El Estado como gestor inmobiliario

Todos debemos administrar nuestro patrimonio inmobiliario adecuadamente, tanto a nivel personal como a nivel profesional en el caso de las empresas y las Administraciones. Los particulares y las corporaciones mantienen, reorganizan y adaptan sus bienes atendiendo a dos criterios principales: que no pierda valor y que cumpla la función para la que está destinado. Y lo mismo debiera hacer el Estado, uno de los mayores propietarios de patrimonio inmobiliario de nuestro país, pero con una importante variable adicional: el Estado, en términos simplificados, es el titular de ese patrimonio, pero en último caso quienes se benefician de la buena gestión del mismo son los ciudadanos.

El ministro Cristóbal Montoro anunció hace algunas semanas el Plan de Ventas del Sector Público Estatal, que contempla inicialmente la enajenación de 423 inmuebles urbanos propiedad de Patrimonio del Estado. Esta cifra, que pudiera parecer significativa, representa menos del 1% de los más de 53.000 que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contabilizaba en el Diagnóstico de la Situación Inmobiliaria, incluido en el Plan de Racionalización y Optimización del Uso de Inmuebles del Patrimonio del Estado en julio de 2012.

Vender patrimonio inmobiliario público será sin duda un elemento más a tener en cuenta para el saneamiento de las arcas públicas en un momento en el que el Estado pasa por una situación financiera complicada, como también ocurre con las comunidades autónomas. Sólo ocho registraron superávit fiscal durante el primer trimestre del año, mientras que el resto no consiguieron cerrar el período con capacidad neta para financiarse.

Pero la venta no tiene por qué ser la única vía. Es más, si pensamos a largo plazo, las hipótesis de trabajo deberían pasar por la puesta en marcha de un plan de gestión integral del patrimonio inmobiliario público. Y así lo planteó el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2011: “Estas son las medidas urgentes que pondremos en marcha: (…) reducción de los gastos de funcionamiento de la Administración mediante el recorte de los gastos corrientes de la Administración General del Estado, la gestión integral del patrimonio inmobiliario y de los alquileres…”

Soy consciente de la titánica labor a la que se ha tenido que enfrentar el Gobierno desde su llegada a la Moncloa. Soy consciente también de que se han hecho avances: el citado Montoro anunció ahorros entre enero de 2012 y marzo de 2013 de 37,5 millones de euros como consecuencia de la resolución de contratos de alquiler, de rebajas en los alquileres que se pagaban y de ingresos por la venta de inmuebles por un importe de 90,40 millones de euros durante el mismo período. Sin duda, acelerar la venta de inmuebles traerá más ingresos para el Estado, pero creo firmemente que el plan real y necesario de optimización y gestión del patrimonio público debe ponerse en marcha cuanto antes con vistas a un modelo a largo plazo.

Debemos procurar la eficiencia del sistema, pero defendiendo su sostenibilidad. Con esta “sostenibilidad” no me circunscribo a términos puramente medioambientales, sino a un sentido más amplio de sostenible que define la Real Academia Española como “que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”.

La combinación de planteamientos de fondo con medidas en el corto plazo es lo que realmente beneficiará a los ciudadanos a lo largo de varias generaciones. Será de capital importancia poner en marcha un análisis, realizado por profesionales, de cada uno de los más de 53.000 activos, entender su utilidad actual, valorar cómo se los puede aprovechar mejor, si hay que venderlos o rehabilitarlos y, en definitiva, buscar la máxima eficiencia.

En términos de ocupación y organización de espacios, también sería clave que el Estado definiera y estandarizara la superficie de trabajo a ocupar por cada funcionario según su categoría, de modo que paulatinamente se llegue a una racionalización y posterior liberalización de los espacios sobrantes. No menos importante es una adecuación de los espacios físicos a la tecnología y operativa actual. Qué duda cabe, por ejemplo, de que con las posibilidades que nos dan las videoconferencias y las teleconferencias no son tan necesarias las amplias salas de reuniones a las que los edificios públicos nos tienen acostumbrados. La empresa privada ya lo ha hecho y la Administración Pública debería ponerse en marcha.

El plan es ambicioso, sin duda, pero no menos importante que los muchos que han de implantarse para contribuir a que España salga de la situación actual. Las arcas públicas ya se ven beneficiadas por pequeños pasos como la venta selectiva de inmuebles o los 110.000 metros cuadrados liberados entre enero de 2012 y marzo de 2013 como resultado de la optimización de espacios, pero el sistema, y mucho más las generaciones futuras, agradecerán un trabajo de campo profesional, realizado a conciencia y con el medio-largo plazo como meta.

Ricardo Martí Fluxá, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias