Hagamos el referéndum en Cataluña y en toda España

De acuerdo con el Articulo 1.2 del Titulo Preliminar de la Constitución española: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. En consecuencia, la única forma legal de decidir sobre la soberanía de Cataluña es preguntándoles a todos los españoles. El Gobierno central, no obstante, no podría convocar un referéndum sobre la materia haciéndolo de cualquier manera, porque no puede realizar preguntas en contra de la propia Constitución. Preguntar a todos los catalanes y españoles si Cataluña debe independizarse o no de España sería jurídicamente imposible porque iría contra la propia Constitución. Pero si formulamos la pregunta, por ejemplo, en términos de si debe iniciarse un proceso de modificación de la Constitución para dar a Cataluña la independencia, el referéndum sería perfectamente legal y la pregunta válida.

El Gobierno de Mariano Rajoy debería tomar la iniciativa y promover desde Madrid un referéndum legal sobre la independencia de Cataluña, realizándolo no solo en Cataluña, sino a la vez en toda España. Un referéndum así sería la única forma de que la consulta fuera constitucional. Al ser legal, promovería una participación masiva principalmente dentro de Cataluña y el resultado sería concluyente. Con toda probabilidad en un referéndum legal, en toda España y con la pregunta adecuada, una amplia mayoría de los catalanes votaría en contra de la secesión.

Algunos analistas sostienen que los independentistas no aceptarían nunca un referéndum 'legal', realizado de esta manera, por dos motivos. El primero porque los independentistas argumentarían que no es razonable preguntar a la parte que ya ha expresado que no quiere divorciarse si está de acuerdo con la que quiere hacerlo. Pero eso sería asumir de antemano que la mayoría de los catalanes se quiere separar y en democracia nunca se debe dar por hecho la opinión de la mayoría. La propuesta de este artículo no es preguntar al resto de españoles si están de acuerdo con que Cataluña se separe. Lo que se propone es preguntar 'legalmente' a todos los españoles, pero especialmente a los catalanes y promoviendo la mayor participación posible sobre todo en Cataluña, si se quieren separar.

Los datos de las últimas votaciones y encuestas en Cataluña sugieren que la gran mayoría de los catalanes no quiere separarse. Sin embargo, la única manera de validar esta conclusión es hacer un referéndum en el que la participación de los catalanes sea masiva. Y la participación solo será masiva si el referéndum está de acuerdo con la constitución, si es 'legal' y se realiza con todas las garantías.

Con toda probabilidad en un referéndum legal, en toda España y con la pregunta adecuada, la mayoría de catalanes votaría en contra de la secesión

Si lo que sugieren los datos de votaciones y encuestas recientes estuviera equivocado y la mayoría de catalanes sí quisiera la separación, ¿por qué no se les puede preguntar 'legalmente', haciéndolo en toda España? En el remoto caso de que el resultado de un referéndum legal fuera mayoritariamente a favor de la secesión, el resto de los españoles tendríamos un verdadero problema que, entonces sí, tendríamos que resolver. Este escenario es extremadamente improbable. Pero en el caso de que ésa fuera la realidad subyacente, si el Gobierno central no permitiera que se le pregunte a los catalanes ni siquiera legalmente, haciéndolo en toda España, los independentistas podrían argumentar que el Gobierno central no quiere jugar limpio y seguirían perpetuamente con su movilización. ¿Qué haría el Gobierno entonces? ¿Procesar y encarcelar a los miles de catalanes que colaborarían activamente para realizar el referéndum ilegal que antes o después la Generalitat convocaría?

Un referéndum no solo en Cataluña, sino en toda España, estaría de acuerdo con la Constitución y promovería una participación muy amplia fundamentalmente en Cataluña, que es donde es importante. Con una elevada participación de los ciudadanos catalanes, con toda probabilidad el voto no secesionista ganaría con una clara mayoría.

