Los profesionales lobbistas encuentran eco en el Gobierno

"Una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados lobbies), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites". Con estas palabras el presidente Rajoy dio ayer carta de naturaleza a una petición reivindicada por los profesionales que se dedican a esta actividad de una forma legítima y transparente.

Cansados de contar con una competencia desleal formada por los comisionistas o clientelistas, los profesionales lobbistas -es decir, aquellos que presentan con estrategia y claridad quiénes son y qué intereses defienden-, han encontrado eco en el Gobierno para que se reconozca su función específica en el poder legislativo.

¿Por qué organismos como la OCDE o la Unión Europea promueven un marco de regulación apropiado? Porque es un cauce que incrementa la participación de la sociedad civil (asociaciones, ONG, think tanks, empresas, fundaciones) en las decisiones públicas y favorece la transparencia y el control de estas. Es bueno en una democracia que todos sepamos quiénes han participado y cómo en la elaboración de las leyes.

Esta participación e influencia de diversos sectores de la sociedad no exime de ninguna responsabilidad al legislador: es él y sólo él quien tiene la misión de velar por el interés general a la hora de negociar y aprobar una ley.

A modo de reflexión, y para todo aquel necesitado de propuestas propias o ajenas, sugiero cuatro puntos a la hora de afrontar la norma que regule a los grupos de interés.

1º Analizar las experiencias de otros países y no hacer un 'copiar y pegar'

Hay que aprovechar que estamos en la globalización de la regulación del lobby, y que nos han precedido muchos países en las normas. Merece la pena analizar los éxitos y fracasos de la regulación. No sólo podemos mirar a Estados Unidos, sino a países como Canadá, Francia, Austria o Polonia.

Hay varios países que han fracasado en la regulación del lobby, y ello se ha debido en buena parte a haber copiado la reglamentación de otros estados sin tener en cuenta que la regulación depende también de la historia democrática, de la idiosincrasia y del sistema constitucional.

2º Todas las regulaciones de los lobbies han nacido de la demanda de transparencia, integridad y eficacia en los procesos de decisión pública. Las normas deben satisfacer estos tres elementos.

La transparencia hace hincapié en los procesos de decisión; la integridad se refiere a las personas. Se les pide que no se dejen influir a cambio de favores, regalos o remuneración económica de los grupos de presión. Y a los grupos de presión, que no sucumban ante aquellos que ostentan el Poder Público en favor propio y exigen contraprestaciones ajenas a la sociedad.

3º Es necesario determinar el alcance del objeto de la ley o reglamentación.

No nos engañemos: si buscamos favorecer la transparencia en todas las instituciones, regular el lobby en las Cortes sería insuficiente, pues una buena parte de las iniciativas legislativas y de las políticas públicas se negocian en el Poder Ejecutivo (Ministerios, Gobiernos autonómicos, empresas públicas) o en el seno de los partidos políticos mayoritarios.

En este caso, si sólo se quiere controlar la relación de diputados y senadores y los grupos de interés, efectivamente el marco son las Cortes Generales.

4º El fin del registro de los grupos de interés no puede ser el controlar la influencia de los grupos de interés, sino facilitar la participación.

El registro ha fracasado cuando se ha pretendido que ejerza como herramienta de control. ¿Por qué? Simplemente porque por este no van a pasar ni los CEO de las grandes compañías, ni los embajadores de los países, ni los presidentes de las asociaciones empresariales, pues todos ellos ejercerán su legítimo derecho a influir a través del teléfono, el correo electrónico o una simple comida. En el registro sólo se inscriben aquellos que necesitamos que se nos reconozca el derecho de representar intereses, los profesionales que representamos intereses propios o de terceros, pero no contamos con la facilidad de otros cauces legítimos, más complejos y de difícil acceso.

*David Córdova es Socio Director de Vinces