No es la identidad, estúpido

Para los constitucionalistas es esperanzadora la foto conjunta de Ciudadanos, PSC y PP pidiendo amparo al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la resolución separatista en Cataluña, aunque cada partido haya presentado un escrito diferente y el PSC no pida en el suyo la suspensión de la convocatoria del pleno del Parlament que debe votar la moción.

No pido uniformidad, como en la lista de Junts pel Sí, pero sí que se tengan las cosas claras en estos momentos. Y no es eso lo que se traduce de la propuesta de reforma constitucional socialista, en la que se dice que “no debemos ignorar que en Cataluña muchos ciudadanos se muestran insatisfechos con la forma en que, en ese Estado, se reconoce su identidad”.

No señor, esto no puede ser un motivo de reforma de la Constitución. Decir eso es desconocer qué es una constitución democrática, que no es otra cosa que una norma jurídica suprema, que emana del poder constituyente -el pueblo español, donde reside la soberanía nacional-, y cuya función es regular los aspectos fundamentales de las fuentes del derecho, la composición y competencias de los órganos constitucionales y los límites básicos de los derechos y deberes de los ciudadanos.

La identidad en política, como dice Savater, es la ciudadanía, “sin otra raíz que la ley común ni otros condicionamientos que los pactados entre iguales”

Cualquier cambio constitucional debe ir encaminado a mejorar todo el país y a satisfacer las aspiraciones de todos los ciudadanos, no solo las de una parte de ellos. La identidad en política, como dice Fernando Savater, que es quien creo ha escrito más sobre identidades, es la ciudadanía, “sin otra raíz que la ley común ni otros condicionamientos que los racionalmente pactados entre iguales”.

Los derechos de los ciudadanos no dependen de su pertenencia a un determinado grupo identitario, sino de que forman parte de la democracia española, que les hace individuos libres e iguales, que cuentan con derechos y garantías civiles reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, estando la Constitución a la cabeza del mismo.

De la misma escuela, partidaria de aplicar el “cuñadismo” al asunto del independentismo, parece salido José Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa y fichaje de Podemos para ir en las listas de Zaragoza como número dos, que ha afirmado que “el problema que se está planteando ahora con Cataluña es un problema que se soluciona políticamente, no con ley”.

Es curioso cómo han logrado calar algunos discursos que establecen una especie de alternativa al cumplimiento de la ley, salvable, según ellos, a través de la política, o de concebir la Constitución como el sitio idóneo para plasmar diferencias y sellar desigualdades.

Alguien debería decirles que -¡ojo!; en términos democráticos y políticos-, no se puede desvincular identidad de ciudadanía, ni en una democracia seria y avanzada se puede elegir entre política y ley. Otra cosa es que nos propongamos, por los cauces establecidos, cambiar la Constitución o las leyes, para que sean distintas, pero siempre bajo la premisa del cumplimiento de las que están en vigor, que nos obligan y al mismo tiempo garantizan nuestros derechos.