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Ignacio Varela

Una Cierta Mirada

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Izquierda de gobierno o izquierda sin Gobierno

Nunca antes el PSOE se sintió obligado a enfatizar su condición de partido de gobierno. Tras el Congreso Federal, nada hace pensar que se estén preparando para ganar los próximos comicios

Foto: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso Federal del partido. (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso Federal del partido. (EFE)

¿Qué pasaría si un gobierno socialista decidiera esta semana retirar el apoyo de España al tratado de la Unión Europea con Canadá? Ese tratado tiene el apoyo de todos los gobiernos de la UE, del Parlamento Europeo y de la Comisión, pero basta que un Estado miembro se oponga para abortar su nacimiento.

Sería un seísmo mundial. Abriría la crisis más grave en la Unión Europea desde el Brexit, de la que probablemente ya no saldría. Tendría consecuencias graves sobre la economía, inmediatamente veríamos bajadas en las bolsas y convulsiones en los mercados financieros. Y la credibilidad de España como un país fiable recibiría un golpe fatal.

Foto: Pedro Sánchez, flanqueado por Cristina Narbona y Adriana Lastra, presidenta y vicesecretaria general del PSOE, en la ejecutiva del 19 de junio. (EFE)

El tratado no tiene gran trascendencia económica para España, así que hacer de él caballo de batalla es obviamente un movimiento político, uno de esos casos en los que primero se decide y después se encarga a alguien que busque los argumentos. Lo cierto es que ese acuerdo se ha convertido en el estandarte de la respuesta al proteccionismo de Trump y al discurso antiglobalización de los populismos; y llegados a este punto, su fracaso haría un daño irreparable.

Imaginen esa baza política en manos de los Trump, Le Pen y compañía, que celebrarían con champán un triunfo inesperado obsequiado por un partido clásico de la democracia representativa. Merkel y Macron, en plena faena de recomponer la unidad de Europa, seguro que tendrían algo desagradable que decir sobre ese gobierno español.

La negativa del PSOE al tratado con Canadá abriría la crisis más grave en la Unión Europea desde el Brexit, de la que probablemente ya no saldría

Afortunadamente, nada de eso sucederá. No solo porque no gobierna el PSOE, sino porque, si estuviera en el Gobierno, no tomaría semejante decisión. Tampoco lo haría si sus votos fueran decisivos para la aprobación del tratado. Esas jugadas solo se hacen cuando no hay que cargar con sus consecuencias. El golpe de timón de los socialistas españoles solo tiene sentido siendo gratuito. Lo hacen porque saben que no tendrán que gestionar desde el Gobierno la ruptura del tratado y porque calculan que otros grupos parlamentarios ya se encargarán de sacarlo adelante.

Vayamos del ejemplo a la categoría. Hasta diez veces repitió el secretario general del PSOE en su discurso de la semana pasada esta consigna: “Somos la izquierda de gobierno”. Se los ve preocupados por eso, nunca antes el Partido Socialista se sintió obligado a enfatizar su condición de partido de gobierno, algo que venía de fábrica.

[Consulte aquí el proyecto de acuerdo económico entre la UE y Canadá]

Sin embargo, todo lo que ha salido últimamente de Ferraz y sus aledaños es más bien propio de quien se desprende de la dimensión de gobierno para disponerse a luchar, sin el corsé de la responsabilidad, por la conquista de un espacio electoral. Lo que más distingue a los partidos de gobierno de los que no lo son es que los primeros, desde el poder o desde la oposición, siempre actúan con la perspectiva de que las propuestas y posiciones que formulan puedan llevarse al BOE. Todo lo que dicen y hacen pasa por el filtro de su sostenibilidad desde un gobierno.

placeholder Clausura del Congreso Federal del PSOE, celebrado en Madrid. (EFE)
Clausura del Congreso Federal del PSOE, celebrado en Madrid. (EFE)

En el lado opuesto están las organizaciones de estrategia testimonial –en este caso, posicional– que lanzan ideas al aire con la tranquilidad de saber que no les tocará llevarlas a la práctica. Todas las cabriolas del "nuevo PSOE" durante esta densa semana lo sitúan en este segundo grupo.

