La 'tercera vía' y el modelo territorial (I)

Estos días el líder de Unió Democrática de Cataluña (UDC) Durán i Lleida ha usado en el debate político la expresión ‘tercera vía’ para terciar en la llamada cuestión catalana. Una expresión que según parece pretende buscar un acercamiento entre dos posiciones extremas. Una de signo unitarista y otra de signo diferencialista. En realidad, en la Constitución de 1978 se encuentra la solución. Una solución que en su día se orientó, dentro de unos límites ciertos, al entendimiento, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. El modelo territorial conformado en 1978 dota de una amplia autonomía a nacionalidades y regiones y permite un grado de autogobierno, autoadministración y autonormación todavía inédito en muchos aspectos. Por una razón elemental, porque la autonomía política reconocida en la Constitución no lo fue para construir un esquema territorial a imagen semejanza del Estado-nación.

Se trata, pues, de abordar la cuestión de la articulación territorial de España, ni desde el unitarismo ni desde el particularismo, sino desde el equilibrio. O lo que es lo mismo, si nos ubicamos en los postulados del centro político, la comprensión del modelo permite calibrar las grandes posibilidades de desarrollo de nuestro esquema constitucional de distribución territorial del poder. Para ello, es menester partir del sentido realista, que exige un esfuerzo de aproximación a la realidad y de apreciarla en su complejidad. Algo bien infrecuente a causa de los numerosos prejuicios que todavía atenazan la visión de la cuestión en muchos dirigentes, de un lado y de otro. No es que tal aproximación resulte fácil, o que lo encontrado en ella sea indiscutible, pero sin entrar en el debate de fondo sobre las posibilidades del conocimiento humano, digamos que es necesario ese esfuerzo de objetividad, que no puede ser afrontado sin una mentalidad abierta. La mentalidad abierta, la ausencia de dogmatismos, es necesaria no sólo para comprender la realidad, sino para comprender también que puede ser entendida por diversos sujetos de formas diversas, y que esas diversas aproximaciones forman también parte de la realidad.

La complejidad de lo real y su dinamismo deben ser abordados con una actitud adecuada, que en ningún caso pretenda negarla, y que integre igualmente su complejidad, viendo como compatibles todos sus componentes, y su dinamismo. Veamos algunos de estos prejuicios que todavía subsisten desde el centro y desde la periferia.

El modelo territorial conformado en 1978 dota de una amplia autonomía a nacionalidades y regiones y permite un grado de autogobierno, autoadministración y autonormación todavía inédito en muchos aspectos

La realidad plural de España es aceptada por todos prácticamente. Ni desde los esquemas más ultramontanos del unitarismo español deja de reconocerse, con fórmulas más o menos pintorescas, la realidad diversa de los pueblos, nacionalidades y regiones de España. Pero desde ese planteamiento, tal variedad se aprecia como un adorno, o un accidente, de la unidad esencial española, como una entidad superficial, casi folklórica, podríamos decir, que no haría en todo caso más que resaltar el esplendor de lo que tenemos en común, que sería lo verdaderamente importante.

Cuántas veces, en cuántas ocasiones, hemos escuchado retóricas exaltaciones de las literaturas o de las lenguas llamadas regionales, pongamos por caso, como apéndices o curiosas peculiaridades de una realidad cultural española –de fundamento castellano– supuestamente sustantiva y a la que aquellas otras se considera subordinadas. Y además, ante esas identidades culturales que se ven como secundarias o subordinadas, se manifiestan a continuación suspicacias contumaces cuando de ellas se quiere hacer un uso normal en todos los ámbitos de la vida y la actividad pública. No nos engañemos, todavía pervive en la Administración madrileña una cierta mentalidad de este tipo que, en ocasiones, envuelve con fuerza los intentos de ciertos dirigentes de intentar comprender integralmente una realidad que es plural y que en la pluralidad encuentra su sentido y su justificación.

Por eso el acuerdo y mandato constitucional relativo a la defensa de la identidad cultural y política de los pueblos de España, o, por decirlo de un modo más amplio, la estructuración autonómica de España, me parece uno de los aciertos más importantes de nuestros constituyentes, aunque en su plasmación o en su aplicación puedan haberse producido abusos de uno u otro signo, desviaciones, retrasos, precipitaciones, vacíos... Y también, por eso, porque responde a una realidad, y además una realidad que juzgo positiva, por cuanto realmente –no retóricamente– nos enriquece a todos, es por lo que desde la comprensión centrista del modelo autonómico, ahora podría denominarse ‘tercera vía’, no puede caber una actitud que no sea de apoyo y potenciación para esas culturas, lejos de los que sienten nostalgia de un integrismo uniformante o de los que propugnan particularismos o diferencialismos absolutos.

Así, por ejemplo, por muy conflictiva o problemática que pueda parecer a muchos la pluralidad cultural de España, en absoluto, desde el centro, desde la tercera vía, se puede mirar con nostalgia o como un proyecto de futuro una España culturalmente uniforme, monolingüe, por ejemplo, sino más bien tal cosa debe ser vista como una pérdida irreparable, y, expresado positivamente, debemos afirmar que no sólo deseamos sino que apostamos por unas lenguas vasca, catalana, gallega o valenciana, pujantes y vigorosas y conformadoras del sentir de cada uno de las comunidades que la hablan.

Es necesario reiterar rotundamente que la afirmación de la identidad particular de las comunidades de España, en absoluto tiene que suponer la negación de la realidad integradora de España, como los nacionalistas constantemente afirman

Si tal afirmación debe realizarse en relación con las lenguas, lugar sensible donde los haya, por cuanto afecta de modo muy especial, significativo e íntimo, a la identidad no sólo colectiva sino personal, lo mismo debemos predicar de los demás componentes de la identidad, y por supuesto de la entidad política de cada una de las comunidades autónomas que integran España.

No es del caso entrar ahora en las razones históricas más profundas de los fenómenos, cosa sin duda necesaria, si queremos realmente comprenderlos en todas sus dimensiones actuales. Pero consideremos simplemente, que la negación radical de los hechos diferenciales que se dan en España, durante toda la época del régimen franquista, que llevó a la persecución injusta de quienes afirmaban su propia identidad, simplemente siendo lo que eran, se pone en contraste con el desarrollo y el fervor autonomista del período democrático.

Pero justamente ahora, cuando parece que una determinada lectura de la Constitución no permite, equivocadamente, más desarrollos, el nacionalismo da un paso más en la escalada de sus reivindicaciones y plantea en su dimensión constitutiva lo que llaman “la cuestión nacional”, que se concreta en la reivindicación del derecho de autodeterminación y la soberanía. Y es también ahora cuando se empiezan a oír las voces que recuerdan, reivindican o reclaman la condición de España como Nación. No es casualidad. En cierto modo es lógico que así sea, como reacción natural ante lo que se toma como un exceso de los nacionalismos

El modelo territorial para España significa, desde el centro político o desde la ‘tercera vía’, entre otras cosas, la afirmación plural de la realidad española, incluso y sobre todo desde la identidad gallega, vasca, catalana, andaluza, o cualquier otra de las que integran España. Constitucionalmente es esto incontestable, pero es necesario hacer de la propuesta jurídica algo vivo y real. Es necesario reiterar rotundamente que la afirmación de la identidad particular de las comunidades de España, en absoluto tiene que suponer la negación de la realidad integradora de España, como los nacionalistas constantemente afirman. Y también repetir, con la misma rotundidad, que la afirmación de España no puede ser ocasión para menoscabo alguno de la identidad particular.

*Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya