Días de pánico en el Banco de España

Días de mucho, vísperas de nada, dice el refrán. Eso mismo le ha pasado al Banco de España en la gestión de la crisis del sistema bancario nacional, cuya supervisión le correspondía hasta ahora. El uso del pretérito es adrede. Si en un pasado no muy lejano, la confianza en sus propias fuerzas animaba al gobernador a opinar a diestro y siniestro sobre la política económica que España necesita, se ve antes la mota en el ojo ajeno que la viga en el propio, con los últimos movimientos que se han producido desde el ejecutivo socialista, su tarea ha sido primero cuestionada, después relegada y,en última instancia, será defenestrada. Son días de pánico en el Banco de España. 

No es de extrañar. Miguel Angel Fernández Ordoñez puede pasar a la Historia como uno de los peores dirigentes del banco central que haya tenido este país, otro vendrá que bueno te hará. De hecho, no es muy distinta su trayectoria a la del presidente del gobierno que más méritos ha hecho para obtener tal distinción, José Luís Rodríguez Zapatero. Herederos del buen hacer de sus predecesores en el cargo, han dedicado durante buena parte de su mandatos a capitalizar los réditos de dichas políticas ajenas, incapaces de reconocer que los pilares del edificio eran de barro. Si ZP negó la crisis, MAFO obvió su manifestación más peligrosa: la elevada concentración de riesgo constructor en el balance de las entidades financieras. Complacientes en extremo, han agravado con su displicencia el problema de este país. 

La frágil poltrona sobre la que ambos estaban sentados no ha resistido el peso del escrutinio del mercado. Dos son los problemas de transparencia de España, vienen a decir los malvados especuladores: regiones y sistema financiero. Y mientras que la evolución del primero viene condicionada por un fondo político que ni mucho menos disculpa los dislates cometidos, no ocurre lo mismo con el segundo, dada la teórica independencia de la que disfruta el Banco de España en la supervisión de bancos y cajas. Si la crítica al presidente es por acción, la que se realiza al gobernador es, sin duda, por omisión. No ha hecho los deberes ensoñado como estaba en la aceptación por parte de Basilea III del esquema de provisionamiento anticíclico español, que ya se veía con letras de oro en el frontispicio de la sede del Banco Internacional de Pagos de Basilea. 

El resultado de su actuación, en exceso tardía y reactiva, es de todos conocido: la adopción precipitada por parte del gobierno de una serie de medidas que buscan, por encima de todo, actuar allá en donde el banco central ha mostrado menos reflejos. El adelanto a septiembre de este año de las nuevas normas de solvencia y de liquidez supone una intrusión evidente en el campo de responsabilidades del Banco de España que por ley tiene atribuidas. El proceso de implantación le ha sido arrebatado de un modo material hasta el punto de que su labor se limitará a actuar como una suerte de policía del capital al servicio del Ejecutivo. No solo eso, la discriminación que Elena Salgado hizo en su presentación entre entidades cotizadas y no rompe un principio de equidad en el trato del que el supervisor es teórico garante. Aunque aquí todo eso parece dar igual. 

Una labor, por tanto cuestionada y relegada que, como decíamos al comienzo, puede concluir en defenestración. Porque a estas alturas resulta muy difícil imaginarse a un Estado accionista de cajas cumpliendo las directrices formales que le pretenda imponer el equipo de MAFO. Ojalá me equivoque pero todos sabemos cómo funcionan las cosas en este país. De ahí que la alternativa que a la desesperada ha perseguido el gobernador haya sido la conversión de las cajas en fundaciones y la entrada de capital privado en las mismas. Cualquier cosa antes que ceder la última parcela de poder visible que le queda una vez delegadas hace años en el BCE las políticas tanto monetaria como de tipo de cambio. Una buena idea, ya implantada en Italia, que hubiera sido viable hace tres años, cuando el mercado de financiación fluía con cierta alegría y los inversores podían ver la medida como una oportunidad para entrar en esa banca que entonces sacaba pecho. Faltó valor.