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Una agenda liberal para el PP
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Una agenda liberal para el PP

La base del pensamiento liberal es que el poder, más allá de la intención con la que se ejerza, es siempre una amenaza. Por eso, todo poder debe ser dividido y sometido a control

Foto: El presidente del PP, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente del PP, Mariano Rajoy. (EFE)

Un congreso de un partido político sin debate de ideas es como una boda sin novios. El éxito del anunciado XVIII Congreso Nacional del Partido Popular, a celebrar en febrero del año que viene, dependerá, en gran medida, de la variedad y audacia de las ideas debatidas. Esta tribuna pretende ser una contribución a dicho debate. Una contribución inspirada en valores liberales.

El liberalismo es definido demasiado a menudo como una ideología económica. Esta es una de las grandes victorias de sus enemigos. Estos han conseguido arrinconar a las ideas liberales en una esfera secundaria frente a los grandes ideales políticos. Por ello, lo primero a reivindicar al defender una agenda política liberal es que el liberalismo va mucho más allá de la economía. El liberalismo es una doctrina política, nacida en los siglos XVI y XVII como reacción al absolutismo imperante de la época. La soberanía popular, la división de poderes o los derechos humanos son conceptos liberales. Y una reivindicación de los principios liberales sobre los que se asentaron estos conceptos es tan relevante hoy como entonces.

¿Cuáles son los principios básicos del liberalismo? Permítaseme destacar solamente uno. Uno sobre el que se pueden levantar todos los demás. La idea es tan simple como poderosa: “El poder corrompe”.

Efectivamente, la base del pensamiento liberal es que el poder, más allá de la intención con la que se ejerza, es siempre una amenaza. Por eso, todo poder debe ser dividido y sometido a control. Más aún, los problemas no se solucionan dando más poder a los políticos. De hecho, la insistencia con que los políticos reclaman más poder para sí mismos (en forma de más gasto público y más poder de regulación) es prueba de que no se les debe conceder. El ejercicio del poder debe ser siempre incómodo para quien lo detenta, de forma que lo ceda con celeridad.

Foto:  Cristina Cifuentes (c) saluda a Mariano Rajoy (d) en presencia de Alberto Núñez Feijóo (i), al inicio de una reunión del comité ejecutivo nacional del PP. (EFE)

La idea de que el poder corrompe lleva a toda suerte de implicaciones prácticas. A continuación, destacaré siete, con la esperanza de que puedan inspirar muchas más de cara al congreso del año que viene.

Primero, la cúpula de un partido no debe nombrarse a sí misma. Esta es la idea básica detrás de las peticiones de primarias en el PP. La cuestión no es que otros partidos políticos hayan hecho un mal uso de las primarias (lo cual es cierto). La cuestión es que el sistema actual produce endogamia y concentración excesiva de poder en pocas manos. Combinado con las listas electorales cerradas y bloqueadas, el poder se ejerce excesivamente de arriba abajo y no hay prácticamente ningún tipo de contrapeso frente a la voluntad de la cúpula. Un partido político no es un ministerio (ni tampoco un sindicato). Y un político no es un funcionario cuya promoción deba depender exclusivamente de la voluntad de sus superiores. El PP debería permitir que su cúpula sea responsable ante sus bases y que, de esta manera, la contribución de sus afiliados al partido no se limitara a pagar cuotas y a asistir a actos.

Segundo, un Gobierno no está para defender los intereses del Estado. Está para defender los intereses de los ciudadanos. De hecho, un Gobierno debe actuar como freno de las inercias expansivas del Estado, que llevan, siempre, a aumentar su poder. El Estado y los empleados públicos tienen sus legítimos intereses, que expresan a menudo en términos de exigencia de mayores recursos. El problema es que esos intereses se suelen satisfacer en perjuicio de los del resto de ciudadanos. Más recursos para el Estado significa menos recursos para los demás. Por ello, un Gobierno no debe tener 'sentido de Estado'. Debe tener 'sentido de nación'. Esto, en concreto, se refleja en que, enfrentado a la disyuntiva de reducir gastos o aumentar impuestos, el Gobierno debería tender siempre a lo primero.

