La insostenibilidad de la sobrecapacidad gasista

El preámbulo del Real Decreto Ley 13/2012 que paralizó las inversiones gasistas ya expresaba el origen de gran parte de los problemas del sistema eléctrico cuestionando la continuidad de muchas inversiones innecesarias cuando la demanda estaba bajando desde 2007. En el último año, el cierre por sentencia judicial de la regasificadora del Musel –construida a menos de dos mil metros de Gijón–, el cierre por ruina económica de la central de Elcogás en Puertollano –experimento de regasificación del carbón–, el informe de Red Eléctrica Esoalaa favor del cierre de seis centrales de gas que suman 6.000 MW que sólo funcionan al 7% de su capacidad, o la paralización del almacenamiento de gas Castor en la costa de Castellón por riesgo sísmico, son ejemplos de una desastrosa planificación gasista.

La previsión para 2014 es que el déficit en la tarifa del gas se incremente por encima de los mil millones sin contar los 1.400 millones de Castor, que se cargarán a los consumidores, igual que las subidas del gas argelino. Si la reforma eléctrica ha sido un éxito, como declara el ministro de Industria cuando afirma que “su estrategia se ha centrado en compatibilizar la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad económica”, debería explicar por qué los últimos datos de 2014 confirman todo lo contrario: que la demanda sigue bajando y el déficit de tarifa creciendo, y por qué sólo se ha ocupado de eliminar las renovables del sistema mientras ha alentado la sobrecapacidad gasista de mucho más riesgo económico y ambiental.

Aunque la crisis sigue lastrando el crecimiento y la demanda, la sobrecapacidad gasista crece. Desde 2011 y más intensamente en los dos últimos años, las eléctricas españolas siguen firmando nuevos contratos de suministro de gas con Azerbaiyán, Rusia o EEUU. España es el primer importador de gas natural licuado (GNL) de Europa y la dependencia del gas de Argelia alcanzó en 2013 el 53%. Pero llaman más la atención los numerosos contratos firmados con la empresa norteamericana CHENIERE de gas no convencional a veinte años prorrogables por valor de más de 40.000 millones de euros, que supone el 85% de todos los contratos de la citada empresa y por una cantidad de miles de millones de metros cúbicos (BCM), muy por encima de la demanda nacional.

La fiebre por convertir a España en centro de intermediación de gas para sustituir al gas ruso es una apuesta de mucho riesgo. Las interconexiones que no se han hecho en doce años no se construirán en cinco, seguirán frenadas por Francia y aunque la Unión Europea acaba de ampliar la capacidad de interconexión al 15% de la demanda, su financiación no está garantizada. Alemania tampoco está interesada en apretar las tuercas a Rusia y menos a Gazprom. Antes se construirá el gasoducto de la corriente del Sur por el Mar Negro, los Balcanes y Austria, como se ha hecho el de la corriente del Norte por el Mar Báltico para que el suministro de gas ruso no atraviese Ucrania. El ofrecimiento de Obama de exportar gas a Europa tampoco es fiable porque depende de la legislación de EEUU, de que construyan sus regasificadoras y de los intereses de las grandes corporaciones americanas, más pendientes de la demanda asiática que de la europea, a lo que se suman las incertidumbres del mercado de gas esquisto en EEUU.

La CNMC tiene abiertas investigaciones por la volatilidad del mercado mayorista, las ofertas de luz a los hogares o los contadores inteligentes. A raíz de lo sucedido con el almacenamiento Castor, bien haría en investigar la sobrecapacidad gasista alentada durante la última década y los elevados pagos por capacidad y restricciones técnicas, porque no se comprende por qué el coste de las infraestructuras innecesarias lo han de pagar los consumidores y no los responsables de decisiones tan erróneas. Esto es más importante ante la próxima reforma gasista que tendrá como prioridades eliminar el déficit descontrolado de la tarifa del gas y cómo hacer que la sociedad española consuma todo el gas que nos sobra y el que las empresas no logren vender en el extranjero.

España tiene el mayor índice de cobertura de Europa, 1,7 puntos, que hace que la mitad de nuestra potencia eléctrica instalada esté ociosa y la energía sea más cara. Las empresaseléctricas están entre las de mayores beneficios de Europa y su revalorización en bolsa es del 20% en 2014. Hay más razones para parar y planificar a largo plazo que seguir inflando la sobrecapacidad del sistema gasista sin haber entendido nada de la crisis que tuvo su origen en la escalada de precios de los hidrocarburos entre 2004 y 2008.

El conflicto de Irak en estos días demuestra una vez más los riesgos de aumentar la dependencia del gas y el petróleo y tendrá consecuencias negativas en la contabilidad nacional. Dejar el futuro a expensas de inciertas exploraciones en nuestro territorio cuando el porcentaje de éxito está entre el 4% y 20% es poner en riesgo la seguridad del país e incrementar la factura energética de manera insostenible para sostener a solo un puñado de empresas con mayoría de accionistas extranjeros.

Hace unos días el ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, acusaba al comisario Joaquín Almunia de querer destruir las renovables en Alemania. El Gobierno español ya las ha dejado en quiebra con el Real Decreto 413/2014 y la Orden que establece su nueva retribución. Mientras países como Alemania, Francia, Dinamarca, Italia o Reino Unido han decidido impulsar la industria renovable en su planificación energética y económica, en España se habla de reindustrialización arruinando y deslocalizando la industria renovable a favor de un sector extractivo insostenible económica y ambientalmente.

Desde la ONU (REMap 2030), la Agencia Internacional de la Energía (ETP2014) y la Unión Europea (JRC) se reiteran los informes que destacan la urgencia de multiplicar las inversiones en renovables y cómo su rentabilidad está garantizada por los ahorros de hidrocarburos y la reducción de emisiones de CO2 que evitan futuras pérdidas de PIB por los impactos climáticos. Es la diferencia entre un modelo que asegura el bienestar sostenible de las futuras generaciones frente a una política energética de tierra quemada.

*Javier García Breva es experto en políticas energéticas y presidente de N2E.