El segundo motivo por el que algunos analistas sostienen que los independentistas no aceptarían nunca que se realizara un referéndum 'legal' en toda España sería porque lo que quieren en realidad es hacer un referéndum “ilegal”, “local”, para minimizar la participación de los catalanes no secesionistas y que el voto independentista gane más fácilmente (porque muchos no independentistas no querrían hacerles el juego y no irían a votar).

Pero si ese es el motivo por el que los independentistas se cerrarán en banda a negociar con el Gobierno un referéndum “legal”, realizado con todas las garantías en Cataluña y en toda España, entonces el resto de ciudadanos y la comunidad internacional sabríamos que lo que pretenden no es conocer democráticamente cuánto apoyo tiene su propuesta secesionista, sino hacer trampas, buscando una baja participación para imponer torticeramente su voluntad a la mayoría de catalanes y al resto de España. Su desprestigio sería total.

Cuando una parte significativa de una población cree tener la razón sobre algo importante y opinable, es lícito y necesario hacer un referéndum

En cualquier sociedad la mejor fórmula para resolver las discrepancias sin revueltas ni guerras es la democracia. Aunque ni siquiera en democracia es lícito preguntar cualquier cosa. No se puede preguntar, por ejemplo, si tal raza o sexo tiene derechos humanos, o si la sociedad quiere que las cosas caigan de abajo arriba. Las leyes y normas dadas democráticamente deben estar de acuerdo, primero, con la naturaleza de las cosas. Pero cuando una parte significativa de una población cree tener la razón sobre algo opinable e importante, es perfectamente lícito y hasta necesario hacer un referéndum. En esos casos la democracia debe aplicarse siempre de manera justa, concluyente y, sobre todo, legal, de acuerdo con las reglas de juego que los ciudadanos se hayan dado. En España, de acuerdo con la Constitución. Un referéndum unilateral, realizado solo en Cataluña, no sería ni legal, ni justo, ni democrático, ni concluyente.

El independentismo es un estado del alma. Como casi todo lo importante en la vida, su origen no es racional, sino emocional. Aunque los ejemplos son siempre inexactos, si alguien por razones sentimentales quiere separarse de su pareja no parece muy eficaz a la hora de convencerle de lo contrario que la otra parte obvie hablar de ello, no quiera preguntarle, o recurra a estrategias del miedo para mantener la unión. Tampoco tiene sentido que le proponga como única solución un incremento del límite de su VISA. Lo que tiene que hacer quien desee mantener a su pareja (cuando esta pueda estar pensando en separarse por razones sentimentales) es volver a enamorarla.

En política se enamora con la democracia. Y buscando fórmulas para recuperar el imaginario común, para recuperar el sentimiento de unión, cambiando determinadas actitudes y profundizando en la historia, cultura y logros comunes. Por ejemplo, el Gobierno y el resto de políticos deben de dejar de utilizar vehementemente frases arrojadizas como: “Que se enteren de una vez: ¡Cataluña es España!". Se ajustaría mucho más a la realidad que dijeran: "España es Cataluña". Porque España no existe. España existe porque existen sus comunidades, no al revés. España es el conjunto de comunidades, pueblos y ciudadanos con una historia y cultura común. Y en lo que respecta a Cataluña, podría decirse que Cataluña es más España, es más importante como conformadora de la historia, cultura y logros de España que algunas comunidades más recientes (con todos los respetos para con estas).

Un referéndum legal, negociado en común, realizado con todas las garantías en Cataluña y en toda España, ayudaría definitivamente a mejorar ese sentimiento de unidad, ese imaginario común, de logros comunes, también entre muchos de los que están pensando en separarse, y promovería una participación masiva en Cataluña que haría que, con toda probabilidad, el resultado fuese muy mayoritariamente a favor de la unión y no de la separación.

Todavía estamos a tiempo.

*Jose Gefaell exdirector general del Instituto de Crédito Oficial.