La 'pinocho' Carmena al desnudo: 'lex dura, sed lex'

Manuela Carmena es juez antes que alcalde. Esto es esencial para comprender hasta qué punto ha manipulado la voluntad de los electores con falsas promesas para auparse al sillón municipal. Su pertenencia a la judicatura le impide excusarse en una presunta ignorancia de la norma para justificar lo que va a devenir en un incumplimiento sistemático de su programa, especialmente en la parte más utópica del mismo. Como ella sabe mejor que nadie, lex dura, sed lex, qué se le va a hacer. En un estado de derecho, ni cabe saltarse la ley ni oponerse arbitrariamente a ella. El paso de los meses la va a dejar en pelota picada ante aquellos que depositaron en ella su esperanza, huyendo de la Esperanza. No se alterará lo más mínimo, no crean. Para el populismo la culpa es siempre del empedrado. Abran paso a la Operación Asfalto.

La primera en la frente la han recibido la semana pasada cuando a la despelotada eclesial Rita Maestre -esa que entiende ‘castizo’ como la necesidad de crear una casta del frente popular y ha promocionado a su padre a subdirector de la Agencia Tributaria madrileña- no le quedó más remedio que anunciar que la venta de viviendas públicas a Blackstone era “difícilmente revertible” (sic). Más allá del neologismo estulto de la interfecta -el adjetivo correcto es ‘reversible’, con ese, de acuerdo con la RAE; hay que leer más- lo que queda claro es que una cosa es la percepción social de una transacción y otra bien distinta si se ajusta o no a la legalidad. Esta no admite arbitrariedad: los contratos hay que cumplirlos, cláusulas indemnizatorias incluidas. Y, siendo así, el ajo de las compensaciones financieras puede no justificar el pollo de la demagogia. Se siente.

Poco a poco se irá comprobando como la ilegitimidad -esto es, la oposición a la ley, ilegalidad elevada a la categoría de ‘okupa’- no era tal y como la habían cacareado en los Círculos durante meses o sigue propugnando aún, con verborrea rancio-comunista, algún concejal despistado que no ha dudado en afirmar que el 80% de la deuda del Consistorio es ilícita. Busquen, comparen y, si encuentran alguna irregularidad, denúncienla, sea sobre pagos o comisiones. Pero esto de considerar todo aquello que no responde a su forma de ver la sociedad como algo a destruir, por muy fundado y justificado en su origen que esté, es más propio del ISIS que de una sociedad democrática, qué quieren que les diga. Y muestra la verdadera cara de los que proponen resolver de manera unilateral los compromisos adquiridos en el pasado por el Consistorio. Dejen de pagar los créditos, ya verán lo que pasa.

El paso de los meses la va a dejar en pelota picada ante aquellos que depositaron en ella su esperanza, huyendo de la Esperanza

Nos vamos a encontrar en breve con otro ejemplo de cómo la realidad se puede imponer a la ficción propugnada durante la campaña por Ahora Madrid. Es el caso de la remunicipalización de los servicios de limpieza de la capital. De nuevo la ley entra en acción. Y lo que dice el derecho laboral es que el adjudicatario de esa contrata, sea público o privado, debe hacerse cargo del personal asignado a la misma. Es decir: no sólo renunciaría el Ayuntamiento madrileño a los ingresos derivados del canon de la licitación sino que tendría que convertir en empleados públicos a todos los que ahora trabajan para las compañías privadas con la consecuente gestión de personal, material, vehículos, amortizaciones y similares. Una ‘grandísima’ idea que, al final, se traduciría en más gasto, más deuda (¿legítima?) y mayores impuestos. Qué cosas. En última instancia, viva el gatopardo, todo seguirá como hasta ahora porque, ¿saben qué?, cualquier otra opción es irracional. Claro que con estos…

Donde parece que sí puede triunfar la cosa del populismo es en la creación de un parque de pisos e, incluso, de una banca pública. Nada podría hacer más feliz al sector. Mientras que el primero les permitiría sacar de su balance gastos asociados a activos adjudicados de difícil venta -en la idea de que sería el Ayuntamiento el que haría frente a los IBIs, mantenimientos, seguridad y suministros de las mismas- la segunda reduciría sustancialmente la presión social sobre su ‘maltrato’ a los más desfavorecidos, trasvase de clientes incluido. En la ruina del proyecto -remedo del desastre que supuso esas líneas ICO destinadas a los marginados del crédito- estaría su margen adicional de beneficio. Sería llevar el riesgo moral al origen y el que venga que arree con el presupuesto. Ambas iniciativas, por tanto, no sólo no castigarían a la industria bancaria sino que ésta sacaría partido de las mismas. Justo lo contrario de lo que pretenderían sus impulsores. Pero de donde no hay…

Sea como fuere y como no podría ser de otra manera, el Gobierno de la Ocurrencia de Madrid se ha encontrado con una barrera insoslayable, la de la ley. Oponerse a ella de manera arbitraria genera ruido pero da pocas nueces. Más bien al contrario. Carmena y su equipo deberían dedicarse, no tanto a deshacer lo andado por muchos a lo largo de la Historia, con más o menos acierto, sino a dejar su propia huella a través de iniciativas que respondan a su base social, dios nos pille confesados. El agravio tiene las patas muy cortas, al igual que la tergiversación. La alcaldesa es juez, condición que no ha perdido con su nombramiento. Si a alguien le corresponde un ejercicio de responsabilidad con el marco jurídico vigente es a ella. A ver si lo asume de una vez por todas y deja sus fantasías animadas de ayer y hoy. Si no, acabará paseando en porretas por el Edificio de Correos, despojada del falso hábito de revolucionaria de barrio con el que se había cubierto para conquistar el voto.

Al tiempo.

Buena semana a todos.