¿Por qué los bancos no prestan?

No hace ni una semana que el BCE ha publicado los resultados de las encuestas trimestrales sobre el acceso al crédito en la Eurozona. Los criterios

No hace ni una semana que el BCE ha publicado los resultados de las encuestas trimestrales sobre el acceso al crédito en la Eurozona. Los criterios de concesión de préstamos continúan ajustándose y las pymes experimentaron un deterioro en la disponibilidad de préstamos del 22% en términos netos entre abril y septiembre. Parece claro que los bancos no están prestando lo necesario para que el crédito fluya a donde más se necesita, y la recuperación comience lo antes posible. Como decía Leopoldo Abadía, "el dinero de los bancos, a la calle".

Aunque hay diferentes causas detrás de esta falta de crédito, como las dificultades de financiación de los propios bancos o el crowding-out derivado del aumento de la financiación al sector público, los costes relacionados con la posición de capital y los esfuerzos de recapitalización siguen siendo una de las razones más nombradas en la encuesta.

Miremos por ejemplo Basilea III, las nuevas normas internacionales sobre solvencia bancaria acordadas tras la crisis. El acuerdo continúa la senda de su antecesor, Basilea II, que asigna un valor mínimo a la ratio del capital requerido para absorber perdidas potenciales, y los activos ponderados por su riesgo relativo (no es lo mismo un préstamo al gobierno francés, a Telefónica, o a un promotor inmobiliario). 

Bajo los nuevos estándares los requerimientos de capital de máxima calidad (Tier 1) se han incrementado del 2% al 4,5% de los activos ponderados por riesgo (APR). Las entidades también deberán mantener capital para nuevos buffers (como colchón de seguridad): uno de conservación de capital (de un 2.5%), y uno contra-cíclico que expande el de conservación (de un máximo de un 2.5%). Además las entidades más grandes (G-Sifis) deberán añadir una cantidad adicional que depende de su tamaño y riesgo sistémico medido por una serie de indicadores. 

El Financial Stability Board (FSB) ha publicado hace tan solo unos días la lista definitiva. A Santander y BBVA se les exigirá un 1% adicional. Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank y HSBC se llevan la peor parte, con un 2,5% adicional.

Además de incrementar su cifra de capital, aumentando el numerador de la ratio mínima requerida, los bancos también pueden reducir el denominador disminuyendo sus APR, que generalmente es más sencillo, y más barato. Básicamente se trata de reducir las actividades que consumen más capital y sustituirlas por actividades menos costosas en términos de ROE. 

Por ejemplo, bajo los modelos estándar de cálculo de APR, invertir en bund alemanes no consumiría capital, mientras que un préstamo a una pyme incurriría normalmente en una ponderación del 100% del valor del préstamo. Esto no sucede únicamente en operaciones de banca tradicional. Hace unos días el banco suizo UBS ha anunciado -junto con 10.000 nuevos despidos- que su división de renta fija se movería a una nueva unidad con el objetivo de reducirla progresivamente y disminuir sus APR en unos 65.000 millones de Euros.

Una forma menos ortodoxa de reducir los APR –algún medio la ha llegado a calificar de alquimia financiera- es modificar los modelos internos que los bancos utilizan para su cálculo. Tanto Santander como BBVA han estado recientemente en el punto de mira de los inversores por el uso de esta práctica –comúnmente denominada ‘optimización de APR’- , pero se utiliza por la gran mayoría de los bancos europeos. Siguiendo con UBS, por ejemplo, de la reducción en APR que logró en el tercer trimestre (unos 6,5 mil millones de euros), un 15% fue atribuido a un cambio en sus modelos de riesgo.

¿Qué otras posibilidades quedan? El regulador financiero del Reino Unido (la Financial Services Authority o FSA) ha publicado recientemente su intención de ajustar los requerimientos de capital a las entidades que concedan nuevos préstamos a pymes. Básicamente el mecanismo consiste en ajustar el nuevo buffer de conservación de capital, para compensar el incremento de requerimientos básicos del pilar 1, que son los que resultan de los modelos internos de riesgo.  

Aunque esto pueda parecer trivial, usar la regulación bancaria con objetivos macroeconómicos es algo bastante novedoso y despierta gran escepticismo. De momento, la decisión se ha visto con buenos y malos ojos en la City. Mientras que algunos ven el hecho de disminuir los requerimientos en los momentos más duros como positivo, el riesgo de que los bancos puedan prestar sin incurrir en cargas de capital y sus consecuencias si no se produce una recuperación, asustan.

Otro informe reciente, en este caso del regulador europeo, la European Banking Authority o EBA, analiza las ponderaciones que se utilizan para calcular los APR en préstamos a pymes y estudia los potenciales efectos de una reducción de estos en la disponibilidad del crédito. El informe procede precisamente de una solicitud de la Comisión Europea, preocupada por el impacto de los nuevos requerimientos de Basilea III en el crédito a pymes. El informe comenta posibles estrategias como la implementación de excepciones al buffer de conservación de capital o descuentos en el cómputo de capital requerido para préstamos a pymes.

Analizar y reajustar los requerimientos, generando los incentivos para la concesión de crédito donde más se necesita es un primer y necesario paso. Por otro lado, los calendarios de implementación de las nuevas normas partían de la idea de aprovechar el momentum y de que la crisis duraría menos. Bancos centrales, reguladores y políticos van a tener que gestionar activamente estos calendarios teniendo en cuenta necesidades de financiación y el dinero que fluye a la economía real, pero sin comprometer la seguridad de nuestros ahorros. Alguien va a tener que prestarles un par de velas… para Dios y el diablo.

En cualquier caso, parece que va a ser complicado que los bancos pongan el dinero en la calle, al menos por un tiempo. La implementación inmediata de las nuevas normas conllevaría un déficit de más de 374.000 millones de Euros, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Comité de Basilea. En Europa el déficit ascendería a unos 199.000 millones. El calendario de implementación contempla una transición progresiva hasta 2018, pero las cifras hablan por si solas del esfuerzo pendiente.

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