PP-Ciudadanos la están peinando

El movimiento de Albert Rivera no solo es lo único responsable que se ha hecho desde las elecciones. Es también lo más inteligente.

Ciudadanos tenía que construir un puente para transitar dignamente de la abstención al sí. Nada mejor que montarlo sobre una de sus señas de identidad, la regeneración política.

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La condición más importante de ese pacto no se ha formulado en voz alta, está implícita: si hay desbloqueo, la medalla se la colgará Ciudadanos. Si no lo hay, el culpable será el PSOE. El PP ya tiene bastante premio con que le permitan gobernar.

El material con el que Ciudadanos va a negociar con el PP es el acuerdo que firmaron en su día el PSOE y C’s. Al final, será Rivera quien consiga llevar a la práctica el programa de gobierno que Pedro Sánchez defendió ante el Congreso; y será cosa de ver a los diputados socialistas votando contra sus propias propuestas.

Si hay desbloqueo, la medalla se la colgará Ciudadanos. Si no lo hay, el culpable será el PSOE. El PP ya tiene premio con que le permitan gobernar

No se puede hacer más con 32 diputados, aunque ha necesitado que el PSOE se autoexcluya de la negociación. En la política, todos los huecos se ocupan. Como dijo Rivera, “ya que no lo hacen ellos, lo haremos nosotros”.

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No se dejen despistar: Rajoy no necesita siete días para convencer de nada a su partido. La negociación no comienza el próximo miércoles, se está produciendo ahora mismo. Apuesto a que mientras ustedes leen estas líneas, se trabaja a toda máquina en dos planos: por un lado, Soraya Sáenz de Santamaría peina las seis condiciones 'sine qua non' de Rivera para dejarlas jurídicamente presentables y políticamente digeribles. Por otro, De Guindos y Garicano se conciertan sobre la parte económica: techo de gasto, Presupuestos y senda de reducción del déficit. Acompañándolo todo de algo sobre impuestos y de un paquetito social para seguir achicando espacios al PSOE.

Si hay o no acuerdo, Rajoy lo sabrá antes de ir el miércoles a la reunión de Génova. En caso positivo, se pondrá fecha a la investidura. Después, una conversación con Canarias, unos días para escenificar y completar la negociación sobre lo ya cocinado; y en la patriótica presentación del acuerdo, un mensaje terminante: señores del PSOE, llegó la hora de decidir su destino. Pueden elegir entre una capitulación honrosa en forma de abstención o la lapidación en las urnas a manos de las masas enfurecidas (comenzando por el País Vasco y Galicia).

Aun admitiendo que es una maniobra inteligente, las seis condiciones de Rivera, tal como se formularon, tienen más agujeros que un queso de Gruyère

Ahora bien, aun admitiendo que es una maniobra política inteligente y responsable, las seis condiciones de Rivera, tal como se formularon, tienen más agujeros que un queso de Gruyère. Por eso hay que precisarlas y darles un poco de consistencia.

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En realidad, ninguna de ellas toca el núcleo de la corrupción política en España. Esta nace de un sentimiento de impunidad incubado en las zonas oscuras de la contratación pública, en un urbanismo desbocado durante décadas, en la laxitud de los controles, en la discrecionalidad de decisiones que deberían estar tasadas y en la colusión consentida entre los intereses públicos y los privados.

Lo que Rivera ha presentado es una mezcla, confusa pero resultona, de medidas sobre el estatus de los cargos públicos y de reformas del sistema político. Son más efectistas que efectivas. Y casi todas exigen consensos mucho más amplios que un simple acuerdo entre el PP y Ciudadanos.

Un repaso resumido:

1. La proscripción política de los imputados. Uno o más partidos pueden adoptar voluntariamente el criterio de no nombrar o cesar a personas imputadas. Pero eso jamás puede llevarse al ordenamiento jurídico, porque: a) violaría la presunción de inocencia; b) la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos está ligada a una condena judicial firme. Adelantar la pena a la sentencia es claramente inconstitucional.

2. Los aforamientos. En España hay más de 17.000 personas aforadas, lo que evidentemente es disparatado. Pero apenas el 10% son cargos políticos, todos los demás son jueces y fiscales. Para suprimir el aforamiento de los miembros del Gobierno y de los parlamentarios nacionales, habría que reformar un par de artículos de la Constitución.

En todo caso, quizá sería prudente distinguir los delitos comunes -en los que el aforamiento es un privilegio inaceptable- de los hechos relacionados con el ejercicio del cargo.

La cuestión es que si se combinan sin más las dos primeras condiciones de Rivera (imputados a la calle y aforamientos fuera), cualquier juez de instrucción podría provocar la caída del presidente del Gobierno o de cualquier otro gobernante o representante del pueblo mediante un simple auto de imputación, sin necesidad de pruebas inculpatorias.

3. La Ley Electoral. Más bien habría que hablar de reforma del sistema electoral, cuyos elementos estructurales no están en la ley, sino en la Constitución. Como para cambiar eso se requiere un consenso que nunca se alcanzará porque estas cosas se estudian con la calculadora en la mano y lo que beneficia a unos perjudica a otros, la propuesta es otro brindis al sol.

Repitamos que el problema de la proporcionalidad no tiene que ver con Monsieur D’Hondt, sino con la cantidad de diputados y, sobre todo, con las circunscripciones provinciales, ambas constitucionalmente blindadas. Esto no pueden arreglarlo entre el PP y C’s.

4. Indultos. La Constitución atribuye al Rey el ejercicio del derecho de gracia, en los términos que fije la ley; y la ley fija que la iniciativa corresponde al Gobierno. Es legítimo y deseable un acuerdo político para no promover indultos en casos de corrupción. Pero también aquí, si se pretende convertir eso en mandato legal, habría que reformar la Constitución para restringir en ese punto las atribuciones del jefe del Estado.

Veremos cómo Sánchez explica que cierran el paso a un programa que recoge el 75% del que él presentó en su investidura y que desbloquea la gobernación

5. Limitación de mandatos. Es una norma propia de las repúblicas presidencialistas -Estados Unidos, Francia, Latinoamérica-, pero no de las democracias parlamentarias. Que yo sepa, en Europa no se contempla para los primeros ministros (Merkel lleva tres legislaturas, como antes Blair y otros muchos). Si se hiciera en España, sería un caso excepcional. En todo caso, deberían precisar a quiénes se refieren. ¿Solo al presidente del Gobierno o también a los ministros? ¿A los presidentes y consejeros autonómicos, a los alcaldes y concejales? ¿A todos los puestos ejecutivos del país?

6. Comisión de investigación sobre el caso Bárcenas. Es una exigencia innecesaria. Los partidos de la oposición tienen mayoría de sobra para crear esa comisión cuando les dé la gana. Que Ciudadanos presente la propuesta mañana mismo en el Congreso y se aprobará con o sin los votos del PP.

Todo eso -y algunas cosas más- es lo que seguramente se negocia y matiza en estos días para que el miércoles el PP pueda dar tranquilamente el sí que habilite el sí de Ciudadanos.

Ese será el momento del vértigo para los socialistas. Veremos cómo Sánchez y su partido explican que cierran el paso a un programa que recoge el 75% del que él presentó en su investidura, que tiene 170 votos a favor, que desbloquea la gobernación de España y que es lo único que puede frenar las terceras elecciones. Qué gran verdad aquella de que nadie llega tan lejos como el que no sabe a dónde va.