El PP debería permitir que su cúpula sea responsable ante sus bases y que la contribución de sus afiliados no se limitara a pagar cuotas y a asistir a actos

Tercero, y consecuencia directa del punto anterior, la provisión de servicios públicos debe alentar la capacidad de elección del ciudadano. El poder de elección del ciudadano es inversamente proporcional al poder de coacción del Estado sobre él. Sea en las pensiones, en la sanidad, en la educación, en el transporte o en los servicios sociales, el Estado debe establecer sistemas en los que el ciudadano pueda elegir entre el sistema público y el privado. Y si el ciudadano elige el público, debe también poder elegir entre varios proveedores públicos del mismo servicio. Esta es la lógica detrás de las áreas únicas: el vecino puede ir al médico o mandar a sus hijos al colegio que eligen ellos y no al que un político elige por ellos. Y esta lógica es la que justifica los cheques públicos. Es decir, que la Administración dé al vecino un cheque que este puede canjear en un establecimiento a cambio del servicio que desee. Los proveedores de servicios públicos se esfuerzan así por atraer a usuarios y no viven de un público cautivo.

Cuarto, debe profundizarse la división de poderes. La concentración de poderes, más que resolver problemas, los crea: problemas de opacidad, de discrecionalidad, de corrupción y de falta de rendición de cuentas. La división de poderes no solo significa más independencia de los poderes legislativo y judicial frente al ejecutivo. Significa, también, luchar contra el corporativismo en el ejercicio del poder judicial. Significa que el partido político gobernante no se convierta en un apéndice del Gobierno. Significa medios de comunicación independientes que actúen como controladores del poder. Significa desregular nuestra economía para que el éxito del ejercicio de la actividad empresarial no dependa de la voluntad política. Y significa, en general, un equilibrio entre Estado y sociedad que tienda a favorecer siempre a la segunda.

Quinto, los ciudadanos somos iguales ante la ley, no mediante la ley. El Estado no debe esforzarse por hacernos más iguales, no debe dedicarse a la ingeniería social, no debe imponer un pensamiento a sus ciudadanos. Todos debemos disfrutar de los mismos derechos y deberes, garantizados por la ley, pero nadie debe ser obligado por una ley a igualarse con otro. La igualdad real se alcanza solo en el fracaso, nunca en el éxito.

La concentración de poderes, más que resolver problemas, los crea: de opacidad, de discrecionalidad, de corrupción y de falta de rendición de cuentas

Sexto, la comunicación es una parte intrínseca del ejercicio del poder. La toma de decisiones no es un compartimiento estanco con respecto a su justificación pública. El proceso de toma de decisión debe integrar una reflexión sobre cómo se va a explicar y cómo la va a entender el ciudadano de a pie. No vale decir que “hacemos las cosas bien, pero las explicamos fatal”. Hacer las cosas bien debe incluir explicarlas bien. El Estado no conoce el interés de los ciudadanos mejor de lo que lo conocen ellos mismos; por ello, si pretende hacer algo por su bien, debe poder convencerlos de que, efectivamente, es por su bien.

Y séptimo, la solidaridad no es monopolio del Estado. Las personas que peor lo pasan deben ser ayudadas. Nadie debe ser abandonado a su suerte. El Estado tiene una responsabilidad de ayudar a los más necesitados, pero el ejercicio de esta responsabilidad no debe impedir o disuadir la ayuda que los ciudadanos nos prestamos entre nosotros de manera espontánea. Otorgar al Estado el monopolio de la solidaridad nos haría a los ciudadanos, paradójicamente, más insolidarios. Exigir que sea el Estado el único que se ocupe de atender a los más necesitados implica crear una coartada moral para que la gran mayoría se desentienda de sus conciudadanos desamparados. Además, dicho monopolio 'social' tiene el riesgo de crear redes clientelares gracias a las que una parte de la población asociará la continuidad de las ayudas que recibe con la continuidad del partido gobernante en el poder.

Sin duda, hay muchas más ideas que podrían añadirse. Espero, en todo caso, que estas hayan sido suficientes para estimular el debate en el PP.

*Percival Manglano es concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular

Un congreso de un partido político sin debate de ideas es como una boda sin novios. El éxito del anunciado XVIII Congreso Nacional del Partido Popular, a celebrar en febrero del año que viene, dependerá, en gran medida, de la variedad y audacia de las ideas debatidas. Esta tribuna pretende ser una contribución a dicho debate. Una contribución inspirada en valores liberales.

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