El “indúltero” Alfredo Sáenz y la financiación a los partidos

Vaya por delante que una justicia que tarda más de quince años en resolver sobre unos hechos presuntamente delictivos, no es Justicia. Será otra cosa pero no derecho, razón, equidad. En la medida en que la vida de las personas, y no poco intereses económicos, quedan condicionados por tal dilación, medio y fin –minúscula y mayúscula- se confunden y con ellos la esencia de su naturaleza y la legitimidad de sus resoluciones. Si, además, pierde por el camino un atributo esencial, cual es la independencia, premisa que garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, apaga y vámonos. Desde el momento en que es la política la que decide sobre la composición de sus instancias más elevadas y sus órganos de poder, el orden jurisdiccional queda bajo sospecha. La facultad del Ejecutivo de indultar al penado, sea totalmente o mediante conmutación de su pena por otra menor, es la amarga guinda al pastel del descrédito e invalidez de la actividad del tercer poder del estado. Un compendio de razones que permite, paradojas de la vida, hacer un juicio sumarísimo sobre la necesidad de la reforma inminente, completa y consensuada tanto de ella como de sus relaciones con el resto de los elementos esenciales que configuran el consenso constitucional.

Alfredo Sáenz ha sido sin duda, una de sus víctimas, como son todos los que salen beneficiados o perjudicados de sus dilatadas sentencias. Sin embargo, en su caso, el veredicto resulta doblemente desfavorable, toda vez que en su bagaje judicial pesa una condena en firme. El caso no se diferenciaría de tantos otros que surgen a diario de los tribunales si no fuera porque, a lo largo de estos quince años, el afectado se ha encaramado a la cima del mayor banco del sistema financiero español, lo que convierte su caso en excepcional y paradigmático a partes iguales. Icono de referencia, directivo bancario mejor pagado de España. El poder del dinero frente a la fuerza de la verdad. El último rescoldo de credibilidad que le quedaba al sistema, avivado por el viento de un inhabilitación razonable a la luz de los hechos probados, sometido a la prueba de las más fuertes lluvias, las de las servidumbres financieras y los favores cruzados. Se ha consumido abruptamente, lumbre apagada con luz y taquígrafos, escándalo que prima la conveniencia, incluido ese “no es momento con la que está cayendo” que se ha llegado a oír en los círculos ilustrados, frente a la consistencia, piedra de toque para una regeneración en la que debieran reinar los principios por encima de los principales. No ha podido ser. Queda la Justicia huérfana de esperanza.

¿Por qué tan innecesario sacrificio?

Acción socialista y connivencia popular han ido de la mano en este caso. Lo que nos lleva a uno de los pocos factores que no se han tocado en los distintos análisis que se han podido leer desde que se hizo pública la decisión del Consejo de Ministros: las finanzas de los partidos políticos. Básicamente estos recaudan fondos por tres vías esenciales: las aportaciones de sus militantes, las subvenciones, ligadas a su presencia en las instituciones, y la financiación bancaria. Hay una adicional que es el “descuideo”, que se presume estructural pero hasta ahora solo ha sido probado circunstancial, manzanas podridas del cesto. Pues bien, la primera sufre los rigores de la crisis, más cuanto menos cualificado es el espectro social de los simpatizantes; la segunda beneficia al ganador y perjudica al perdedor de cualquier contienda electoral, daño económico que aumenta con la importancia de la derrota; y la irregular cuarta está ligada, igualmente, al mantenimiento de ámbitos de decisión que faculten decisiones de ida y vuelta monetariamente hablando para la caja B. Pues bien, en estos tres campos de obtención de ingresos, el PSOE ha visto cómo se deterioraba sustancialmente su posición en los últimos años. La puntilla ha podido ser la debacle del 20-N. Y es que como estos chicos hayan gestionado las finanzas de su formación del mismo modo que el dinero público, su situación financiera tiene que ser de las de poner los pelos de punta. Vaya, ya vamos hilando.

Claro que siempre nos quedará la banca, no nos habíamos olvidado de ella. En un más que interesante artículo publicado el año pasado en El Confidencial por Gaspar Ariño, Catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Foro de la Sociedad Civil, se pone de manifiesto cómo ya en 2007 la financiación de cajas a las formaciones con representación pública ascendía a 122 millones de euros, siendo el PSOE de largo el mayor deudor. Estamos hablando del 50% del sistema financiero. El más politizado, cierto es, pero aun así. La cifra total, añadida la banca, podría ser notablemente superior. Junto a estas cifras, obtenidas del Tribunal de Cuentas y de la Memoria de estas instituciones (los bancos no están obligados al desglose), denunciaba el autor el sistemático mecanismo de condonación de los créditos concedidos a los de uno y otro lado de la bancada parlamentaria. Según el reputado jurista, en 2006, Santander y BBK condonaron al PSOE 30 millones de euros, que se dice pronto. Y es práctica habitual, si nos atenemos a los datos históricos del Banco de España. Una operativa que solo puede perseguir dos fines: inmunidad y/o influencia. De nuevo esa extraña confluencia de intereses entre banca y política, poderoso caballero es don Dinero, que volviendo al caso que hoy nos ocupa, el “indulterio” de Alfredo Sáenz -uso inadecuado de una figura lícita-, permite explicar el por qué de la acción de los unos, la razón del silencio de los otros, el descuido de una prensa que oculta el escándalo en sus interiores, no vaya a ser que despierte a la bestia acreedora que hay en su balance, y la desazón de una justicia cuya identidad se descafeína cada día que pasa. La España que mira hacia otro lado en su manifestación más pura. Así nos va.

Buena semana a todos.