Para empezar, la propia resolución de su congreso partidario. Nada en ese congreso hace pensar que el PSOE se esté preparando para ganar las próximas elecciones. El objetivo parece ser más bien protegerse preventivamente de una futura derrota, disociando poder orgánico y resultados electorales.

Del copioso equipo de dirección designado por el secretario general no sale un décimo de Consejo de Ministros. Sin embargo abundan los gladiadores orgánicos, especialistas en atornillar situaciones de poder interno.

Los ganadores del 21 de mayo han creado las condiciones para no temer por sucesivas derrotas electorales, siempre que no haya 'sorpasso'. Por eso con la boca dicen que su adversario es el PP y con el resto de su cuerpo se aprestan a defender la primogenitura de la izquierda, desentendiéndose por ahora de la dura tarea de alcanzar el gobierno por la vía de sumar más votos que el Partido Popular.

El equipo de Sánchez dice con la boca que su adversario es el PP y con el resto de su cuerpo se apresta a defender la primogenitura de la izquierda

La cuestión es que han aceptado competir con Podemos en su terreno, con sus armas y con sus reglas (incluso con su vocabulario), alentando la inquietante sospecha de que Pablo Iglesias dicta las condiciones para aceptarlos en el club de la izquierda populista. Primero les exigió lo del CETA como prenda y luego aplaudió su docilidad, pero no sin advertirles: “está bien, pero todavía tienen mucho que demostrar”.

Al mismo juego posicional pertenece el abrazo a la plurinacionalidad, que se hace con la certeza de que no existe la menor posibilidad de reunir las fuerzas necesarias para llevar ese concepto a la Constitución.

Foto: Susana Díaz conversa con el comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, Pierre Moscovici, este 23 de junio en Sevilla. (EFE)

(Hay una contradicción esencial entre promover una ambiciosa reforma constitucional y cortocircuitar la interlocución con el único partido cuyo consentimiento es imprescindible para cualquier reforma de envergadura. El obstáculo del PP es un salvoconducto para que el PSOE se eche alegremente al monte y se apunte a todos los guateques).

A ese movimiento ha venido a sumarse la increíble temeridad con la que una dirigente, que pertenece a las direcciones del PSC y del PSOE, se ha metido en el jardín del artículo 155 afirmando que “haremos todos los esfuerzos, si hace falta apelando a la comunidad internacional, para evitar una suspensión de la autonomía”.

Observen el verbo: haremos. Cuando alguien con responsabilidad política se expresa así, hay que precisar el sujeto. ¿A quién se refiere ese “haremos”, a Parlón y sus amigos, al PSC, a la Ejecutiva del PSOE de la que ella forma parte?

placeholder La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y miembro del PSC, Nuria Parlón. (EFE)
La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y miembro del PSC, Nuria Parlón. (EFE)

Con esa declaración imprudente no solo ha sacado de la jaula un escenario peligroso que el propio Gobierno no menciona porque su manejo solo conviene a los independentistas; además, ha abierto una brecha en el frente constitucionalista justo en los momentos preliminares de la gran batalla.

Si hoy el PSOE estuviera en la Moncloa y tuviera que hacer frente al desafío que se avecina, Parlón habría meditado antes de hacer una declaración semejante. O la habrían hecho reflexionar después, en su casa.

Que algunas cosas salgan inicialmente gratis no quiere decir que a la larga resulten inocuas. En solo una semana de ejercicio, el llamado “nuevo PSOE” ha permitido que se pongan en duda dos de los rasgos más unánimemente reconocidos del PSOE: su inmaculado (hasta ahora) compromiso europeísta y su lealtad constitucional. Con ello se ha garantizado una riada de titulares, pero la transformación de los atributos de la marca está en marcha y parece incontenible.

¿Qué pasaría si un gobierno socialista decidiera esta semana retirar el apoyo de España al tratado de la Unión Europea con Canadá? Ese tratado tiene el apoyo de todos los gobiernos de la UE, del Parlamento Europeo y de la Comisión, pero basta que un Estado miembro se oponga para abortar su nacimiento.

Canadá