Señor Montoro, no podemos tolerar más sufrimientos para los ciudadanos

El problema del déficit público en España es indudablemente un problema de ingresos públicos, no un problema de gasto. Con caídas del producto interior bruto (PIB) similares en los últimos años, la zona euro supera en la actualidad el nivel de los ingresos públicos previos a la crisis. Por contra, en España se derrumbaron desde el 40,9% del PIB en 2007 hasta el 34,8% del PIB en 2009. Y en 2015 siguen por debajo de su nivel precrisis, con el 38,2% del PIB. La gestión de esos ingresos públicos es responsabilidad del Gobierno (central) en un 81%, pero -sorprendentemente- una opinión generalizada atribuye la responsabilidad del déficit español a las comunidades autónomas.

El Gobierno central gestiona la Administración central y la Seguridad Social; en total, el 57% del gasto público (una vez neto de transferencias entre administraciones públicas). Pues bien, entre 2010 y 2015, ese gasto se ha incrementado un 5,4% en la Administración central y un 3,3% en la Seguridad Social, sumando ambas un crecimiento del 4,2%.

En ese mismo periodo, por el contrario, las comunidades autónomas han recortado su gasto un 13,4%, pese a que dedican el 71% de su recursos a servicios públicos fundamentales para el bienestar de los ciudadanos, como sanidad, educación y prestaciones sociales. Se trata de servicios tan importantes -según la Constitución española- como los que gestiona la Seguridad Social. Pero, sin embargo -otra vez sorprendentemente-, la responsabilidad del déficit público español se achaca a las comunidades autónomas.

La gestión de esos ingresos es responsabilidad del Gobierno en un 81%, pero una opinión generalizada atribuye la responsabilidad del déficit a las CCAA

Por su parte, las corporaciones locales han minorado asimismo sus gastos un 21,3%. O sea que, en contra de la imagen que se ha querido trasladar, la Administración central es la única que no ha hecho sus deberes en este periodo.

Con estos antecedentes, el Gobierno central se reservó en 2015 el 83% del objetivo total de déficit del 4,2% del PIB (2,9% para la Administración central y 0,6% para la Seguridad Social). Y ello pese a que solo gestiona el 57% del gasto público. Por el contrario, a las comunidades autónomas el Gobierno central les asignó el 16% del objetivo de déficit (0,7% del PIB), aunque gestionan el 32% del gasto público total.

Sorprendentemente, al ministro de Hacienda y a una parte no menor de los creadores de opinión capitalinos les ha parecido magnífico el resultado de la Administración central, que ha financiado con déficit el 15% de su gasto, y les ha parecido digno de un severo castigo el resultado de la gestión autonómica, que ha financiado con déficit el 4,5% de su gasto. Es decir, el Estado, para financiar su Presupuesto, triplica el recurso al endeudamiento que ha concedido a las autonomías.

No son menos sorprendentes las conclusiones del ministro en relación con los territorios. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, una autonomía “muy incumplidora”, ha reducido en los últimos cuatro años su gasto en un 18,5%. Nunca ha gastado por encima de la media de las comunidades autónomas y, de hecho, en 2016 ha aprobado unos presupuestos que prevén que su gasto se sitúe en el 89% de la media española. Para ello, tendrá que incurrir en un déficit del 1,6% del PIB en 2016, pues sus ingresos per cápita están 220 euros por debajo de la media de las comunidades autónomas.

Es necesario romper la asimetría vertical y redistribuir los objetivos de déficit de manera proporcional y justa a las obligaciones que cada Administración tiene

Al ministro le parece este un esfuerzo “insuficiente”, cuando el Consell de Ximo Puig siempre ha estado comprometido con la estabilidad presupuestaria, y en una videoconferencia el pasado viernes, su ministerio nos instó a los valencianos a que redujéramos el nivel de la prestación de los servicios públicos autonómicos hasta el 80% de la media española.

Para el año 2016, la historia de 2015 se repite. La Administración central se autoasigna un cómodo objetivo de déficit del 1,8% del PIB y “concede” a las comunidades autónomas un tope del 0,7% del PIB, en lugar del 1,4 y el 1,2% del PIB, respectivamente, que sería proporcional al nivel de gasto de cada Administración. ¿Dónde está la proporcionalidad en el esfuerzo? No existe. Y, no les quepa ninguna duda, lograr el objetivo que propone el ministro para 2016 solo es posible volviendo a recortar -todavía más- los servicios públicos de sanidad, educación y prestaciones sociales a los ciudadanos.

Por ello, es necesario romper esa asimetría vertical y redistribuir los objetivos de déficit de manera proporcional y justa a las obligaciones que cada Administración tiene con sus ciudadanos y con los deberes realizados durante los años de crisis económica y fiscal. Lo contrario es una discriminación insoportable que debería haberse trocado en igualdad de derechos para todos los españoles desde el 1 de enero de 2014, fecha en que caducó el actual modelo. El Gobierno del Partido Popular se ha negado a resolver esta cuestión, imposibilitando la negociación y la puesta en marcha de un Nuevo Sistema de Financiación Autonómica. Este es el origen de mucho sufrimiento para los ciudadanos.

*Vicent Soler i Marco, 'conseller' de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat valenciana.