tres hechos aparentemente ignorados por CiU.   

1. Los problemas financieros reales de Madrid tras aflorar las facturas bajo las alfombras son iguales que los de Cataluña (déficit de 0,48% vs 0,46% s/PIB) y empeorarán. 

2. Extremadura y Andalucía han iniciado su ajuste (0,55 y 0,60%) y

3. Solo ofrece superávit Euskadi (+0,25%), lo que salvo secreto de gestión que urge compartir, pone encima de la mesa lo que ya sabemos: El cupo tiene truco.

Sin ajustes, sin rebajas de sueldos, con sus televisiones, su policía,  su lengua, tres modelos educativos y una sanidad boyante, Euskadi arroja superávit y no tiene deuda. Mientras tanto, sus ciudadanos pagan hasta 10 puntos menos en su IRPF que en Cataluña.

Los primeros miles de millones de euros que necesita Cataluña vendrían de reparar esta situación. Inviten al PP y al PSOE a hacerlo que para eso tienen mayoría. Señores parlamentarios: No se trata de envidiar el modelo vasco, sino de dejar de financiarlo.

*Álvaro Robles Cartes es economista y consultor político y de comunicación.