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El infinito placer de tener amigos
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Roger Senserrich

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Roger Senserrich

El infinito placer de tener amigos

Un escándalo recurrente en las democracias occidentales, tanto en España como en otros países, es la carrera profesional de los ex-políticos. Un ministro, director general, gerente,

Un escándalo recurrente en las democracias occidentales, tanto en España como en otros países, es la carrera profesional de los expolíticos. Un ministro, director general, gerente, asesor o legislador más o menos relevante abandona el cargo, tras largos años de servicio público, y acaba por ser contratado por una empresa sospechosamente cercana a sus responsabilidades anteriores. Sobre el papel, no hay nada ilegal; una vez un ciudadano está en el sector privado, puede hacer lo que le apetece. A la práctica, sin embargo, es un problema un poco más complicado.

Empecemos por el principio: ¿por qué una empresa multinacional quiere contratar a un exministro? La respuesta más habitual en mentes desconfiadas es como pago de servicios prestados. El político, en sus tiempos de regulador, dio algún trato de favor a la compañía. Cuando este abandona su puesto o cae en desgracia recibe un puesto de trabajo a cambio; una red de seguridad lucrativa para compensarle. Es un estado de bienestar clásico, pero dedicado a la protección de multimillonarios.

Esta explicación puede parecer lógica, pero tiene algunos problemas importantes. Primero, una multinacional no tiene por qué andar por el mundo devolviendo favores. El político ya ha hecho lo que querían, y ha dejado de ser útil; meterse en un arreglo de este estilo puede atraer mala publicidad. Por añadido, los políticoscorren un riesgo enorme metiéndose en un acuerdo como este: cualquier traza de colusión sería un delito grave.

Dado que todos los actores implicados saben estas realidades, la dinámica entre empresas y políticos es probablemente un poco más sutil. Una multinacional no tiene por qué fichar un exministro como pago a posteriori, pero puede hacerlo como una señal para sus sucesores. Si el regulador del sector eléctrico, el responsable de compras de fomento o el supervisor del sistema bancario ve como una determinada empresa reconoce la experiencia y talento de su antecesor en el cargo fichándolo para un cargo directivo, la reacción natural es primero enviar a parir a ese mismo antecesor si era del partido contrario, y empezar a portarse bien inmediatamente después. No es que el ministro decida hacer caso a las empresas del sector a cambio de prebendas; simplemente empezará a pensar qué puede hacer para hacerlas felices. Algo parecido a cómo los árbitros favorecen al Madrid y al Barça, pero aplicado a la política.

La agenda de contactos en el móvil es a menudo una de las posesiones más valiosas

Más allá de esta colusión de intereses, lo cierto es que un exministro es, en si mismo, un empleado más que valioso. Quién conoces y quién te coge el teléfono cuando llamas es calificación profesional importante. La agenda de contactos en el móvil es a menudo una de las posesiones más valiosas de un ejecutivo, abogado o lobista. Cualquier exministro, ex-asesor o ex-regulador de cierto nivel saldrá de su cargo con una lista interminable y valiosísima de directores generales, gerentes, cargos de partido, diputados y legisladores en su bolsillo, y la capacidad de abrir ciento de puertas a la empresa que quiera contratarlo.

El valor de mercado de estas relaciones puede ser considerable. Simon Luechinger y Cristoph Moser analizaban en un estudio reciente el efecto en el precio de las acciones de empresas armamentísticas en Estados Unidos cuando uno de sus ejecutivos era reclutado por el Departamento de Defensa. Los inversores esperan que la compañía saldrá beneficiada, con un aumento medio del precio de las acciones del 1% para nombramientos esperado, y cerca de un 3% para sorpresas. La subida además es mucho mayor cuando el nombramiento es para un cargo de primer nivel. El efecto es muy parecido, aunque con una subida de precio menor, cuando un político hace el camino en dirección contraria, pasando del sector público al privado. Los mercados parecen entender claramente el valor estratégico de estas contrataciones.

Daron Acemoglu, en un artículo similar, analizó el comportamiento del precio de las acciones de varias empresas en Wall Street según su proximidad con Timothy Geithner antes de su nombramiento como Secretario del Tesoro. El efecto era parecido: aquellos bancos que habían trabajado con él en el pasado vieron como sus acciones subían por encima de la media del sector de forma consistente. De nuevo, los inversores valoran la capacidad de algunas empresas para hacer amigos.

Esta situación es especialmente grave en Estados Unidos, pero no es en absoluto una característica única del congreso americano. En Francia el ir y venir de enarques (graduados de la ENA, la escuela que prepara la mayoría de altos funcionarios y políticos) al sector privado tiene incluso un nombre propio (pantouflage). En España tenemos una larga lista de empresas privatizadas convertidas en auténticos cementerios de ministros y secretarios de estado. En Alemania no podemos olvidar a cierto excanciller trabajando para Gazprom.

Lo especialmente frustrante de estas relaciones es que son muy difíciles de controlar; en parte porque sus efectos son muy difíciles de medir sin recurrir a conspiraciones, en parte por ser estrictamente legales. En un mundo ideal la prensa se encargaría de vigilar estas cosas; en la práctica, los medios de comunicación se hartan de contratar expolíticos. Es un problema sin una solución sencilla: el principal talento de un ex-político es conocer gente, y eso resulta ser un talento extraordinariamente valioso ahí fuera.

Quizás tener políticos profesionales que nunca han ocupado un cargo en el sector privado no es tan mala idea, la verdad.

Roger Senserrich es Licenciado en Ciencias Políticas y analista/editor de Politikon.es

Un escándalo recurrente en las democracias occidentales, tanto en España como en otros países, es la carrera profesional de los expolíticos. Un ministro, director general, gerente, asesor o legislador más o menos relevante abandona el cargo, tras largos años de servicio público, y acaba por ser contratado por una empresa sospechosamente cercana a sus responsabilidades anteriores. Sobre el papel, no hay nada ilegal; una vez un ciudadano está en el sector privado, puede hacer lo que le apetece. A la práctica, sin embargo, es un problema un poco más complicado.

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