¿Corre peligro la deuda pública española?

Interesante la intervención de Xavier Sala la semana pasada en la Fundación Del Pino. Para el economista catalán afincado en Estados Unidos, España corre el peligro de argentinizarse, es decir, de no pagar su deuda pública en algún momento futuro. El riesgo es serio y ya lo está notando la deuda pública española de duración media-larga. En doce meses escasos el diferencial a 10 años con Alemania de los bonos ha pasado de 33 p.b. a 78 p.b.

 

En las crisis anteriores a la implantación del euro, la opción recurrente era devaluar.  Ahora esta alternativa es inviable, entre otras cosas, porque haría falta mayoría cualificada en el Congreso y la oposición. Esta última nunca votará a favor de salirse de la moneda europea aunque sólo sea para desgastar al rival. La otra opción es que el país termine impagando la deuda.

Para el catedrático de la Universidad de Columbia, "los desequilibrios financieros se están intentando arreglar con más desequilibrios". La política de gasto público está disparando el incremento de la deuda que algún día habrá que pagar. Estados Unidos utilizará la inflación como método de escape ya que subir los impuestos es inviable en ese país. España no tiene esta flexibilidad al estar en el euro. Alemania ha dejado muy claro que no está por la labor de utilizar la inflación como vía de salida, lo que hará inevitable el aumento de impuestos.

España se encuentra en una situación similar a cómo se encontraba Estados Unidos en el 29, con un déficit por cuenta corriente del 10% y la productividad en mínimos. Para salir de ésta situación o bien habría que reducir el consumo o subir la productividad en un 10%. Lo primero haría caer el PIB en la misma proporción y lo segundo en estos momentos parece un pasaje de "Alicia en el país de las maravillas".

Para incrementar la productividad en el corto-medio plazo harían falta durante largos años potentísimas políticas de I+D y educación. Para poder financiarlas habría que, además de subir la carga impositiva, reducir el gasto público de sitios muy sensibles en términos sociales y políticos, como funcionarios, pensionistas, algo inimaginable políticamente, porque sacrificaría el crecimiento a corto plazo durante mucho tiempo, algo inviable para el que pretenda ganar las siguientes elecciones. El coste político de reducir gasto público será enorme y nadie lo hará si no hay un Pacto de Estado que parece improbable a día de hoy.