Los subsidios indirectos a la banca

La posibilidad de quiebra es uno de los mecanismos fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento de los mercados, incentivando a accionistas y acreedores a que vigilen y controlen la actividad de los órganos de gestión de la empresa. Sin embargo, la crisis ha demostrado una vez más que este proceso no funciona correctamente en el sector bancario. Como resultado, se han utilizado ingentes cantidades de dinero de las arcas públicas para rescatar a la banca, entidades que se convirtieron en demasiado grandes para quebrar (too big to fail).

Si nos centramos en la Eurozona, se han utilizado ya más de 340.000 millones de euros para operaciones de rescate, y hace un par de semanas nos atrevíamos con un crudo estimador de futuras necesidades de capital, arrojando unos requerimientos de unos 730.000 millones adicionales que, en principio, podrían ser cubiertos mediante distintos mecanismos.

Pero los fondos de recapitalización de entidades no son el único, o incluso mayor, coste. Generalmente, el peso de las pérdidas en los rescates de entidades se ha repartido entre accionistas, acreedores y el contribuyente, pero con la particularidad de gran parte de la deuda se quedaba intacta. Existen por tanto acreedores con depósitos sin asegurar que no se enfrentan al riesgo de perder su inversión. Es lo que se denomina garantía implícita.

Esta garantía se traduce en costes de financiación artificialmente bajos para los bancos que la disfrutan (aquellos que por su tamaño o características se espera que sean rescatados), generando ventajas competitivas y permitiendo a la entidad asumir mayores riesgos ya que los acreedores pierden parte de sus incentivos para controlar la gestión de la entidad. Por otro lado, menores costes de financiación se traducen en préstamos más baratos durante el ciclo alcista, y en una reducción de los estándares de concesión de crédito, o en castellano claro, hipotecas para todos.

Pues bien, un estudio reciente del Banco Central de Holanda proporciona una estimación de la ventaja que estas garantías implícitas otorgan a los bancos en Europa. La metodología resulta bastante interesante y está basada en cómo las calificaciones de las agencias de rating y los costes de financiación se mueven al unísono. Algunas de las calificaciones incorporan en su cálculo la probabilidad de que la entidad sea rescatada en caso de insolvencia mientras que otras no, pudiéndose comparar en términos relativos. Por ejemplo, supongamos que el banco Menganitos recibe una calificación de AA con rescate, y un B+ sin rescate. Los autores del estudio asumen que la diferencia entre el interés que paga el banco Menganitos y el interés que pagaría el banco Fulanitos, que también tiene una B+ pero con rescate, es la medida de la garantía implícita.

Aunque la metodología no deja de ser un poco cruda, no hay que subestimar los resultados. Ya hay varios estudios que demuestran (muy a nuestro pesar), que los ratings son mejores indicadores de los costes de financiación que otras variables financieras como la morosidad o el apalancamiento. Aun así, esta correlación es obviamente imperfecta, y otros factores como las ventajas de tamaño y la internacionalización podrían también ayudar a explicar estos resultados.

En promedio, el estudio estima una ventaja en costes en torno al 2% de los activos, lo que resultaría en unos 650.000 millones de euros para la Eurozona, aproximadamente unos 150.000 millones más que el total disponible por el fondo de rescate europeo. Esto es lo que se ahorran las entidades y sus accionistas gracias a que usted con sus impuestos está garantizando indirectamente sus emisiones de deuda. Casi nada.

Como cabría esperar, el estudio demuestra a su vez que los bancos localizados en los países con mejor calificación disfrutan de menores costes de financiación relativos (mayor garantía implícita).

La mera existencia de estas garantías ya justifica la creación de un nuevo marco que deje claro quién se queda con la cuenta y cómo se paga. El mecanismo centralizado que la Comisión Europea acaba de proponer (Mecanismo Único de Resolución de entidades o SRM, por sus siglas en inglés) apunta en esta dirección estableciendo un nuevo fondo de restructuración cuyos costes serían asumidos posteriormente por el resto de entidades (cross-subsidy), de manera similar a lo que ocurre en la actualidad con los depósitos que están asegurados -hasta 100.000 euros-.

Sin embargo, la propuesta deja el poder de decisión sobre cuándo y cómo restructurar una entidad en manos de la mismísima Comisión, relegando a secundario el papel del nuevo supervisor único, el BCE. La independencia del sistema está en juego. Si Alemania, defensora firme de un cambio de tratados y un proceso de negociación más lento necesitaba alguna excusa para mandar la propuesta a freír espárragos, ya la tiene. European policy-making en estado puro.